Denuncian amenazas de muerte del líder regional cetemista

Vecinos de Chalco pedirán a diputados intervenir en conflicto por drenaje

RENE RAMON Y LAURA POY CORRESPONSAL Y REPORTERA

Chalco, Mex., 15 de marzo. Habitantes del poblado La Candelaria Tlapala, anunciaron que acudirán este miércoles a la Cámara de Diputados para solicitar la intervención de los legisladores federales en el conflicto que sostienen con la empresa constructora Sadasi por la introducción del sistema de drenaje en el conjunto habitacional El Alamo, luego del violento enfrentamiento que protagonizaron contra un grupo de choque de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, solicitó a las autoridades estatales y municipales cese la violencia contra esta comunidad, e integrar de inmediato una comisión de mediación, con el propósito de coadyuvar en la construcción de un diálogo entre ambas partes.

Héctor Guzmán Laguna, representante de los campesinos inconformes de Cocotitlán y Chalco, señaló que éstos determinaron recurrir al Congreso de la Unión, ante la presión y las amenazas de muerte que han recibido de parte del dirigente regional de la CTM, Adelfo Toledano García.

Al conocer que la constructora presentó una demanda contra quien resulte responsable por lesiones, robo y daño en propiedad ajena, Guzmán Laguna dijo que sus representados también reúnen las pruebas necesarias para presentar denuncias penales contra el consorcio y los integrantes de la CTM que participaron en la agresión.

Al respecto, el alcalde de Chalco, Jaime Espejel Lazcano, señaló que el ayuntamiento se mantendrá pendiente, ya que hay un clima de tensión en la comunidad de Tlapala, y aunque reconoció que la constructora cuenta con los permisos correspondientes para introducir el sistema de drenaje en más de siete mil casas del conjunto habitacional referido, señaló que el gobierno municipal tiene la "obligación de estar con el pueblo que fue agredido".

Espejel Lazcano indicó que es inadmisible que se pretenda intimidar a los habitantes de esa comunidad, por lo que solicitó la intervención del gobierno del estado de México para solucionar este conflicto. Sin embargo, comentó que se trata de un problema muy complejo, ya que por un lado está el derecho natural de los campesinos a defender sus tierras por tradición y, por el otro, los permisos legales que obtuvo la empresa hace dos años.

En la ciudad de México, Isabel Uriarte, coordinadora del Programa de Defensa Integral del Centro Pro, destacó que las autoridades administrativas, municipales y estatales, pueden incurrir en "violación por omisión" si privilegian los intereses económicos de la inmobiliaria al "derecho legal de estas comunidades a ser informadas sobre el posible impacto ambiental y social que puede generar la construcción de miles de viviendas en esa zona, donde han luchado por preservar su entorno".

La defensora de derechos humanos, informó que la comisión estatal ya comenzó una denuncia para dar seguimiento al caso y atender las quejas de los habitantes de las comunidades afectadas. No obstante, agregó, que el Centro Pro "seguirá atentó de las acciones que emprendan las autoridades locales y estatales para resolver de forma pacífica este conflicto".

Uriarte afirmó que es evidente la violación al derecho a la información de los pueblos asentados cerca de ese desarrollo habitacional, ya que no fueron consultados sobre el posible impacto ambiental y temen que pueda generarse un importante desabasto de agua potable para diversas comunidades.

Entre los pobladores de Tlapala circuló la versión de que ya habían 10 órdenes de aprehensión contra campesinos que participaron en la trifulca del pasado lunes, lo que calificaron de acto de intimidación a su movimiento.