Editorial
La estatización petrolera, más necesaria que nunca
En el 67 aniversario de la nacionalización del petróleo hay un coro que exige la participación en Petróleos Mexicanos (Pemex) del capital privado en los sectores donde más se produce valor agregado. Eso cuando el petróleo es cada vez más caro y producirlo es un negocio para el Estado, pues un barril cuesta cerca de tres dólares y se vende a casi 40, y porque de los impuestos de Pemex sale la financiación de un tercio del presupuesto nacional. ¿Cuál compañía petrolera privada pagaría al Estado, en concepto de impuestos, 75 por ciento de sus ingresos totales, 110 por ciento de sus utilidades antes de impuestos? Privatizarlo equivaldría a provocar el derrumbe del Estado nacional; mantener la ficción de la estatización de la compañía, pero conceder a los capitales privados los sectores productivos, sería darles el control real del petróleo mexicano y de la economía nacional, atentando contra la independencia del país.
Pemex es la compañía petrolera más endeudada del mundo; lo es por el saqueo que ha sufrido durante los gobiernos priístas y durante el gobierno actual que, con sus exportaciones desmedidas impuestas por Estados Unidos, redujo en cuatro años la mitad de las reservas probadas, las cuales, de mantenerse el actual nivel de producción, durarían ahora sólo 11 años. Pemex ha sido también depredada por la corrupción de sus dirigentes pasados, aliados con una dirección sindical priísta, la de Carlos Romero Deschamps, que se cuenta entre las más corruptas del aparato de la Confederación de Trabajadores de México. Dicho sea de paso, el presidente Fox que declaró en su momento querer encarcelar a ese líder acaba de aliarse con él para abrir "con discreción y audacia", según palabras del líder petrolero, nuevos caminos a la intervención de los capitales trasnacionales en Pemex.
La compañía estatal, que es vital para México, puede ser saneada y salvada si el gobierno dejase de ordeñarla y promoviese, en cambio, el de-sarrollo industrial que las políticas neoliberales condenan, así como el cobro de los impuestos al nivel de los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que los grandes capitales no pagan. Puede eliminarse las deudas con transparencia en las compras y en las inversiones, y al dejar de exportar sobre todo crudo pueden salvarse miles de millones mediante la democratización de la empresa y del sindicato, y la condena de los corruptos que son a la vez charros, parlamentarios priístas y aliados del gobierno del Partido Acción Nacional. Con los precios del petróleo en ascenso y ante el papel estratégico de este recurso nacional, Pemex más que nunca debe ser estatal y debe funcionar sin reforzar la corrupción y la antidemocracia, sino en forma plenamente transparente.
Los necios se enojan con el espejo que refleja lo que hacen y pretenden cubrirlo o romperlo. Los antidemocráticos no toleran que lo que hacen a escondidas sea informado al ciudadano, como es deber de todo periodista, y quieren intimidar a quienes los muestran al desnudo. Por eso en Estados Unidos los comunicadores están ahora en pie de guerra contra el gobierno, que ha exigido a una profesional destacada que revele sus fuentes, y hay un proyecto de ley por el cual el reportero podría ser obligado a hacerlo, so pena de cárcel, lo cual impediría en el futuro entrevistas o informaciones confidenciales, o sea cerraría una fuente esencial para controlar a los poderosos e informar a la opinión pública.
La amenaza a nuestros reporteros que cubren las actividades en la Cámara de Diputados y la agresión verbal y física sufrida por nuestro compañero Roberto Garduño son intolerables. Reflejan la persistencia en el diputado Emilio Chuayffet Chemor y en el personal por él escogido de un espíritu en contraste total con la ley y la democracia. Ante el revuelo causado en su partido por la noticia de La Jornada sobre una reunión desconocida por sus correligionarios y dirigida a facilitar el desafuero de López Obrador, Chuayffet y su gente reaccionaron creyendo que la cámara era un vulgar salón del Far West y amenazaron a quien había sólo informado sobre esa reunión.
A la agresión verbal y física, y a la exigencia de que el reportero violase la ética del oficio y sus derechos revelando sus fuentes, se añade ahora la amenaza de un proceso judicial, para intimidar a nuestro diario y a toda la prensa. Cualquier ciudadano tiene el derecho indiscutible de no estar de acuerdo con una información y de dar su propia versión sobre el hecho que la motiva. Pero debe hacerlo respetando el derecho ajeno, sin violencia, aclarando o inclusive desmintiendo la noticia. Nadie tiene derecho en cambio a considerarse intocable, por encima de la crítica.
El delito de lesa majestad es ridículo y aberrante en una democracia. Los lectores tienen derecho a ser informados. Nuestro deber, como periodistas, es informarles. Y no toleraremos que los compañeros que cumplen con ese deber sean intimidados o perseguidos, porque no podemos tolerar un atentado a la democracia, la cual no puede existir con una prensa amordazada o cortesana.