Acusan al juez tercero de favorecer al gobierno y a empresarios que compraron 204 hectáreas
Impugnan en NL expropiación hecha por CSG
Monterrey, NL, 15 de marzo. Campesinos del ejido San Nicolás, municipio de Escobedo, acusaron al juez tercero de distrito en materia administrativa, Eduardo Ochoa Torres, de actuar parcialmente en favor del gobierno federal y de los empresarios que resultaron beneficiados con la expropiación de 204 hectáreas que efectuó, el 28 de marzo de 1990, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, supuestamente para desarrollar un proyecto de "utilidad pública" y de "beneficio social", que derivó en el establecimiento de grandes centros comerciales y fraccionamientos residenciales.
Señalaron que al resolver en definitiva sobre el recurso de amparo 1020/2003, que promovieron contra el acto expropiatorio, el juez Ochoa Torres acordó sobreseer el juicio de garantías porque "llegó al convencimiento de que la parte quejosa incurrió en contumacia al no exhibir la publicación de edictos ordenada, lo que impide cumplir con un presupuesto procesal y hace que el juzgador no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional".
Sergio Garza Elizondo, asesor de los quejosos, dijo que les fue imposible publicar el aviso al "tercero perjudicado" -la empresa Constructora Miralomas-, que compró 24 hectáreas, porque la gente que empezó esta lucha por recuperar sus tierras no tiene dinero para sepultar a sus muertos, menos para pagar los 64 mil pesos que cuesta una publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Agregó que al no cumplirse los objetivos de la expropiación, como era la construcción de un parque ecológico, un hospital de especialidades y una central de autobuses, debió revocarse el acto en un término de cinco años, además de que la enajenación de los predios se ordenó en el municipio de San Nicolás de los Garza y se ejecutó en el de Escobedo, lo que la hace nula de origen.
Recordó que luego de ser expropiadas, las 204 hectáreas fueron cedidas al gobierno del estado durante el mandato de Jorge Treviño Martínez, cuando se procedió a enajenar gran parte de dichas tierras a través del Fideicomiso Centro Urbano Norte, que supuestamente se constituyó para realizar los proyectos de interés social, sin que éstos se hayan concretado 14 años después. Mencionó que la única obra de interés público que se realizó fue el edificio del Consejo Tutelar de Menores, pero estimó que sobre dicho proyecto debe prevalecer el interés de los ejidatarios.
Expuso que en febrero de 1991, en una junta del fideicomiso, Alberto Ortiz Certucha, entonces secretario estatal de Desarrollo Urbano y Ecología, propuso -y se aceptó- la venta de un polígono de 24 hectáreas a la Constructora Miralomas, otras 106 se vendieron al desarrollador inmobiliario Eudelio Garza Lozano, mientras 25 se enajenaron al constructor Carlos Ayala Luna. Garza Elizondo comentó que este viernes presentarán el recurso de revisión contra la resolución del juez Ochoa Torres, para ver si efectivamente "vivimos en un estado de derecho".