El ganador heredará un partido en crisis financiera y lenta recuperación moral

El PRD elige hoy al sucesor de Godoy

Incidentes en Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Tamaulipas en vísperas del proceso comicial

La del presidente saliente, gestión de claroscuros, sostienen representantes de IDN y Redir

RENATO DAVALOS

El PRD designará hoy entre Leonel Cota Montaño y Camilo Valenzuela Fierro a su séptimo presidente nacional. El ganador conducirá el partido en la elección presidencial de 2006 y sucederá a Leonel Godoy, quien tras una gestión de 19 meses dejó en la impunidad a los responsables del enorme endeudamiento que comprometió las finanzas partidistas por al menos un lustro.

El líder saliente también deja pendiente el asunto de las tribus, que continuaron operando como grupos de presión, preocupadas más en el cuoteo del poder que en el desarrollo institucional partidista.

Fue una administración de "claroscuros", coincidieron Izquierda Democrática Nacional (IDN) y la Red de Izquierda Revolucionaria (Redir), dos de las corrientes que confluyen en el sol azteca; esta última en el escenario de hoy, pues uno de sus integrantes, Camilo Valenzuela Fierro, aspira a la directiva nacional, en unos comicios ensombrecidos por los incidentes de ayer en Oaxaca y Tabasco, donde anoche se suspendió la elección para renovar la directiva estatal, además del peligro respectivo en Yucatán y los percances en Tamaulipas.

Quiebra técnica financiera, videoescándalos y crisis moral, proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, un 2004 electoral de grandes pérdidas, el diferendo entre los dos principales liderazgos partidistas (el titular del GDF y Cuauhtémoc Cárdenas) y la reanimación por los recientes triunfos en Baja California Sur y Guerrero resumen una gestión que hoy culmina a poco más de un mes de los 16 años perredistas.

Entre el endeudamiento y la fractura

Godoy asumió la presidencia perredista el 10 de agosto de 2003, un día después de que Rosario Robles Berlanga renunció en una circunstancia que planteó al PRD una crisis de liderazgo, la cual se resolvió tras 32 horas de negociaciones cerradas, con un discurso en el que el hoy dirigente saliente prometió un ''pacto'' unificador entre las expresiones partidistas.

Según el Organo Central de Fiscalización (OCF), Robles dejaba al partido con una deuda de 650 millones de pesos, cifra que se corrigió por un ''sobredimensionamiento'', como señaló el propio OCF en la reunión del Consejo Nacional de finales de 2003, para quedar en 409 millones de pesos.

En el peor año de su historia -2004-, el perredismo hizo frente, desde el primer trimestre, al asunto de los videoescándalos, que le significó una profunda crisis de identidad, como definió su Consejo Nacional, que se reunió entonces de urgencia en Morelia, tras conocer los videos de Gustavo Ponce, René Bejarano y Carlos Imaz. ''Fuera corruptos'', exigió entonces Cuauhtémoc Cárdenas.

Sin embargo, transcurrieron las semanas y se conocieron los trasfondos de los videos y los encuentros en el Hotel Continental de Diego Fernández de Cevallos y los abogados de Carlos Ahumada y José Luis Valles, integrante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como las conversaciones del presidente Vicente Fox con el titular de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, en el contexto de la demanda de desafuero contra López Obrador a cargo de la Procuraduría General de la República por el predio de El Encino.

Además estuvieron las revelaciones del empresario argentino Carlos Ahumada hechas en Cuba, en las que involucró al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y al secretario de Gobernación, Santiago Creel, en un proceso que terminó de unificar al perredismo en torno a este asunto.

En el ámbito interno, los perredistas sortearon el problema al decidir la salida de René Bejarano el mismo día que se dio a conocer el video con Ahumada. Cuando se enteraron de que el dictamen apuntaba a la expulsión, Rosario Robles y Ramón Sosamontes anticiparon su salida de las filas partidistas.

Tres semanas después de los videos, en el congreso nacional Cárdenas exigió la renuncia del comité ejecutivo para permitir a Godoy la restructuración de los órganos de dirección, pero éste respondió que no se convertiría en un "dictadorzuelo". Prometía en su mensaje el "fin de las corrientes", que nunca cristalizó.

Entonces se desató una vorágine que culminó con la renuncia de Cárdenas a todos sus cargos partidistas, el lagrimeo de Godoy, quien también ofreció su dimisión, y la inspirada solicitud de Gerardo Fernández Noroña a los congresistas pidiendo un voto de censura contra La Jornada por haber publicado la declaración de Godoy, quien días después se disculparía con Cárdenas por la ''expresión desafortunada''.

La crisis de corrupción llevó a varios congresistas a demandar la aplicación del informe de Samuel del Villar, quien exigía la repetición de los comicios y una refundación partidista para rescatarlo de las prácticas clientelares propias de la peor etapa del salinismo, según señalaba el documento del ex procurador capitalino.

En cambio, Godoy cabildeó la creación de una Comisión Anticorrupción que despertó esperanzas de que fueran castigados los responsables del endeudamiento que dejó el roblismo.

La comisión trabajó durante algunos meses con el liderazgo de Jaime Cárdenas, quien finalmente renunció en noviembre pasado, con el argumento de que había muchos pretextos para citar, entre otros, al gobernador Lázaro Cárdenas Batel y a la propia Rosario Robles.

En las sesiones del Consejo Nacional efectuadas en mayo estalló la crisis financiera, cuando el OCF finalmente dio a conocer un informe parcial del resultado de la auditoría, en el que se detalló el "desorden descomunal" de las finanzas de Robles.

No pocas voces perredistas, como la de José Antonio Rueda, denunciaron que Carlos Navarrete, secretario general saliente, fue responsable del endeudamiento "por omisión". Incluso, por norma estatutaria, dijo Rueda, buena parte de los créditos no procedían sin el conocimiento de Navarrete.

En la administración saliente nunca se explicaron cabalmente las condiciones en que operó Ramón Zebadúa, responsable financiero de Robles, sin tener un cargo en el organigrama perredista.

Un largo proceso negociador con los acreedores condenó al PRD a pagar por varios años al menos 110 millones de pesos anuales por el servicio de la deuda. La circunstancia financiera perredista derivó inclusive el año pasado en juicios de embargo de activos partidistas por varios proveedores, como Dicoplen, Abastecimiento Continental, Universal Dexo y Querumen, entre otros.

2004, año perdido

En el ámbito electoral, la condición perredista y el efecto de los videoescándalos, junto con la postulación de Maricarmen Ramírez, esposa del ahora ex gobernador tlaxcalteca Alfonso Sánchez Anaya, se reflejaron en magros resultados. Ramírez fue la candidata por una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pese a la oposición partidista.

Pero un nuevo escollo derivó en otra crisis con la designación de José Guadarrama como candidato a gobernador en Hidalgo, pese al cuestionamiento de los mismos perredistas, por las órdenes de aprehensión que pesaban sobre el abanderado por presunto homicidio de integrantes del sol azteca, cometido en sus tiempos de priísta. Guadarrama impuso su candidatura con el apoyo de los chuchos y fue arrasado en los pasados comicios de febrero por el priísta Miguel Angel Osorio.

El saldo electoral de 2004 reflejó que de las 10 gubernaturas en contienda apenas pudo refrendar Zacatecas y perdió Tlaxcala. Los resultados llevaron a que el Consejo Nacional obligara a Godoy a terminar con las alianzas con el panismo que se acordaron en Chihuahua, Oaxaca y Veracruz. La preferencia electoral del PRD a nivel nacional cayó a 17.1 por ciento.

La circunstancia viró en el inicio del 2005, con el triunfo aplastante del perredismo en Guerrero, que llevó a Zeferino Torreblanca a la gubernatura y derrotó, por primera vez en la historia, a uno de los cacicazgos priístas más recalcitrantes. También refrendó la gubernatura en Baja California Sur, con Narciso Agúndez.

Con la perspectiva de triunfo en el 2006 y la unidad en torno al desafuero, que "sólo posterga pero no resuelve los problemas", como reconoce el propio Godoy, los perredistas van a las urnas por el séptimo dirigente en su historia de 16 años.