Partido sin candados... entrega del país
La 18 Asamblea Nacional del PRI, realizada en noviembre de 2001, fue la primera organizada desde la oposición, en la que 11 mil 700 delegados reflexionamos sobre las causas que propiciaron la pérdida de la Presidencia de la República luego de más de 70 años de ejercicio en el poder. La evolución de la sociedad hacia un sistema de mayor pluralidad, a la que se le plantearon otras opciones de gobierno, dio paso a la alternancia en el poder. Quedaba claro que el electorado reprochaba al PRI su alejamiento del idea-rio político identificado con las causas más justas de la sociedad. Era y es indispensable la revisión de los principios y valores que fortalezcan el vínculo del PRI con sus orígenes, que son, al final, los que le mantienen cerca de los intereses de su electorado.
Bajo estas premisas fue que en la 18 asamblea se modificaron la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, documentos básicos en los que el PRI establece el proyecto de nación y determina las políticas públicas con las que se compromete a ponerlo en práctica. Las modificaciones se incorporaron también a la plataforma electoral -registrada ante el IFE- y los candidatos a puestos de elección popular asumieron y promovieron la defensa de las causas de las clases menos favorecidas y de los intereses de los mexicanos, recobrando parte de la confianza perdida, que hasta ahora se reflejó en logros electorales por encima de las expectativas.
La defensa de los recursos naturales propiedad de la nación, en particular de los energéticos, fue uno de los principales mandatos derivados de aquella asamblea, que en el numeral 36 de la Declaración de Principios estableció que "el petróleo y la energía eléctrica como industrias estratégicas deben seguir siendo propiedad de la nación. Sostenemos la plena potestad de ésta sobre nuestros recursos naturales, sobre el agua...".
Asimismo, en el Programa de Acción fue contundente al señalar en su numeral nueve que "la disponibilidad y el suministro confiable de energía representan una piedra angular para nuestro desarrollo y crecimiento económico sostenido. La Constitución General de la República establece que los hidrocarburos son propiedad de la nación y reserva al Estado la responsabilidad de su explotación, transformación y distribución, así como la de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica cuando tiene el carácter de prestación de servicio público. El PRI se pronuncia por la defensa a lo establecido en los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna en materia energética, y que los organismos responsables de estas actividades, Pemex y CFE, deben ser fortalecidos y operados con eficiencia para el desarrollo y beneficio de la nación."
Así, en cumplimiento de ese mandato, y no obstante los reiterados ataques y presiones ejercidos por el gobierno del cambio para obtener manos libres en la entrega de los energéticos a las trasnacionales, fue que acudimos a todos los medios para frenarlos, desde la denuncia y las controversias constitucionales, hasta las demandas judiciales hoy en curso, logrando resistir apenas el embate, ya que la vergonzosa impunidad con que se desempeñan ha impulsado la entrada por la puerta trasera de capitales extranjeros y nacionales a las áreas estratégicas reservadas en exclusiva al Estado.
La lucha, sin embargo, va más allá de lo que se establece en los documentos básicos del PRI y se basa en la defensa del proyecto de nación, que se desprende de los postulados constitucionales. Por ello, resulta por demás lamentable que en el 76 aniversario del PRI, en la 19 asamblea, los delegados, en su mayoría impuestos por el presidente del partido, rehuyeran el debate de altura que México merece, y que, bajo consigna, se manifestaran en contra de los principios constitucionales, tratando de descalificar con adjetivos el peso de los argumentos. La realidad los ha colocado en su lugar.
El propósito real, que hoy intentan ocultar, es la modificación de la ruta histórica sobre la que los mexicanos hemos construido el país, y quitan los candados para dejar las puertas abiertas para que terminen de entrar los capitales que nada aportan y sí saquean a la nación. Pareciera que la dirigencia del PRI intenta prescindir de valores fundamentales, aunque ahí continúan, tercos, el 27 y el 28 constitucionales. Entendemos, pero rechazamos, la búsqueda de la ganancia fácil y el poder por el poder mismo, que revelan al impulsar reformas estructurales ampliamente rechazadas, una y otra vez, por la mayoría de la sociedad mexicana.
Este es el nuevo e inconcebible PRI, con el que se empeñan en destruir las conquistas históricas y en el que se diluyen la responsabilidad de la lucha por la justicia social y el compromiso para abatir los profundos rezagos e inequidades existentes. Olvidan que quienes hemos dado la batalla en contra de nuestros adversarios políticos -la ultraderecha que privilegia los intereses extranjeros- la seguiremos dando en contra de quienes intenten fortalecer esos intereses de grupo. También olvidan -craso error- que si persisten en vulnerar la Constitución, la sociedad retirará el voto de confianza que nos había dado. No lo lograrán: ya contamos con leyes que permitirán hacer crecer a Pemex de nuevo, reteniendo la renta petrolera, para también hacer crecer el desarrollo nacional.