Suly Ponce Prieto, una de los 190 funcionarios de Juárez acusados de negligentes
Formal prisión a ex fiscal de feminicidios
La indiciada, libre bajo fianza; el delito que se le imputa no es considerado grave
Ampliar la imagen Madres de j�es asesinadas en Ciudad Ju�z, durante una reuni�n las oficinas de Gobernaci�on la comisionada Guadalupe Morf� en noviembre de 2003FOTO Guillermo Sologuren
Ciudad Juarez, Chih., 9 de marzo. Un juez dictó auto de formal prisión a la fiscal encargada de investigar homicidios de mujeres entre 1999 y 2001, Suly Ponce Prieto, acusada de abuso de autoridad por actuar con negligencia en la integración de 47 expedientes de feminicidios. La ex funcionaria salió libre bajo fianza.
Ponce Prieto fue señalada por la fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR), María López Urbina, como una de los 190 funcionarios y ex funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte investigados por actitudes negligentes en el esclarecimiento de homicidios de mujeres en esta ciudad fronteriza.
La también ex directora de la Oficina Estatal de Gobernación en Ciudad Juárez no fue detenida porque se presentó a declarar la semana pasada con un amparo, y al definirse este miércoles su situación jurídica, el juez otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza, en virtud de que el delito del que se le acusa no es considerado grave.
La decisión del juez séptimo de lo penal, José Ontiveros Mariscal, fue apelada por el abogado Salvador Urbina Quiroz, encargado de la defensa de la ex fiscal.
En la primera comparecencia, Suly Ponce Prieto se reservó el derecho a declarar y solicitó que se ampliara de 72 a 144 horas el plazo para aportar pruebas que demostraran su inocencia.
La defensa explicó que planean solicitar un careo con María López Urbina, así como la comparecencia de los ex procuradores Jesús José Solís Silva y Arturo González Rascón, con el propósito de demostrar las condiciones en que trabajaba su representada, y la falta de recursos materiales y económicos, razón por la cual no integró los expedientes de manera adecuada.
Dijo que con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Ley Orgánica de los Ministerios Públicos, los dos ex procuradores y seis ex subprocuradores también tendrían responsabilidad en el caso, ya que tenían la obligación de revisar los expedientes de los diversos casos.
Urbina Quiroz precisó que "existen intereses oscuros entre la Procuraduría de Justicia del estado y la PGR, por conducto de la fiscal federal, para que no sean involucrados altos funcionarios y ex funcionarios".