Propone unificar los grupos policiacos y hacerlos dependientes del Ejecutivo

Análisis del Senado halla graves fallas en plan foxista de reforma judicial

Importa de EU modelo de justicia costoso e inaplicable en el contexto nacional: expertos

ANDREA BECERRIL

Hace justo un año el Senado de la República recibió un grueso paquete presidencial de reformas en materia de justicia que no ha podido votarse aún y es poco probable que se apruebe en su totalidad en este periodo de sesiones, dado que dichas enmiendas significan un cambio total del sistema penal mexicano y han sido motivo de discusión y controversias entre legisladores, especialistas, barras de abogados y defensores de derechos humanos.

Un primer análisis técnico del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República (Iilsen) resalta que entre los aspectos más polémicos de esa iniciativa -de más de 700 cuartillas- destacan la intención de unificar todos los grupos policiacos en un sola corporación, dependiente del Poder Ejecutivo. Dicho grupo se denominaría policía federal, la cual "podría actuar con fines políticos", dadas las facultades que se le confieren.

Otro punto fuertemente debatido es el cambio en el proceso judicial, con miras a instaurar los juicios orales, ya que senadores, académicos y actores políticos consideran que la intención es copiar el modelo penal estadunidense, que no es apropiado aplicar en el contexto legal y cultural del país, además de que sería muy costoso.

Un capítulo toral de la propuesta de Vicente Fox modifica la Constitución y las leyes secundarias para dar autonomía al Ministerio Público, restructurar la Procuraduría General de la República (PGR), que en adelante se llamaría "fiscalía general de la Federación" y dejaría de depender del presidente de la República.

El titular de la misma se denominaría fiscal general de la Federación y tendría que ser ratificado por el Senado de la República con la finalidad de garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público y evitar que "la trascendente facultad de ejercer la acción penal pueda politizarse al quedar bajo el mando directo del Ejecutivo".

Ese cambio es bien visto por organizaciones como la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), entre otros, aunque se resalta también que la autonomía para el Ministerio Público contrasta con la pretensión de crear un grupo que concentre todas las corporaciones policiacas y que habría de estar sujeto al poder presidencial.

En el estudio del Iilsen, que preside el senador del PRI Oscar Cantón Zetina, se precisa que del paquete de reformas de Fox, la iniciativa para conformar una nueva policía federal ha sido una de las más debatidas, ya que la pretensión es que el órgano policiaco esté bajo el mando de un comisionado que dependerá de la "secretaría del interior" -dependencia que habrá de sustituir a la actual Secretaría de Seguridad Pública- y del titular del Poder Ejecutivo.

"En términos generales, la discusión se ha centrado en la inconveniencia de otorgar autonomía funcional a la policía, bajo el supuesto de que esa unificación de los actuales cuerpos policiacos de la Federación, la capacitación y los mecanismos de control introducidos, podrían resolver los problemas orgánicos y administrativos que hoy aquejan a estas corporaciones."

Se advierte en el documento que "más allá de los defectos de la organización, la conveniencia de un modelo policial autónomo debe ser reflexionado, ya que es cuestionable que un agente de la policía federal, so pena de sanción, esté obligado a investigar un delito, aun cuando la averiguación no haya sido ordenada por un fiscal".

Sobre todo, "si se piensa que es una condición de seguridad jurídica que la denuncia se realice frente al órgano instructor y que sea éste quien, evaluando la pertinencia de hacerlo, ordene o no la investigación". En ese sentido, la iniciativa foxista plantea crear "una policía propia de un estado de emergencia, sin más control constitucional que la facultad expresa de actuar con autonomía funcional".

La observación es convergente con la apreciación de especialistas "en torno a la inconveniencia de que esta nueva policía federal dependa del Poder Ejecutivo, mientras que la fiscalía será un órgano autónomo". En ese contexto, "¿qué garantizaría que los fiscales del Ministerio Público tendrían control efectivo sobre ese cuerpo policiaco que depende orgánicamente de la autoridad presidencial?"

De hecho, "¿qué evitaría que el Ejecutivo ordenara, dadas las facultades que se asignan a la policía federal, que ésta actuara con fines políticos?"

También ha sido tema de debate la reforma al proceso judicial que da paso a los juicios orales y que implica el cambio de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, basado en el derecho de quienes están sujetos a proceso penal a ser escuchado en audiencia pública, a ser considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad -la llamada presunción de inocencia-, a ser juzgado por un juez imparcial, con la garantía de que toda confesión será libre de coacción.

A pesar de que diversas organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados y Proderecho respaldan ese cambio, "en el otro lado de la arena, importantes actores políticos y algunos académicos consideran que la propuesta entera es un desatino", debido a que es una copia del modelo de justicia de Estados Unidos, poco apropiada para el contexto cultural y legal mexicano, muy costosa, además de que los juicios orales ya existen en el país.

Por lo que toca a la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, se recomienda mejorar sustancialmente la propuesta de Fox, revisarla de manera integral, con miras a incluir los logros en materia de protección a menores de edad. Al respecto, la fracción del PRI tiene redactado un proyecto de dictamen, aunque se debe a que existía ya en el Senado una propuesta similar elaborada por legisladores de todas las fuerzas políticas.

Por ello es uno de los pocos capítulos del paquete de reforma al sistema de justicia penal mexicano -del presidente Fox- que puede aprobarse en este periodo de sesiones.

El estudio del Iilsen incluye diversas posturas, entre ellas la del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, instancia que formula diversos señalamientos críticos, entre ellos que por medio del llamado "principio de oportunidad" se pretende que tanto el fiscal como el juez penal puedan introducir excepciones a la obligación ministerial de investigar y perseguir delitos hasta lograr una sentencia o suspender el procedimiento en alguna etapa, con base en los recursos económicos disponibles.

Ello va en contra del actual sistema penal que tiene entre sus bases el principio de legalidad, en el que "ejercer acción penal es un deber" y los procesos deben concluirse, aunque se trate de delitos no graves.

A su vez, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), advierte que la propuesta de Fox dista mucho de ser un proyecto terminado y viable para solucionar los graves problemas de las instituciones penales mexicanas. "Es un buen punto de partida, pero no de llegada".

La propuesta del Ejecutivo vuelve a cometer el mismo error que ha caracterizado a los proyectos en materia de seguridad pública. "Fox como sus antecesores, erróneamente considera que es posible fortalecer y mejorar las instituciones penales por medio de reformas de corte exclusivamente legislativo" y ello puede ser el principio del "fracaso rotundo" de una reforma tan necesaria.