''Pretexto de discriminación política''
Los argumentos jurídicos y constitucionales que ocho juristas expusieron en un foro organizado por la Universidad Iberoamericana (Uia) sobre las inconsistencias detectadas en el proceso que la Procuraduría General de la República (PGR) integró para solicitar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, servirán de base para presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la eventual suspensión de los derechos políticos del mandatario.
El libro titulado López Obrador. Caso El Encino. Implicaciones constitucionales, penales y de procedimiento penal, compila las ponencias de abogados de reconocido prestigio, presentadas durante el foro organizado en la Ibero en octubre del año pasado.
Loretta Ortiz Ahlf, directora del departamento de derecho de la Uia, expuso que el caso López Obrador representa un riesgo para los derechos políticos de todos los ciudadanos y que, de concretarse el desafuero, México violaría los principios establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se comprometió a cumplir al momento de suscribirla.
Puntualizó que el proceso de desafuero no es más que ''un pretexto de discriminación política'', pues detalló que del análisis de la averiguación previa realizado por los especialistas en derecho, se demostró que no existe delito que perseguir en tanto que el presunto abuso de autoridad del que se acusa a López Obrador no tiene penalidad definida y la PGR tampoco ha demostrado que haya habido actitud dolosa.
Lo más grave es que también se atenta contra el principio de la presunción de inocencia y eso afecta los derechos políticos de todos, dijo.
A su vez, el periodista Miguel Angel Granados Chapa ponderó que el libro mencionado sintetiza los argumentos jurídicos que actualmente se debaten en torno al caso y deseó que la obra sea conocida por los diputados de la sección instructora, para que les sirva a la hora de votar. ''El asunto sirve para poner atención sobre temas cruciales'', dijo. Puntualizó que no es admisible que una persona pierda sus derechos políticos en caso de recibir un auto de formal prisión. ''Hay implicaciones que nos conciernen a todos, hay deficiencias de orden jurídico por resolver.''
Susana González G.