Usted está aquí: miércoles 16 de marzo de 2005 Política Fincarán juicios penales a funcionarios foxistas por mal uso de recursos públicos

ASF: el gobierno no solventó el gasto de $34 mil 400 millones correspondientes a 2001

Fincarán juicios penales a funcionarios foxistas por mal uso de recursos públicos

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

En su primer año de gobierno, la administración de Vicente Fox Quesada no logró solventar el gasto de 34 mil 400 millones de pesos, y por esa razón la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fincará procedimientos penales y administrativos a los funcionarios federales responsables del mal uso de recursos públicos.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de revisión de la Cuenta Pública 2001, donde se revela que la gestión financiera del foxismo "no se ajusta a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos ni se han cumplido los objetivos contenidos en los programas que expresamente fueron observados".

Durante la sesión del órgano legislativo, 16 diputados de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia votaron en favor del dictamen, y por el contrario siete panistas y un priísta rechazaron el contenido. El documento elaborado por un grupo especial de trabajo encabezado por el perredista Guillermo Huízar se envió a la mesa directiva en San Lázaro, con objeto de agendarlo y someterlo al pleno camaral antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones.

Huízar manifestó que la tardanza en la aprobación del dictamen "debe constituir un elemento de autocrítica" para la Cámara de Diputados, y desglosó el contenido de las irregularidades:

"Partamos de la base de que las observaciones originales constituyeron un total de 339 mil millones de pesos, cifra que representó 26 por ciento del gasto total; de ellos están solventados 89 por ciento, y queda por solventar 11 por ciento, que equivale a 34 mil 400 millones de pesos".

-En qué áreas está pendiente la solventación -se le preguntó.

-Esta cantidad se encuentra de manera prioritaria por el asunto del Fobaproa-IPAB, donde la ASF sustenta jurídicamente que hay una cantidad muy importante de pagarés que no se debieron incorporar al Fobaproa. La otra parte es el fideicomiso conocido como ISOSA, que aún sigue pendiente de resolverse en la Suprema Corte, para que el órgano fiscalizador tenga facultades de revisar con detalle las operaciones incluidas en este fideicomiso.

Uno de los huecos en los egresos del foxismo en 2001 correspondieron a las millonarias cantidades de recursos destinados a la compra de créditos a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte y que, en opinión de la ASF, no debían contemplarse en el IPAB. El diputado perredista adujo que el órgano fiscalizador aguardará a la resolución de la Corte, con objeto de continuar las investigaciones sobre el particular y aplicar las sanciones correspondientes.

"Esto fue observado, dado que eran créditos relacionados, esto quiere decir que estaban a cargo de accionistas o socios de los bancos o eran evidentemente incobrables. En consecuencia, la ASF los observó, sin embargo, los bancos interpusieron recursos legales que provocan que este asunto esté sub judice (sujeto a juicio) ante las autoridades jurisdiccionales, que quiere decir que aún no hay una resolución de la Suprema Corte."

-A cuánto ascienden las irregularidades relacionadas con el IPAB...

-Aproximadamente a 4 mil millones de pesos. En el caso de ISOSA existe una controversia constitucional que se ventila en la Corte. Confiamos en que se dé un fallo en favor de la ASF para transparentar el manejo de los recursos de ese fideicomiso.

 
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