La necesidad de un permiso resquebrajaría al país, argumentaron los magistrados
Ratifica la Corte facultad de la SCT para construir carreteras sin aval de los estados
Bloquea Mariano Azuela iniciativa para que los congresos publiquen leyes vetadas
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, bloqueó ayer la aprobación de un dictamen que sentaría un precedente histórico al facultar a los congresos estatales o federal a promulgar y publicar una ley en el Diario Oficial cuando el Ejecutivo se niegue a hacerlo después de haber ejercido su derecho a veto, y que una vez devuelto el dictamen a los legisladores éstos lo ratifiquen por mayoría de dos terceras partes.
Por otra parte, el máximo tribunal del país convalidó ayer (por 7 votos contra 4) la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir carreteras de jurisdicción federal sin el permiso previo de los congresos locales. El argumento de la mayoría fue que, de establecerse la necesidad de un permiso previo de las legislaturas de los estados, ello "resquebrajaría o dividiría" al país.
Por lo que respecta a la controversia constitucional 78/2003 promovida por el gobernador de Aguascalientes en contra del Congreso local, pese a que sus 10 compañeros del pleno habían apoyado el proyecto presentado por la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, Azuela, sin ofrecer mayores argumentos que el de exhortar a sus compañeros "a que reflexionen sobre la trascendencia del asunto", se negó a someter a votación el dictamen en el que se da la razón a los diputados y se ratifica la constitucionalidad del Decreto 101 que faculta al Congreso a promulgar una ley o decreto, cuando el gobernador se niegue a hacerlo.
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano señaló que el decreto impugnado tenía una razón de ser, particularmente en momentos de "crisis constitucional", cuando el Ejecutivo federal "bloquea" la aplicación de una ley que ya pasó por todo un proceso legislativo. Asimismo, dejó en claro que "cuando los poderes no colaboran entre sí", el problema se debe "desbloquear" y si la Corte tiene en sus manos convalidar acciones como la que aprobaron los legisladores de Aguascalientes, entonces la iniciativa debe ser apoyada.
Inclusive, los ministros recordaron que con este tipo de leyes se evitarían casos como el del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, quien se negó a publicar en su totalidad el Código Financiero del Distrito Federal; o el caso de Aguascalientes que el gobernador se negó a publicar una ley, o cuando en Nayarit, el Ejecutivo local se negó a publicar el presupuesto anual.
Sin embargo, Azuela insistió en que tenía sus dudas sobre la bondad de la ley impugnada, sobre todo porque en el dictamen se hace referencia a una "división de poderes flexible", cuando la Constitución federal habla de una estricta separación de poderes.
Y cuestionó: "Me preocupa que cuando haya veto el Ejecutivo recurra al Congreso y éste sea el que tenga la última palabra para publicar una ley, y que en cambio, el Ejecutivo no tenga ningún recurso a su favor. En este caso, ¿no permitiríamos una predominancia del Congreso sobre el Ejecutivo?, además de que abriríamos la puerta para que el Congreso pudiera actuar arbitrariamente al expedir una ley aún sin contar con las dos terceras partes de los votos requerida por la ley", insistió.
"Hay que buscar el equilibrio entre los dos poderes", sostuvo el ministro presidente. Finalmente, prevaleció el criterio de Azuela y el asunto se listó para ser discutido el próximo jueves.
En lo que se refiere a la controversia constitucional 23/2003 promovida por Chihuahua contra el Ejecutivo federal en el que demandó la invalidez del oficio SCT.637.100.034/2003, el pleno decidió por mayoría de siete votos contra cuatro que los estados están imposibilitados legalmente para impedir la construcción de una carretera federal por su territorio.
En este tenor, los ministros ordenaron al gobierno de Chihuahua que retire una caseta de peaje que había instalado en el tramo de la carretera Parral-Jiménez, toda vez que la ampliación que hizo la autoridad local en esa carretera federal no le daba derecho a imponer un cobro fiscal local.
En la discusión quedó en minoría la argumentación de los ministros Genaro Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza, quienes consideraban que este asunto era de gran trascendencia para el sistema federal, ya que toda porción de territorio que cedan los estados, "por pequeña que sea", a la Federación -para caminos, carreteras, vías férreas, etcétera-, debe contar con el consentimiento expreso del Congreso local.