Carlos Fazio

La agenda oculta de Waco

Con pragmatismo, ceñido a la política de los pequeños pasos y al margen del escrutinio público, el jefe de la Casa Blanca, George W. Bush, citó en Texas, el miércoles pasado, al primer ministro canadiense, Paul Martin, y al presidente de México, Vicente Fox, para leerles la cartilla. Los contenidos de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte -el plato fuerte del almuerzo en el rancho Crawford- habían ido definiéndose desde hace más de dos años bajo el control de Washington, y los invitados sólo llegaron a avalar de manera subordinada la estrategia de Bush y del vicepresidente Dick Cheney. Estrategia gradual y de doble vía que, por un lado, busca asegurarse más petróleo y gas natural del resto del mundo y, por otro, trata de refinar la capacidad de intervención militar del Pentágono en los países productores de hidrocarburos.

El vínculo militar y energético está presente en la relación trilateral desde mucho antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Es histórico. Su primera fase, por poner una fecha arbitraria, arranca con la administración Reagan, a comienzos de los años 80, cuando Washington impulsó un mercomún energético de América del Norte. El segundo paso fue la firma del Tratado de Libre Comercio, en el que no entró el rubro energético, pero que un decenio después exhibe la acentuación de la dependencia política, económico-financiera y militar del eslabón más débil de la cadena, México, preparando el terreno para las contrarreformas "estructurales" que faltan, en particular la privatización de los recursos energéticos (petróleo, gas, electricidad y agua). Ahora el nuevo "paradigma", según ha definido la llamada Fuerza de Tarea Independiente (sic) sobre el Futuro de Norteamérica -cuyos copresidentes son el ex viceprimer ministro de Canadá John Manley, el ex secretario mexicano de Hacienda Pedro Aspe y el ex gobernador de Massachusetts William Weld-, parece ser la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad.

El "menú" del nuevo pacto, definido por la Casa Blanca con el colaboracionismo de asociaciones empresariales, burócratas y círculos intelectuales de Canadá y México, incluye seis puntos básicos de seguridad: militar, interna, energética, global, social y de acceso al agua dulce. No es casual que los puntos de la agenda definan los intereses geoestratégicos de Washington; subordinan el comercio a los asuntos de seguridad definidos en la doctrina Bush de guerra preventiva y lucha contra el "terrorismo", y persiguen una dirección única: la dominación imperial estadunidense en el siglo XXI.

En síntesis, los objetivos clave del "nuevo acuerdo" -en cuya elaboración participaron de manera activa Andrés Rozental Gutman (medio hermano de Jorge G. Castañeda, candidato sin partido a la Presidencia de México) y Thomas D'Aquino, presidente del Consejo Canadiense de Jefes de Empresas- son desarrollar mecanismos de seguridad marítima, aérea y terrestre que permitan hacer frente a cualquier "amenaza" en América del Norte; una estrategia energética basada en el incremento de la oferta para satisfacer las "necesidades" de la región (léase Estados Unidos) y facilitar inversiones en la infraestructura correspondiente para las mejoras tecnológicas, la producción y el suministro confiable de energéticos, mejorando la "cooperación" en la materia (lo que explica la campaña de "sensibilización" mediática del secretario de Energía, Fernando Elizondo, quien antes de la cita de Waco vendió a la opinión pública la idea de un Petróleos Mexicanos "al borde del abismo" para acelerar su privatización).

Canadá y México ocupan el segundo y tercer lugares como abastecedores de energía de Estados Unidos, sólo superados por Arabia Saudita, y seguidos de cerca por la Venezuela de Hugo Chávez (el nuevo Satán latinoamericano de Washington). Canadá, cuya industria energética está en manos privadas, provee a su vecino del sur petróleo convencional y gas natural, pero Washington quiere asegurarse la exclusividad de los abastecimientos de petróleo sintético de los yacimientos de arenas bituminosas -una reserva similar a la saudita-, del gas natural del Artico y el paso del petróleo de Alaska a través del territorio canadiense.

En forma complementaria, un objetivo estratégico de la política petrolera del dúo Bush-Cheney es persuadir u obligar a México, Venezuela y países productores del golfo Pérsico a que abran sus empresas estatales a la inversión multinacional privada, como quedó establecido en la reunión de Waco. En ese sentido, Bush trató de aprovechar la extrema debilidad de Fox y definió la nueva agenda, que los burócratas tratarán de rellenar ahora con regulaciones, estándares y modificaciones graduales, pequeñas pero sustanciales, de modo de ir "armonizando" la legislación mexicana con los intereses de Washington y las multinacionales del sector energético.

A diferencia de México, donde los dirigentes de los partidos políticos están entretenidos con el pleito entre Fox y Andrés Manuel López Obrador en torno al desafuero, en Canadá la reunión de Waco fue analizada desde una perspectiva que augura mayores problemas para ambos países. El jefe del Nuevo Partido Demócrata, Kack Layton, denunció una "agenda oculta" en Texas. Para otros observadores de aquel país, Bush estaba ansioso de formalizar la "alianza para la prosperidad" a fin de asegurarse que habrá un seguimiento cuando Fox sea remplazado el año próximo y Martin tenga que ir a elecciones. Según James Travers, del diario Star, de Toronto, las preocupaciones de seguridad fronteriza del jefe de la Casa Blanca se ubican en el río Bravo y no en el paralelo 49, que marca la división con Canadá. La convocatoria y preparación de la cumbre fue precipitada, escribe Travers, porque Bush buscaba "amarrar" a los futuros gobernantes mexicanos en un proceso de alto nivel, para manejar los difíciles asuntos que emergerán después de los comicios de 2006. Eso, agrega, fue logrado por Bush "casi sin costo".

A su vez, para garantizar "la producción y el suministro confiable de energéticos" en Norteamérica, los estrategas de Washington han impulsado la idea de un "perímetro exterior de seguridad", lo que coloca a Canadá y México bajo el manto militar nuclear del Comando Estadunidense de Defensa Aeroespacial, conocido como NORAD, y su extensión al Comando Norte, ambos controlados por el Pentágono, encargados de proteger de facto los suelos, mares y cielos trinacionales.

Poco antes de llegar a Texas, Martin había rechazado el "escudo misilístico" de Estados Unidos. En Waco refrendó que ese tema para Canadá "está cerrado". En el lado sur de la relación trilateral, la anuencia tácita de Fox al plan de seguridad de Bush -como advirtió en estas páginas John Saxe-Fernández- coloca al territorio nacional como blanco de cualquier contingencia bélica. Pero, además, ese proyecto, que asume a nuestro país como problema doméstico, incluye el sellamiento militar del golfo de México, desde los cabos de Florida hasta la península de Yucatán, y el corrimiento de la frontera norte al istmo de Tehuantepec para controlar el tránsito de indocumentados me-xicanos, centro y suramericanos, según el diseño original del Plan Puebla-Panamá.

En ese esquema, los lucrativos negocios del tráfico de drogas y humano en la porosa frontera mexicano-estadunidense, así como el elusivo y eficaz recurso del "terrorismo islámico" del ya mitológico Al Qaeda, incursionando desde el patio trasero del imperio con apoyo de sicarios de la Mara Salvatrucha, barones mexicanos de la droga, polleros y "subversivos" enmascarados de Tláhuac -que formó parte del round de calentamiento previo a la "cumbre", y que ocupó de manera destacada al jefe de la Agencia Central de Inteligencia, Porter Goss; a su homólogo de la Oficina Federal de Investigaciones, Robert Mueller, y al titular de Seguridad Interior, Michael Chertoff-, son simples coartadas operativas que sirven para acentuar la dependencia de México en las áreas militar y policial: es el llamado "tercer vínculo", que desde 1996 a la fecha ha colocado de manera creciente a las fuerzas armadas nacionales, no sin contradicciones, en un "perímetro de seguridad" controlado por el Pentágono, lo que es difundido con afanes propagandísticos como parte de una "defensa integral" contra el terrorismo.