Tareas inconclusas
La construcción de un orden democrático pasa y pasará por intensos conflictos y desajustes en la trama política de la cual ha partido el país para la aventura de la sociedad abierta. Tanto en la economía como en la política, los grupos dirigentes de entonces y de ahora se entregaron a hipótesis ingenuas sobre las virtudes y promesas del mercado y la competencia, y de una sociedad donde había privado la competencia imperfecta se pasó a una donde lo que amenaza imponerse es la incompetencia perfecta.
Desde hace algunos años se advirtió sobre el cúmulo de tareas no hechas o pospuestas, so pretexto de no quedarse atrás en el vuelco del mundo que arrancó con la caída del Muro de Berlín y se aceleró con el desplome de la Unión Soviética. Los portentosos saltos en las ventas foráneas, se decía y se dice, no sólo no pueden mantener sus espectaculares ritmos de crecimiento, sino que no serán capaces de trasladar al interior de la economía nacional sus ganancias mientras no se recomponga el tejido productivo roto por las crisis y la apertura vertiginosa de las barreras comerciales, decidida en un minuto y realizada en otro y sobre las rodillas. Y lo mismo puede decirse de la política y sus indudables mutaciones en dirección de la democracia.
En toda sociedad de masas, es indispensable contar con centros de referencia institucional definidos constitucionalmente, para darle al conflicto y la confrontación, que son inherentes a las formaciones complejas, un horizonte y un cauce conocido por todos y, de entrada, respetados igualmente por todos los actores involucrados en la disputa por el poder. También es indispensable que esos centros referenciales, como los congresos y los ejecutivos del caso, respondan a una legalidad expresa y abierta al cambio por conducto de la legalidad misma. De otra suerte, como lo hemos experimentado en estos años primeros de la democracia, todo se presenta como sin sentido y al borde del caos, llevando a los ciudadanos al alejamiento del proceso político formal, a la enajenación respecto del código republicano, y a buscar justicia y satisfacción por propia mano.
No es concebible una sociedad abierta ni una economía globalizada sin sistemas de información y de comunicación dinámicos, dispuestos al cambio y diseñados e implantados para favorecer la inclusión social y política, sin que las diferencias económicas decidan la entrada de las personas o los grupos sociales a dichos sistemas. Para la competencia económica y política, para darle al riesgo una cobertura y una racionalidad congruente con las grandes definiciones de la economía política que se quiere construir, en nuestro caso una economía abierta y de mercado y una política plural y competitiva, democrática, el oligopolio informativo y el secreto burocrático son letales y no hacen otra cosa que distorsionar los reflejos de los que toman las decisiones y participan en la lucha por el poder. Y es esto lo que ocurre hoy en México, sometido a la dictadura de un duopolio mediático y al control de la información primaria que aún ejerce la Secretaría de Hacienda por conducto del INEGI, a pesar de los notables avances registrados por este organismo desde su creación.
En cada uno de estos renglones anotados de modo genérico, es factible descubrir una tarea legislativa inconclusa o apenas iniciada. Una de ellas, de indudable relevancia por los conflictos a que su ausencia ha dado lugar, es la legislación sobre el Presupuesto de Egresos y los impuestos, así como el llamado régimen fiscal de Pemex. Otra, al parecer de nuevo archivada por la obsecuencia y el miedo de los legisladores a las empresas de la información y sus personeros, es la ley de medios y sus derivados o conexiones con el conjunto de las comunicaciones.
Sin una buena legislación en materia de responsabilidad fiscal no se avanzará en materia de recursos públicos, y la contienda por las migajas y la renta petrolera se comerá expectativas y posibilidades de avance material y social. Sin someter al orden republicano al monopolio electrónico, que se asienta en la televisión privada y se extiende a la radio y las publicaciones, la democracia seguirá en estado latente y epidérmico, mientras el poder y su ejercicio se cubren de opacidad burocrática y se encaminan por el curso de una oligarquía irresponsable y distante del interés nacional.
Mientras llega el mesías disfrazado de sucesión presidencial, bien podrían nuestros diputados y senadores apurar el paso para dejarnos un gobierno que pueda gobernar. Seguir en esta posposición sin fin de empeños, indispensables para el buen gobierno del Estado, como parece que puede ocurrir con la legislación fiscal o de los medios, no es hacer política, sino aceptar la complicidad con el desmantelamiento de la economía pública nacional y con la desnaturalización de un orden democrático nonato.
Y el 6 de julio de 2006 no puede ser el agua bendita de los pecadores de hoy. Tratar de rebasar a la sociedad plebeya por la derecha es más que aventura de confabulados. Pero para contenerla se requiere de una Constitución capaz de suscitar la lealtad de los ciudadanos cuya paciencia y participación hicieron posible las transformaciones de finales del siglo XX, sin haber recibido aún la compensación ofrecida. Desatenderlos todavía más, con el pretexto del cálculo electoral o el petate del muerto del "México bronco", es jugar con fuego... y estamos llenos de piromaniacos.