Empleados de Bancomext piden frenar jubilaciones millonarias
Niega Hacienda que Gil cobre pensión en Banco de México
La Secretaría de Hacienda desmintió ayer por la tarde que su titular, Francisco Gil Díaz, cobre una pensión de 141 mil 619 pesos al mes en el Banco de México, como lo afirmó el miércoles el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya. No hubo mayor comentario.
Sin embargo, Alfredo Castro Escudero, secretario de relaciones laborales del Sindicato Nacional Unico y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), dijo que frente a las escandalosas pensiones que perciben ex presidentes de la República y ex directores del Banco de México, denunciadas por el legislador, es necesario revisar el sistema y poner un tope a esos ingresos, que irritan a la población sumida en el desempleo y la pobreza.
En el caso de las empresas paraestatales y la banca de desarrollo, que incluye a Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Bancomext, la Secretaría de Hacienda reconoció que la calidad y confiabilidad de la información es variable.
Informes oficiales señalan que las prestaciones que tienen los directores generales de la banca de desarrollo incluyen un crédito hipotecario después de cinco años de trabajo; apoyo para comprar automóvil; gastos médicos; un automóvil y dos choferes; teléfonos celulares, y derecho a una membresía en un club deportivo, así como gastos de representación. También una pensión después de 20 años de trabajo y 55 años de edad que, como mínimo, puede ser de 60 mil pesos mensuales.
En Nafin, 72% para pensiones
Reportes internos de Nafin, cabeza de sector de la banca de desarrollo, señalan que al cierre de diciembre de 2004 existían mil 412 jubilados, contra 882 trabajadores en activo. El gasto que se destina a las pensiones representa 72 por ciento de su presupuesto, lo cual significa una enorme presión para sus finanzas.
Una situación similar a la planteada por el diputado Miguel Alonso Raya enfrentó en 1999 José Angel Gurría, secretario de Hacienda del presidente Ernesto Zedillo. Después del escándalo que se suscitó durante una de sus comparecencias en la Cámara de Diputados, decidió donar su pensión de Nafin en partes iguales a dos organizaciones no lucrativas dedicadas a apoyar a niños con parálisis cerebral y a mujeres con cáncer mamario y cervicouterino (APAC y RETO), respectivamente. La decisión de Gurría ocurrió después de una serie de investigaciones de una comisión legislativa que se formó, como resultado de la acusación hecha por el entonces diputado independiente Marcelo Ebrard, en el sentido de que se había jubilado al margen de la reglamentación de Nafin.
El representante sindical Castro Escudero afirmó que desde el punto de vista ético y moral las altas pensiones que reciben los directores de la banca de desarrollo son inaceptables, sobre todo porque en el pasado reciente ese manejo llevó a la quiebra al Banco Nacional de Crédito Rural.
Dijo que en esa institución hubo grandes hoyos y al finalizar tenía un trabajador activo por cada jubilado. Pero insistió: "No es lo mismo una jubilación de un empleado a una de los directores de las instituciones". El problema se debe analizar con seriedad, pero en lo que no hay duda es en el hecho de que las grandes pensiones deben ser revisadas y ponerles un tope.
En el caso de Bancomext, precisó, la situación es diferente porque en los años 90 se formó un fideicomiso que beneficia a todos los trabajadores. Se ha manejado de manera óptima y se encarga de las pensiones y de los servicios médicos. Estos últimos representan una carga importante, y por eso en otras instituciones hay problemas. Esa sería una opción para la banca de desarrollo, precisó.
Indicadores de Hacienda establecen que en el caso del sector paraestatal sólo se tiene información de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), que cuentan con 247 mil empleados. Los trabajadores de Pemex no cotizan al Seguro Social, tienen un sistema de pensiones independiente y la empresa otorga servicios de salud con una infraestructura propia. En el caso de los trabajadores de CFE y LFC éstos sí cotizan en el Seguro Social, pero tienen un sistema de pensiones complementario al del IMSS y reciben los servicios médicos del instituto.