Y se acaba por llorar
Es sabido que el momento en que la humanidad estuvo más cerca de la lucha atómica durante la guerra fría fue el de la crisis desatada cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética instalaba misiles con ojivas nucleares en Cuba, el 15 de octubre de 1962. El desenlace de esa crisis produjo el compromiso estadunidense de no repetir la invasión a Cuba, que había intentado un año antes por Playa Girón, y de retirar los cohetes Júpiter que mantenía en Turquía. Por su parte, los soviéticos retiraron sus misiles de la isla y, ante la opinión pública occidental, cargaron con la vergüenza de haber cedido ante el ultimátum yanqui.
El dramático momento produjo también una relativa mejoría en los contactos y el entendimiento entre las superpotencias, que se materializó en la instalación del famoso teléfono rojo, que permitía la comunicación directa entre los jerarcas de ambos bandos y el Tratado de Limitación de las Pruebas de Armas Nucleares de 1963. En nuestra región, en América Latina, la crisis permitió percibir el enorme peligro que implica para los débiles la tendencia de las grandes potencias militares a dirimir sus conflictos en territorio ajeno: en este caso en el Caribe, que hubiera sido, cuando menos durante los primeros minutos, el teatro de la guerra.
Esa era la idea central en la carta que el presidente Adolfo López Mateos envió a sus colegas de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador invitándolos a actuar de manera conjunta contra las armas nucleares en la región, y que condujo a la firma en 1967 del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares de América Latina, conocido también como Tratado de Tlatelolco, documento pionero y aún de los más importantes en materia de no proliferación y desarme.
Esa antigua preocupación debe ocupar de nuevo la atención del gobierno mexicano. Hay muchos elementos que inducen a pensar que se está gestando otra vez una situación en la que se pretende usar nuestro territorio como espacio para la defensa estadunidense, con todas sus riesgosas consecuencias. La siguiente serie de elementos lo demuestra.
Primero. La edición en español de 11-S. El informe. Extracto del informe final de los atentados terroristas contra Estados Unidos, producido por la Comisión Nacional de Investigación, dice en su página 212: "5.5 El nuevo enfoque de la administración. Durante sus primeros meses, la administración Bush se enfrentó a muchos otros problemas además del terrorismo. Entre éstos se encontraban el desplome del proceso de paz de Oriente Próximo y, en abril, la crisis generada por el derribo de un 'avión espía' estadunidense en territorio chino. La nueva administración también se centró concienzudamente en Rusia, en una nueva estrategia nuclear que permitiera la instalación de misiles de defensa en Europa, en México y en el Golfo Pérsico".
Segundo. El establecimiento, el primero de octubre de 2002, del Comando Norte del Departamento de Defensa con la misión específica de "conducir operaciones para disuadir, prevenir y vencer amenazas y agresiones dirigidas a Estados Unidos, sus territorios e intereses dentro del área de su responsabilidad (AoR); y, de acuerdo con las instrucciones del presidente o del secretario de Defensa, dar respaldo militar a las autoridades civiles..." El área de responsabilidad del Comando Norte incluye aire, tierra y mar que circundan Estados Unidos continental, Alaska, Canadá y México en 500 millas a su alrededor. El área de responsabilidad del Comando Norte es, para Washington, el frente interno.
Tercero. México está siendo víctima de una oscura maniobra que se vale de legisladores con limitada conciencia del interés nacional. Están armando sigilosamente, a espaldas del pueblo, una estructura legal que se acomoda a las aspiraciones de colaboración mexicana en el concepto defensivo del Comando Norte, a expensas de la condición nacional del país sin enemigos que México ha construido, a partir de un largo y accidentado ejercicio de la independencia diplomática en que ha sustentado su política exterior.
La malhadada Ley de Seguridad Nacional, y las iniciativas para modificar la Constitución y crear innecesarias y onerosas leyes para la suspensión de garantías (estado de sitio), y para la salida de tropas mexicanas al extranjero y la admisión y estacionamiento de tropas extranjeras en territorio nacional -con alguna otra sorpresa aún en gestación-, son piezas que acomodan a la perfección en el rompecabezas del sometimiento de México a los designios militares de Estados Unidos.
Cuarto. El Senado autorizó al presidente Vicente Fox a viajar a la ciudad de Waco, Texas, Estados Unidos, del 22 al 24 de este mes, donde sostendrá un encuentro con su homólogo estadunidense, George W. Bush, y el primer ministro de Canadá, Paul Martin. En su autorización el Senado "...coincide en la importancia de comunicar a nuestros socios de América del Norte el compromiso del gobierno de México para dar cauce a diversas acciones y políticas para fortalecer la seguridad regional, particularmente en relación con el terrorismo internacional". Tan obsecuente párrafo no hace otra cosa que admitir el Programa de Misiles Antibalísticos de Estados Unidos para Canadá y México.
Canadá es un aliado militar de Estados Unidos y un miembro activo de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). No es el caso de México. La mejor defensa que México puede ofrecer a Estados Unidos es la de ser un país seguro, sin enemigos y sin armas; un amante y promotor de la paz y del derecho en quien nadie vea un potencial agresor ni un adversario.
Las preocupaciones de seguridad de México no pueden ser otras que la propia y la internacional. Si se compromete en una alianza con Estados Unidos y Canadá, además de haber abdicado de su independencia diplomática y militar, será el aliado más débil y más fácil de atacar por los enemigos que hoy no tiene. Cuidado, señor Presidente, las alianzas tienen precio, hacen daño, causan penas...