La demanda, del diputado chileno Sergio Aguiló
Nueva querella contra Pinochet y su ministro del Interior
Santiago, 9 de marzo. Augusto Pinochet y el senador vitalicio derechista Sergio Fernández, ministro del Interior del régimen militar entre 1978 y 1982, enfrentaban hoy una nueva querella criminal por los presuntos delitos de secuestro calificado, aplicación de tortura y asociación ilícita.
La demanda judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago fue presentada por el diputado Sergio Aguiló, del oficialista Partido Socialista, quien afirmó que fue detenido el 4 de diciembre de 1981 y se le sometió a tormentos durante los 10 días que se extendió su arresto.
Afirmó que el entonces ministro supo de su paradero y se negó a dar información al respecto a sus familiares.
Puntualizó que Fernández, actual parlamentario por la Unión Demócrata Independiente, en su calidad de titular del Interior firmó la orden de su detención seis días después de ocurrida mediante decreto exento con el número 3508, por lo que el arresto fue ilegal y constituyó un secuestro.
En su querella asentó que tampoco fue acogido un amparo que presentó entonces, y que todo eso fue un procedimiento habitual de la dictadura militar (1973-1990), del que Fernández formó parte dentro de todo un "engranaje" con la Central Nacional de Inteligencia, la policía política de la represión, por lo que es responsable política y penalmente de las torturas, detenciones y desapariciones de la época.
La denuncia de Aguiló se suma a un primer libelo de diciembre pasado en que se acusaba a Pinochet y a Fernández por este tipo de hechos, y a una petición del 23 de febrero de desafuero del parlamentario para que sea investigado judicialmente.
Fernández, quien dice tener "la conciencia tranquila" y ha admitido su responsabilidad "política" como funcionario del pinochetismo, pero no los cargos penales, es el tercer ex ministro de la dictadura involucrado en procesos judiciales luego que el juez Juan Guzmán Tapia sometió recientemente a proceso a otros dos ex militares de la misma cartera, César Benavides y Enrique Montero, en relación a desaparecidos por la Operación Colombo.
En tanto, la Corte de Apelaciones acogió una orden de no innovar de querellantes en el criminal caso caravana de la muerte, en torno a las ejecuciones de 75 presos políticos en los años 70, con lo que se paralizó el cierre del sumario de esa causa a cargo de Guzmán Tapia.