En honor a la histórica lucha por el petróleo
Antes y después a la expropiación petrolera, decretada el 18 de marzo de 1938, por el general y presidente Lázaro Cárdenas, las amenazas para apropiarse de nuestros energéticos han sido combatidas por ilustres mexicanos: Manuel Bartlett Bautista, que como juez federal negó el amparo a las petroleras extranjeras, lo cual dio origen a la propia expropiación; Vicente Lombardo Toledano, quien impulsó la formación del sindicato petrolero; Heberto Castillo o José Angel Conchello. Hoy, como ayer su padre, Manuel Bartlett Díaz encabeza al grupo que desde el Senado continuamos con esta lucha. Todos han contado con el apoyo del pueblo de México, y en sus propios tiempos han mantenido la más férrea lucha en defensa del petróleo, que desde siempre han ambicionado las empresas trasnacionales.
En homenaje a ellos y a todos quienes contribuyen a que los mexicanos mantengamos la propiedad exclusiva de este bien no renovable, tuve el inmerecido honor de presentar ante el pleno del Senado, con la representación de la mayoría de mis compañeros del PRI, un proyecto de dictamen con reformas al régimen fiscal de Pemex, reconociendo que un cambio en la materia es indispensable, pero sin que el Estado pierda su exclusividad sobre los recursos energéticos, ni mucho menos comparta su propiedad con los particulares. Compartimos esta nueva etapa de la lucha en estrecha alianza con nuestros compañeros senadores del PRD, encabezados por Jesús Ortega, quienes han desarrollado su propia propuesta. Ya nos pondremos de acuerdo.
La minuta remitida por nuestros compañeros diputados fue analizada y, en nuestra calidad de cámara revisora, decidimos mantener lo mejor de su propuesta: una parte de la recaudación para el fondo de los ingresos petroleros y otra para el fondo de ingresos de las entidades federativas, del cual podrán hacer uso en caso de que las participaciones que les corresponden, y que se mantienen en la propuesta, sufran una disminución. Eliminamos el derecho sobre extracción del petróleo, porque dificulta la administración tributaria al ser su cálculo complejo y poco transparente y, sobre todo, porque no provoca el efecto que se suponía beneficiaría a Pemex; por el contrario, sólo beneficiaría a Hacienda, pero por un monto menor, ya que se compartiría la ganancia con las trasnacionales que tanto fascinan al gobierno del cambio y, claro, en detrimento del erario nacional y, en consecuencia, de los programas sociales que deberían beneficiar a los mexicanos y que al final se les regatean.
Al eliminar este derecho y modificar el derecho ordinario sobre hidrocarburos, se diseñó un esquema simplificado y transparente, que le permite a Pemex cubrir sus costos: los suficientes para operar, explotar los hidrocarburos y desarrollar las reservas. Con base en información de Pemex, para el primer año se deducirá un costo de 8 dólares por barril de crudo (incluyendo el gas asociado) y para el gas no asociado un costo de 1.6 dólares por cada mil pies cúbicos. Para los años subsiguientes, Pemex deberá presentar a la Secretaría de Hacienda el costo unitario de cada hidrocarburo, acompañado de un estudio que justifique su propuesta y que será auditado por la Auditoría Superior de la Federación. Así, la liquidez inmediata y el aumento de sus recursos económicos le permitirán a Pemex obtener financiamiento en mejores condiciones, lo que le dará certidumbre y una mayor flexibilidad para la programación de proyectos a largo plazo.
Una vez que Pemex asegure esos recursos, al remanente se le aplicará sólo el derecho ordinario sobre hidrocarburos; así, la hacienda pública obtendrá los ingresos necesarios para cumplir los programas de la Federación. Y no hay que olvidar que la Secretaría de Hacienda, continuará recaudando el IEPS a gasolinas, con la diferencia de que a éste ya no se le aplicará el derecho ordinario como actualmente sucede, y que aquí cancela la práctica nociva de aplicar un impuesto sobre otro impuesto, en perjuicio de Pemex. Además, se eliminó de la minuta la propuesta de exentar el 2 por ciento por la quema de gas, ya que no obstante que Hacienda cobra por ello, Pemex quema 5 por ciento, lo que le cuesta más de 300 millones de dólares anuales a la nación.
Otro aspecto importante considerado fue asegurar que al asignarse mayores recursos para Pemex no serán destinados exclusivamente a la extracción irracional de los recursos petroleros, como ahora se hace, por lo que se limita su extracción a 3 millones 500 mil barriles diarios, hasta en tanto no se repongan las reservas probadas en 100 por ciento; al respecto, cabe mencionar que actualmente Pemex sólo repone esas reservas hasta por 15 por ciento anual. Porque de no establecerse límites al ritmo actual de extracción, el próximo gobierno federal enfrentará una grave declinación en la producción, que lo dejaría sin recursos petroleros y con una gran crisis financiera.
Finalmente, celebro que la Secretaría de Energía muestre interés en estudiar la propuesta, la que recién presentada nos solicitó, a diferencia de Pemex, que obtuvo por métodos poco claros una versión muy preliminar. Le enviaremos la definitiva, y si tiene disposición para alcanzar consensos, ya presentará sus observaciones completas. Nosotros tendremos la mejor disposición... siempre y cuando dejen su obsesión privatizadora y vean por los intereses de México.