"Vas a morir", le dicen a Leonel Rivero por teléfono
Nuevas amenazas contra abogado del caso Digna
En cinco años el defensor ha sido intimidado varias veces
Leonel Rivero, uno de los tres abogados que por órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuentan con protección permanente de escoltas a raíz del asesinato de Digna Ochoa (los otros son Pilar Noriega y Bárbara Zamora), recibió el 16 de marzo nuevas amenazas de muerte en su contestadora telefónica.
Se escucha una voz aparentemente infantil que, entre una retahíla de insultos, dice: "Aunque sea una niña, pero sé matar, hijo de tu perra madre... Si no me llamas vas a morir, pendejo". En poco más de 30 segundos repite tres veces: "Vas a morir". La víspera, el día 15, Rivero contestó otra llamada en la que también le dijeron: "Te vas a morir".
En los cinco últimos años el penalista -defensor de estudiantes detenidos de la huelga de la UNAM y de los campesinos de San Salvador Atenco, además de colaborar en litigios con Noriega y Ochoa- ha sufrido cíclicamente atentados y amenazas que incluyen un allanamiento en su domicilio (abril de 2000); agresión contra sus escoltas pocos días después del asesinato de Digna Ochoa; el atropellamiento de su esposa (7 marzo de 2003); amenazas de muerte telefónicas realizadas aparentemente por un adolescente, que la PGJDF se apresuró en calificar de "una broma" (octubre de 2003) y, finalmente, esta última serie de llamadas.
Ayer Rivero levantó un acta en la sexta agencia del Ministerio Público, que lleva el caso de anteriores denuncias -sin resolver todas- y denunció los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los pasados tres años la CIDH ha rechazado tres peticiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para levantar las medidas de protección a estos tres abogados.
La cancillería quiere suprimir la protección
Aún sacudido por el impacto de esta última amenaza, proferida aparentemente por una niña o una voz distorsionada, el defensor explicó que en diciembre del año pasado la cancillería insistió por tercera vez en que, como "el entorno de la defensa de derechos humanos es favorable" en el país, los abogados Noriega, Zamora y Rivero ya no precisaban las medidas cautelares que les fueron asignadas desde octubre del 2001.
Los tres defensores replicaron, en un comunicado conjunto, que no aceptarían el retiro de la protección mientras las autoridades competentes no investiguen y resuelvan las amenazas que han sufrido, ya que lo que el Ministerio Público ha hecho hasta la fecha son simples actuaciones infructuosas y no una averiguación seria y a fondo.
Ante estos hechos la CIDH resolvió no aceptar la petición del gobierno federal por falta de condiciones que garanticen su seguridad e integridad.
En una secuencia de amenazas similar a la que la abogada Ochoa vivió los últimos cinco años de su vida, de 1996 hasta su muerte, en 2001, Rivero ha sufrido los siguientes amagos y atentados:
En marzo de 2000, siendo defensor de varios estudiantes presos por la huelga de la UNAM, su casa fue allanada por desconocidos. Dos meses después fueron apedreadas las ventanas de la habitación de sus hijas. Ambas demandas fueron asentadas en Ecatepec. Nunca hubo investigación ni resultados.
En octubre de 2001, a raíz del asesinato de Digna Ochoa, la Procuraduría General de la República asignó a efectivos de la Agencia Federal de Investigación para su protección, por recomendación de la CIDH. Una mañana de abril, cuando los escoltas Alberto Burciaga e Immer Sánchez lo esperaban fuera de su domicilio, fueron agredidos por tres desconocidos. Los golpearon, les preguntaron la hora en que saldría a quien estaban esperando y finalmente los encerraron en la cajuela de su auto.
El Ministerio Público de Ecatepec se declaró incompetente y remitió el caso a la delegación metropolitana de la PGR. Uno de los agentes hizo el retrato hablado de uno de los agresores, cuyos rasgos coinciden con otro retrato hecho en la investigación de Digna Ochoa de uno de los hombres que vigilaban el edificio donde fue cometido el homicidio. Las autoridades federales, requeridas sobre el particular por la CIDH, hasta la fecha niegan la existencia de este documento.
En julio de 2002 Rivero asumió la defensa de los campesinos procesados de San Salvador Atenco. En ese contexto, el 18 de febrero de 2003 recibió otra llamada amenazante, grabada en la contestadora de su oficina.
Una voz adolescente que se hizo llamar Uriqui -personaje de un comediante de la televisión- lo insulta y le dice: "Creo que te vamos a ir a dar".
Investigadores de la sexta agencia localizaron a un joven de 14 años que vivía en el domicilio del cual salió la llamada. El chico admitió que marcó un número equivocado y que hizo "una broma de mal gusto", ya que ese día no había ido a clase.
Sin embargo, a instancias del abogado se investigó en la escuela, Colegio La Salle, cuyos directivos presentaron el control de asistencias y retardos. Ahí se determinó que el chico estaba en clases el día y hora de la amenaza.
La policía tardó más de un año en buscar nuevamente a la familia -que ya se había cambiado de domicilio- del joven para que explicara la contradicción. Tampoco realizó una fonometría de la voz, argumentando que la duración de 40 segundos de la llamada era insuficiente para realizar ese peritaje.
Antes, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, empeñada en demostrar el "suicidio simulado" de Digna Ochoa y las "autoamenazas fabricadas" por la víctima, emitió un comunicado que hizo coincidir con el aniversario luctuoso de la abogada de Misantla, afirmando que la llamada a Rivero no fue una amenaza, sino "una broma". Se decreta la no ejecución de la acción penal en este caso.
Rivero da especial importancia a este hecho porque sigue un patrón parecido al de las nuevas amenazas: un número telefónico que se puede rastrear fácilmente, la utilización de un menor -o aparente participación de un menor- en la llamada anónima.
Explica que debido al entorno político, la sexta agencia remitió el expediente a la Fiscalía Especial del Caso Digna Ochoa con una indicación: "Relevante Ochoa". La fiscal Margarita Ochoa devolvió inmediatamente el documento sin considerarlo. "Si se hubiera profundizado este elemento -opina Rivero- habría quedado sin sustento la hipótesis de que Digna fabricaba sus propias amenazas."
Quince días después de esta amenaza, a las nueve y media de la noche, en el estacionamiento de la unidad donde habitaba el abogado, un vehículo se lanzó contra la familia Rivera. La esposa, María de los Angeles Espinosa, recibió el impacto de frente. Rivera y sus escoltas lograron detener al agresor -quien dice llamarse Ernesto Macías- y fue presentado ante el Ministerio Púbico de Ecatepec.
Pocas horas después las autoridades lo dejaron en libertad sin caución, a pesar de que el hombre no presentó identificación y tenía aliento alcohólico (en el estado de México manejar en estado de embriaguez es delito). Dos meses después este individuo cometió un doble homicidio. Nunca fue detenido. El auto, sin registro, sigue a la fecha en poder de la procuraduría estatal mexiquense, que no ha logrado localizar al propietario.
En septiembre de 2004 uno de los escoltas de Rivero, Jorge Fuentes Villamar, fue asesinado cuando estaba fuera de servicio. Su cuerpo apareció con un balazo de escopeta en la cabeza, en Milpa Alta. La procuraduría capitalina adelantó la hipótesis de que se trató de un "pleito de borrachos" y el subprocurador Renato Sales ha intentado ocultar el dato sobre la labor de la víctima como guardaespaldas de Rivero.
Seis meses después vuelven las amenazas. El martes 15 de marzo Rivero contestó una llamada en su oficina. "Te vas a morir", dijo una voz, aparentemente de niño. El miércoles, minutos después de ingresar a su despacho, volvió a sonar el teléfono.
En la contestadora automática quedaron registrados, con tres minutos de diferencia, tres recados. Nuevamente la voz que simula ser infantil pide que le devuelvan la llamada. Aparentemente alguien le indica qué debe decir. El cuarto recado se torna amenazante. "No porque sea una niña no sabré matarte, ¿okey?"