Regular el crecimiento urbano, empresa prioritaria de las delegaciones
La urbanización mundial y nacional se está acrecentando. En lo que toca al DF, la actividad económica y poblacional genera fuertes demandas de servicios y plantea un desafío, no sólo al gobierno central, sino a sus delegaciones políticas.
Aunque cabe subrayar que no todas siguen el mismo ritmo de crecimiento. Cada una involucra tendencias diferentes. De las 16 demarcaciones que conforman la capital, las que integran la "ciudad central" -Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez- viven una dinámica distinta, producto de la concentración. Baste decir que más de la mitad de los negocios de la capital se encuentra en ellas, ocupando Benito Juárez uno de los primeros lugares en la generación de empleos, ingresos e inversiones.
El ordenamiento urbano de tales delegaciones constituye un reto para sus autoridades, pues tienen que garantizar el desarrollo económico local sin descuidar el bienestar social y, sobre todo, sin violentar la norma. Aunque la rapidez con la que se desarrollan los acontecimientos tiende a rebasar la rigidez del marco jurídico vigente.
Así, desde el 2000 el bando 2 del GDF, propicia la construcción de vivienda en las citadas delegaciones centrales sin que exista ningún tipo de coincidencia con los planes de desarrollo urbano respectivos. Esta disposición ha provocado el crecimiento acelerado de las edificaciones, quedándole únicamente a tales administraciones la labor de supervisar obras.
Al respecto, el reto de la delegación Benito Juárez consiste en empatar los fines de dicho instrumento jurídico, tales como detener el crecimiento de la mancha urbana y conservar áreas verdes, con un Programa de Desarrollo Urbano que garantice una convivencia armónica entre los residentes y la población flotante de este territorio. Se pretende contrarrestar la proliferación de construcciones y redensificar a la población, cuya decisión resultó de una vasta consulta pública y un minucioso trabajo de equipo integrado por técnicos de Seduvi y la administración juarense.
El programa mencionado permite la construcción de vivienda con suficientes cajones de estacionamiento y una extensión mínima de 60m2 por cada departamento, en oposición a lo establecido por la norma 26 que incentivó la creación de casas habitación sin estacionamiento y de tan sólo 45m2. Dicha norma permite la construcción de edificios de seis niveles, mismos que desaparecen con la nueva propuesta que consiste en autorizar únicamente tres y cuatro pisos. También se busca que el número de casas sea proporcional a las medidas del terreno y a las proporciones de la calle en donde se encuentran, a fin de evitar hacinamiento e insuficiencia de servicios. Se persigue fortalecer la actividad económica -aunque blindando las zonas habitacionales y de valor patrimonial-, por lo que se conforman por otra parte corredores ubicados en vialidades, garantizando así una sana convivencia al interior de las colonias. De lo que se trata es de proteger las viviendas ante el desarrollo comercial avasallante, dando respuesta al clamor de la gente en el sentido de impedir la creación de negocios en el corazón de las colonias.
Se trata de crear acciones multiplicadoras a partir del programa propuesto: generar empleos, promover incentivos fiscales, elevar la plusvalía de las zonas, rescatar lugares deteriorados en términos urbanos y arraigar a los vecinos en sus lugares de residencia, ofreciéndoles calidad de vida.
Las acciones realizadas por el gobierno de Benito Juárez revelan que las administraciones locales se están convirtiendo en un laboratorio de innovaciones frente a la rigidez y obsolescencia de la normatividad e instancias de gobierno centralizadas. Por eso, es urgente promover un cambio en favor de los capitalinos y una nueva cultura de interacción entre ellos y sus autoridades inmediatas.
La disyuntiva es clara: o se ejerce una acción pública local democrática y eficaz con prioridad al desarrollo social integral o nos quedamos fuera de la modernidad.