Pide en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU leyes antiterrorismo más fuertes
Toda recomendación de relatores es atendida en México, según Olamendi
Ginebra, 15 de marzo. El gobierno del presidente Vicente Fox está convencido de que "la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos no son retórica", sino que deben ser instrumentados cotidianamente para garantizar el bienestar, expresó la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Olamendi, ante el 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Declaró que el objetivo gubernamental es "construir una política que vaya más allá de un ciclo de gobierno, que permita a todos conocer y defender sus derechos, y que el aparato gubernamental esté a su servicio y promoción.
"Hoy podemos decir que estamos en el camino", expresó, y agregó: "México atiende cada día las recomendaciones de los relatores que han visitado al país".
Se refirió a unas 400 recomendaciones que cerca de una docena de relatores especiales y expertos de grupos de trabajo han puesto sobre la mesa al gobierno de Vicente Fox. Así, se tiene aún un abultado portafolio de pendientes con los relatores especiales sobre tortura (1997); efectos nocivos para el goce de los derechos humanos en el traslado y vertimiento ilícito de productos y desechos tóxicos y peligrosos (1998); sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (1999); sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (1997); sobre la independencia de magistrados y abogados (2001); migrantes (2001); vivienda adecuada (2002); sobre los derechos humanos y las garantías fundamentales de los indígenas (2003), así como con el representante especial del secretario general de la ONU para las personas desplazadas (2002) y el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria (2003).
En conjunto, los organismos de derechos humanos se preocupan por la situación en México con el mismo ímpetu de antes de que el gobierno tomara la decisión de ratificar la mayoría de los instrumentos internacionales. Le dan seguimiento constante a las decisiones oficiales para la adecuación de las recomendaciones que han emitido los relatores especiales y los grupos de trabajo, según se hace evidente en las referencias al país en los informes de relatores especiales y grupos de trabajo ya distribuidos para el debate interactivo en la comisión.
Algunos relatores especiales, como el dedicado al derecho a la libertad de opinión y expresión -junto con el grupo de trabajo sobre desapariciones y ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas o involuntarias; el relator especial sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y el representante especial del secretario general de la ONU para la Promoción y Protección de los Defensores de Derechos Humanos- manifestaron en sus informes del año la serie de inquietudes respecto a situaciones anómalas en el país.
Organizaciones no gubernamentales declararon "presuntuosa" la declaración de que todas las recomendaciones y sugerencias son atendidas. Reconocieron que si bien México ha hecho trascendentales avances, incluyendo la apertura de una oficina especial y la elaboración de un programa nacional, de ninguna manera puede ser excusa para desatender lo faltante, que "sigue siendo mucho".
Legislación más fuerte
Después de refrendar el compromiso de México contra el terrorismo, Olamendi señaló que el país se pronuncia por el establecimiento de leyes "más fuertes" contra quienes forman parte de ese flagelo internacional.
Planteó su preocupación por garantizar el respeto a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y se pronunció por impedir a los terroristas "que lesionen el sistema internacional de protección de los derechos humanos", y por que a escala global "apliquemos la justicia y los terroristas reciban el castigo por sus actos: los queremos en la cárceles".
Olamendi convocó a responder con "la estricta aplicación de la ley, frente a la barbarie e intolerancia" del terrorismo.
Asimismo, demandó a los 186 países miembros de ese organismo internacional que se adhieran a la firma de la Convención sobre los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, tras considerar que el fenómeno de la migración, ocasionado por el "injusto orden económico internacional que mantiene a millones de seres humanos al margen del desarrollo", es mundial y afecta a las personas que están en la búsqueda de mejores oportunidades laborales.
Tras destacar que el trabajo de los migrantes beneficia también a las sociedades que los reciben, consideró que es prioritario garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes buscan mejores condiciones de vida fuera de su país, independientemente de su calidad migratoria.
En mensaje de cinco cuartillas enfatizó que México está de acuerdo en los cambios que deben orientarse al sistema de la ONU en su conjunto para asegurar la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en todas las labores del organismo. Y a escala regional -dijo-, más de 500 millones de habitantes del hemisferio demandan de los gobiernos de América Latina y el Caribe, acciones en favor de la no discriminación, del combate a la tortura, contra la trata de personas, la violencia contra la mujer y la puesta en marcha de políticas y leyes que garanticen el respeto a esos derechos.