Diputados priístas proponen tutelar las garantías de niños y adolescentes
Discutirá el Senado dictamen sobre ley de justicia para menores que delinquen
Establece que no serán juzgados como si fueran adultos
Congelada desde hace un año, la reforma constitucional por la que se crea un sistema especial de justicia para menores de edad se retomará la próxima semana en la Cámara de Senadores, que discutirá un proyecto de dictamen en el que se establece un nuevo marco jurídico que sanciona conductas delictivas de adolescentes, es decir, de personas de más de 12 años y menores de 18.
El tema provocó controversia en el Senado hace dos años, cuando se dio a conocer que la Comisión de Justicia presentaría una iniciativa en la materia. Se buscaron consensos, y en abril de 2004 se presentó en primera lectura el dictamen por el que se crea la ley de justicia penal para adolescentes. Sin embargo, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) retiró su apoyo al proyecto por considerar que requería de más estudio, dadas las repercusiones de juzgar a menores de edad, y la reforma no se aprobó.
Un mes antes, el presidente Vicente Fox presentó una propuesta similar que los priístas ya dictaminaron y presentarán el lunes próximo a la Comisión de Justicia, informó el senador David Jiménez.
En esta propuesta se plantean cambios de fondo. El primero es eliminar de la iniciativa el término "penal". Así, el nombre de la norma cambia a ley de administración de justicia para adolescentes, con el propósito de establecer que no se juzgará a menores como si fueran adultos.
Acerca de las sanciones, la pena máxima es la privación de la libertad, que se aplicará de manera excepcional y sólo a mayores de 14 años y menores de 18.
Los mayores de 12 y menores de 14 años "únicamente podrán ser sujetos a esta medida de seguridad, salvo en casos excepcionales, a juicio del juzgador", y serán canalizados al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Las sanciones incluyen: amonestación, apercibimiento, libertad asistida, dar servicios a la comunidad, multas, abandonar el trato con determinadas personas, restricción de asistencia a algunos lugares, prohibición de ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas y sicotrópicas, internamiento en un centro de salud pública o privada, internamiento domiciliario y prisión preventiva.
El proyecto de dictamen señala que la ley "se aplicará a toda persona mayor de 12 años y menor de 18, por la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal Federal o leyes especiales".
Precisa que es un sistema que incluye al menor infractor en la justicia penal, pero le garantiza enfrentar el proceso ante órganos de jurisdicción especializada, distintos a los que rigen en el caso de delincuentes mayores de edad, con la finalidad de que pueda reintegrarse al seno familiar y a la sociedad.
Tanto en la reforma al artículo 18 constitucional como en la ley secundaria se propone conformar fiscalías para adolescentes, encargadas de investigar delitos cometidos por menores de 18 años y mayores de 12.
La nueva ley prevé la intervención jurisdiccional de un juez de distrito especializado en justicia para adolescentes, y otorga a los menores el derecho a un defensor público federal.
Los menores infractores tendrán derecho a que el juez que dicte la resolución en su proceso revise de oficio la sanción impuesta cada seis meses, para modificarla o sustituirla por una menos gravosa, cuando proceda, siempre que el infractor cumpla con los fines de la adaptación social.
Las audiencias de los juicios contra delincuentes adolescentes deberán ser públicas, aunque podrán realizarse a puerta cerrada "cuando el Ministerio Público, la defensa o el propio menor lo soliciten al juez".
El senador Jiménez precisó que el PRI apoya el proyecto de dictamen que se discutirá el lunes para aprobar los cambios y votarlo en el pleno en este periodo de sesiones.
ENRIQUE MENDEZ
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados denunció que se ha incrementado el número de delitos que ponen en peligro la seguridad de niños y adolescentes en México, quienes son explotados en el terreno laboral con jornadas de trabajo excesivas y mal remuneradas, y mediante redes de pornografía infantil que operan en el país.
Anunció que presentará una iniciativa de reforma a la ley para la protección de los derechos de los niños y adolescentes, con el propósito de establecer la obligación de las instituciones encargadas de protegerlos de diseñar políticas públicas que eviten la explotación, secuestro y discriminación, especialmente para los que viven en la calle.
La vocera de los diputados priístas, Marcela Guerra Castillo, dijo que si bien se han logrado algunos avances en la protección de niños y adolescentes en México, todavía un gran número de ellos no puede ejercer sus derechos básicos. Esto deriva en que más de 2 millones de niños de entre cinco y 14 años no asiste a la escuela; que más de 3 millones de entre seis y 14 años trabajen, además de que casi uno de cada cinco menores de cinco años sufre retraso en su crecimiento.
"Más de 60 por ciento de los mexicanos menores de 18 años viven en condiciones de pobreza, situación que ha generado el incremento de niños de la calle y la discriminación para el uso de servicios públicos, principalmente", expuso.
El planteamiento del PRI es que la ley establezca que se atienda a los menores de edad en todos los servicios, en igualdad
de condiciones y sin sufrir discriminación por ser identificados como niños de la calle.
"Se pretende que sea obligatorio para las instituciones encargadas de proteger los derechos de los niños, diseñar y ejecutar las políticas públicas para su protección, así como crear un sistema de supervisión y seguimiento de las demandas interpuestas por los menores y adolescentes", refirió.
Guerra explicó que con la reforma a la ley se pretende dejar en claro que éstos se encuentran en situaciones especialmente difíciles en los casos de explotación sexual comercial, secuestro, tráfico o adopción ilegal, la exposición en desastres naturales, condición de embarazo en adolescentes, cuando sus madres cumplan pena carcelaria, sean refugiados, víctimas de conflictos armados y terrorismo, inmigrantes, huérfanos o abandonados.