El gas de Bolivia enciende una disputa explosiva
El meollo del conflicto es la lucha de indígenas pobres por tener más influencia en la política económica
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Residentes de El Alto, en La Paz, Bolivia, protestan en plena ciudad contra la ley de hidrocarburos, el pasado 8 de marzo FOTO Reuters
En la parte posterior de un autobús en una calle principal de El Alto -ciudad de 700 mil habitantes, que se asienta sobre una meseta situada arriba de La Paz, capital de Bolivia- han pintado con rasgos torpes, de un lado, a Osama bin Laden, y del otro, al Che Guevara. Entre los dos, las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio estallan bajo el impacto de una aeronave.
La imagen refleja el profundo sentimiento antiestadunidense -y, por extensión, antitrasnacionales y antiglobalización- prevaleciente entre muchos bolivianos. Evo Morales, líder del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), expresó la semana pasada dicho sentimiento en el llamado al presidente Carlos Mesa a ''ponerse del lado de los pobres, no de los yanquis; del pueblo, no del imperio; de los intereses nacionales, no de las trasnacionales". Elección que el presidente Mesa está poco dispuesto a hacer.
El fracaso en imponer una propuesta de ley energética, la cual establecerá el nivel de impuestos que deben pagar las compañías extranjeras de gas, ocasionó que el presidente ofreciera renunciar dos veces en dos semanas. El gas tiene enorme significado político en el país más pobre de Sudamérica. En el subsuelo boliviano hay reservas por un billón 500 mil metros cúbicos de gas natural -segundo lugar en la región-, pero nunca se ha llegado a un consenso político para explotarlas, básicamente debido a una muy difundida desconfianza hacia el capitalismo internacional.
El disgusto que generó la exportación de gas a su rival histórico, Chile, hizo caer el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003. Ahora los bloqueos y protestas callejeras organizados para obligar al gobierno a elevar la participación de utilidades de los inversionistas extranjeros en la industria del gas, podrían reclamar la vida de otro.
El presidente Mesa se ha mantenido en el poder tras pactar con líderes del Congreso la revisión acelerada de la propuesta de ley energética, la cual se había quedado flotando en la Cámara de Diputados durante seis meses. Pero el MAS, segunda fuerza en el Congreso, se negó a firmar. Morales forjó una alianza con militantes del ala izquierda y aceleró las protestas callejeras.
El meollo de la disputa es la larga lucha de una comunidad de indígenas pobres por tener más influencia sobre la política económica del país. Pero la preocupación actual es el nivel de regalías que las trasnacionales deben pagar por la explotación de las reservas de gas de Bolivia. Un referendo llevado a cabo el año pasado autorizó al gobierno a incrementar impuestos y regalías sobre la producción de hidrocarburos en 50%. Pero el gobierno de Mesa desea mantener las regalías de los nuevos campos de gas en 18%, así como introducir una escala móvil de impuestos hasta de 32% sobre la producción.
En cambio, el MAS desea incrementar la tasa a 50% y con retroactividad a los contratos existentes. El partido teme que los bajos impuestos animen a las compañías extranjeras a explotar los abundantes recursos de gas de Bolivia, en tanto dejan en la pobreza al país y a su pueblo.
El gobierno sostiene que un 50% de contribución fiscal podría ahuyentar a los inversionistas y hacer inviable el sector del gas. Una propuesta de transacción adoptada a mediados de marzo por la Cámara de Diputados fija las regalías en 18% y aplica una tasa pareja de 32% a la producción.
La propuesta está ahora a consideración del Senado. La industria del gas argumenta que las regalías bolivianas se cuentan ya entre las más altas de América Latina; sin embargo, Alejandra León, de la consultora Cambridge Energy Associates, en la ciudad de México, dice que los niveles actuales se ubican cerca del promedio.
Los inversionistas extranjeros -como Petrobras, Repsol, BP y Gas Británico- han declinado hacer comentarios oficiales hasta ver los términos finales de cualquier ley sobre energéticos. En privado consideran que un impuesto a la producción es una "contribución oculta", que en realidad corresponde a la propuesta de MAS.
Ninguno de los grandes inversionistas parece decidido a marcharse. Pero podrían quedarse en los miles de millones de dólares ya invertidos hasta que aparezcan condiciones más favorables. Hasta ahora la incertidumbre sobre las reglas del juego ha disuadido la inversión de 4 mil 400 mdd que se estima que Bolivia necesita para comercializar sus recursos de gas.
La inversión en el sector energético ha caído de 605 mdd en 1998 a 190 mdd el año pasado. Un arriesgado proyecto conjunto entre la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Shengli International -subsidiaria de Sinopec, la empresa gubernamental china- ha quedado en suspenso desde septiembre pasado.
La capacidad de Bolivia de atraer las inversiones que necesita depende de que pueda contener frenar o cooptar lo que las trasnacionales ven como impulsos hostiles y confiscatorios. Un representante de la industria trasnacional lo expone así: "Quieren matar a la gallina de los huevos de oro antes de que ponga uno".
FUENTE: EIU/INFO-E