Además, desconocen el Código de Procedimientos Penales en la materia: subprocuradora
PGJDF: agentes del MP se niegan a reconocer legalidad de abortos
Se documenta una queja contra servidores públicos que presuntamente convencieron a una mujer de desistirse de interrumpir la gestación, informa Margarita Espina Barrón
La subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Margarita Espina Barrón, informó que existe resistencia de los agentes del Ministerio Público (MP) a la aplicación del Código de Procedimientos Penales en materia de interrupción legal del embarazo.
Además, dijo, existe desconocimiento del acuerdo emitido por la procuraduría capitalina, que establece los lineamientos de cómo debe actuar el MP cuando una mujer opta por interrumpir el embarazo, en casos de violación, malformaciones congénitas o inseminación artificial no consentida, causales por las que el aborto es legal en el DF.
Al participar en el foro Un gobierno comprometido con las mujeres. Avances y Resultados 2004, Espina Barrón indicó que la subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Bárbara Yllán, documenta actualmente una queja que, de tener lugar, estaría por transferirle, a propósito de servidores públicos que convencieron de desistirse, "a una víctima que había solicitado la posibilidad de interrumpir la gestación".
De formalizarse la queja se actuará en consecuencia, dijo la funcionaria, quien agregó que el gobierno local no va a permitir situaciones de ese tipo; "sería una incongruencia absoluta, y por supuesto que actuaremos".
Indicó que aunque los casos han comenzado a llegar ante el Ministerio Público, los agentes han mostrado poca sensibilidad ante este tipo de peticiones. Explicó que muchos desconocen las reformas legales y la normatividad en lo que se refiere a la interrupción legal del embarazo, por lo cual "se está trabajando mucho en eso, pues a veces no se actúa con dolo sino que es una cuestión cultural derivada del desconocimiento de las reformas penales".
Insta Rosales Esteva a denunciar
Al respecto, la directora del Instituto de las Mujeres, Luz Rosales Esteva, precisó que funcionarios de la PGJDF no hicieron los trámites necesarios en el caso de una mujer que, apegándose a la ley, solicitó que le fuera interrumpido el embarazo. Indicó que al hacer pública la denuncia, la subprocuradora Espino Barrón actúa de manera responsable, y constituye además una exigencia a los funcionarios que por desconocimiento de la ley no cumplen con su deber.
La titular de Inmujeres dijo que cualquier irregularidad debe ser denunciada, como se denunció "lo que pasó en Tijuana", en referencia al caso de la adolescente de 14 años que quedó embarazada tras sufrir una violación, pero le fue negado el derecho a interrumpir la gestación.
Por su parte, Angel González, coordinador de Desarrollo Sectorial de la Secretaría de Salud local, dijo que durante 2004 se presentaron 41 solicitudes de interrupción legal del embarazo, de las cuales 15 fueron por violación.
Durante el foro, el secretario de Desarrollo Social capitalino, Marcelo Ebrard, se expresó en favor de un nuevo pacto fiscal con la Federación, para que se regrese al DF una proporción similar al promedio nacional, en los recursos fiscales. El funcionario dijo que todos los programas sociales del gobierno capitalino se podrían financiar a largo plazo si se replantea la política fiscal, ya que el DF sólo recibe siete centavo por cada peso que aporta a la Federación.