El Congreso de Oaxaca indagará los hechos
Denuncia legislador triqui amenazas de muerte contra él y su familia
Oaxaca, Oax., 29 de marzo. Rufino Merino Zaragoza, diputado triqui del Partido Unidad Popular -con registro estatal-, denunció que él y su familia han recibido amenazas de muerte y que en la población de La Sabana, en San Juan Copala, se pueden ver cartelones en los que se ofrece una "recompensa de 500 mil pesos" a quien lo asesine.
Al hacer uso de la tribuna, durante la sesión ordinaria de la 59 legislatura local, Merino Zaragoza dijo que esta situación "vulnera" sus garantías individuales, por lo que el también militante de la organización social Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT) pidió la solidaridad del Congreso del estado.
En respuesta, los diputados locales aprobaron un punto de acuerdo para integrar una comisión especial que se trasladará al lugar de los hechos para constatar la existencia de dichos carteles.
Acusan a los gobiernos federal y estatal de desacatar medidas cautelares de la CIDH
Los gobiernos federal y estatal no acataron las medidas cautelares que por seis meses otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Raúl Gatica Bautista, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), por lo que se violaron los tratados internacionales que México ha firmado en la materia, denunció Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), quien promovió la protección para Gatica Bautista.
Añadió que el activista tuvo que salir del estado a finales de septiembre pasado, "ante el riesgo de perder la libertad o sufrir alguna agresión física, por lo que ha vivido escondido en diversas ciudades del país" desde que la administración de José Murat Casab desalojó a simpatizantes de Gatica Bautista, quienes mantenían dos plantones en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, acción que dejó como saldo 14 detenidos y varios lesionados.
En entrevista, Santiago Reyes expuso que los abogados del Cedhapi analizan la posibilidad de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la negativa del Estado mexicano de acatar dichas medidas cautelares.
En este contexto, Dolores Villalobos Cuamatzi y José Cruz Cruz, militantes del CIPO-RFM, obtuvieron libertad bajo caución, luego de ser detenidos en septiembre de 2004, cuando elementos de diversas corporaciones policiacas los desalojaron de los plantones que mantenían en el Zócalo y en la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán, en el centro de esta ciudad.
Los activistas informaron que obtuvieron su libertad luego de pagar una fianza de 87 mil pesos cada uno, ya que fueron acusados de diversos delitos del fuero común y federal al manifestarse en la vía pública.