Desatendió recomendaciones del Informe Del Villar
La elección del PRD, bajo las mismas reglas de 2002
Preocupaba al ex procurador el derrumbe del proyecto del partido
Una noche, a principios de marzo del año pasado, Samuel del Villar se pasaba la mano por la cara como para borrar el recuerdo de una pesadilla. ''Ahora sí tocamos fondo. Creo que esa imagen de René Bejarano (empacando los fajos de billetes de Carlos Ahumada) la voy a recordar todos los días que me quedan de vida''. Pero, curtido en la montaña rusa de la política, sonreía. Habían pasado apenas dos o tres días del estallido del videoescándalo bejaranista, otro eslabón en la cadena de la crisis del PRD.
Como de costumbre, el experto constitucionalista permanecía en su cubículo en El Colegio de México, en los rumbos del Ajusco, cuando ya todas las otras luces del plantel se habían apagado. La Jornada tenía cita para entrevistarlo, pero en la conversación volvía una y otra vez al tema que le provocaba escalofrío. Temía el derrumbe del proyecto del PRD, al que se había volcado desde 1989. Entre los ordenados alteros de papeles de su mesa de trabajo tomó un cuaderno de pastas amarillas. ''Si Rosario (Robles) no hubiera escondido esto debajo de la alfombra...'' Era el ''informe final'' de la Comisión para la Legalidad y la Transparencia del Partido de la Revolución Democrática, investigación que él presidió sobre los fraudes electorales cometidos por todas las tribus del partido en las elecciones internas de marzo de 2002.
Era una radiografía que delataba el proceso de decadencia en el que se deslizaba el partido de la izquierda mexicana; un documento que denunciaba que los dirigentes perredistas imitaban los métodos electorales de Carlos Salinas ''para defraudar el sufragio'' de la militancia.
Era un diagnóstico que advertía puntualmente la evolución de la enfermedad: ''La fragilidad de los valores y la ausencia de solidaridad democrática abre la puerta para que intereses extraños y antagónicos al partido, como gobernadores priístas o cacicazgos locales autoritarios y corruptos, utilicen a algunos miembros del partido y al emblema del sol mexicano, para encubrirse y condicionarnos a la marginalidad y la inanición''.
Era una denuncia dolorosa que señalaba a cada una de las cabezas de las corrientes, sin excepción: ''No hay una sola práctica fraudulenta denunciada por nosotros como oposición frente al otrora invencible PRI, que no se haya producido en el marco de esta elección interna del 17 de marzo''.
Con la vista en los años por venir, advertía que si en 2005 el PRD renovaba su directiva con las mismas reglas del juego que entonces, ''sería el arma suicida más eficaz para 2006''.
Llegado el día, este domingo 20 el partido del sol azteca realizó su elección interna prácticamente con los mismos estatutos que rigieron en 2002, salvo algunas reformas secundarias que, entre otras cosas, limitaron las campañas electorales ostentosas, a pesar de que anoche el presidente del partido, Leonel Godoy, afirmó que el congreso de 2004 se llevó a cabo una ''reforma profunda''.
Con todo, Samuel del Villar estuvo presente en la conferencia de prensa que culminó a las 11 de la noche el proceso electoral interno, en la que se dedicó un minuto de silencio en su memoria. Quedó pendiente, sin embargo, la recomendación que hiciera en 2002: para impedir que el PRD ''llegue a navegar en el lodo de la ilegitimidad'' habría que cumplir una agenda de reformas profundas, de rescate de sus valores éticos y replanteamiento de su desarrollo institucional.
El informe final de la llamada Comisión Del Villar fue escrito tres años antes de la exhibición en horario estelar de la televisión de actos de corrupción de la trama Ahumada-Robles-Sosamontes. Y ya entonces apuntaba que el punto de partida del problema ético-político del PRD ''es la subordinación de los valores políticos de la democracia a las ambiciones autoritarias y monetarias, conceptos de dominio del poder sobre los demás en todos los niveles''.
Nadie imaginaba entonces el soterrado duelo que actualmente desarrollan Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas de cara a la candidatura presidencial, pero ya en esa época Del Villar describió la contienda de 2002 ''a navaja libre'', una competencia en la que ''el compañero se convirtió en el enemigo a vencer con cualquier medio de autoridad o de control''.
Concluía con una recomendación: declarar nulas las elecciones que habían llevado a Robles Berlanga a la presidencia del partido y repetir el proceso interno bajo nuevas reglas racionales y transparentes. Todos los dirigentes del PRD ignoraron en ese momento el resultado de la Comisión Del Villar. Ni entonces ni ahora la conclusión del informe final fue atendida. A cuatro años del congreso nacional de Zacatecas (abril de 2001), los comicios internos de este domingo se realizaron bajo las mismas reglas del juego que en ese momento -según determinó la comisión de legalidad y transparencia- y dejaron de ofrecer a los cerca de un millón de militantes-electores y a los cien mil candidatos de toda la República garantías de transparencia e imparcialidad. En ese momento prevaleció -advirtió Del Villar- ''la lucha de las facciones por el control del aparato, la imposición de los intereses facciosos, incluso sobre los principios y valores democráticos fundacionales del partido''.
Este 20 de marzo fueron electos presidentes y secretarios generales nacional, estatales y municipales; consejeros a los tres niveles; delegados al noveno congreso ordinario y delegados a los congresos en estados y municipios. Participaron cerca de 500 mil militantes, poco más de la mitad de los que concurrieron hace tres años.
En 2002 también fueron electos dirigentes en 12 niveles, con el concurso de cien mil candidatos en el marco de una estructura electoral que se integró, ''no con criterios de profesionalismo e imparcialidad, sino con la pretensión de controlarlos por las diversas facciones políticas'', según determinó la investigación de la comisión. Aquel fue un juego que desembocó "en una gran pérdida", en el que el resultado "tendió a moverse de la autenticidad a la defraudación del sufragio".
Además de Del Villar, suscribían el informe los demás miembros de la comisión: María Teresa Juárez de Castillo, Rubén Rocha Moya y Miguel Angel Domínguez. Lleva fecha del 30 de octubre de 2002. Integrada por petición expresa de Robles Berlanga, la comisión recibió 227 expedientes de quejas y denuncias. Depurado ese primer cúmulo, se encontró sustento en 61 casos que acusaban de prácticas violatorias a 63 funcionarios, incluido el oficial mayor e integrantes del Servicio Electoral.
Los primeros días de octubre, Del Villar acudió a una sesión del Consejo Nacional del PRD, en el centro de la ciudad, con las cajas que contenían el informe. El abogado lo leyó íntegro ante los consejeros reunidos a puertas cerradas. Al impacto inicial por la conclusión del informe final, que recomendaba al consejo "desestime la validación de las elecciones, que resultaron fraudulentas", siguió una rápida operación política de los jefes de las tribus. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, responsable de aplicar las recomendaciones, y la propia Rosario Robles, asfixiaron el trabajo de la Comisión Del Villar. El cuaderno de pastas amarillas nunca circuló oficialmente. Hoy los expedientes que dan sustento a aquella investigación duermen bajo la custodia de la Fundación Heberto Castillo.
Los vacíos estatutarios que dejó el congreso de Zacatecas, bajo la presidencia partidista de la hoy gobernadora Amalia García, permanecen a la fecha. Entre las fallas del procedimiento de elecciones internas que se señalaron en 2002 se advertía el "absoluto centralismo" que permitía la definición de calendarios internos "desordenados y disfuncionales"; la prevalencia de una "estructura burocrática piramidal a partir de sus tres integrantes" que "inflamó todavía más la inseguridad jurídica" que dominó la elección y el control de las corrientes en los puestos del Servicio Electoral. Se denunciaba que la formulación del padrón electoral era para el control político clientelar, que ni siquiera la insaculación de funcionarios de casilla, la ubicación y publicación de mesas de votación o el conteo de sufragios se habían salvado de las irregularidades. En suma, la "ajuricidad" del proceso y el "fracaso rotundo" de la Comisión de Garantías y Vigilancia para dictar la improcedencia de los comicios como correspondía.
El informe incluye un párrafo demoledor: "La imitación de la legislación electoral de Carlos Salinas de Gortari y su aplicación, diseñada para defraudar el sufragio, también fue causa mayor de los problemas normativos y jurisdiccionales presentados".