Aumentan las protestas luego que el Congreso rechazó la renuncia del presidente
Carlos Mesa "alista un estado de sitio" en Bolivia, acusa el líder opositor Evo Morales
Anuncia el mandatario juicios y eventual detención de quienes cometan actos sediciosos
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Mientras el l�r campesino Felipe Quispe y el diputado y dirigente cocalero Evo Morales celebran en La Paz la unidad de sus organizaciones, mujeres ind�nas mastican hojas de coca en Cochabamba despu�de 15 d� de marchas contra la prohibici�e sus cultivos ancestrales FOTOS Reuters y Ap
La Paz, 9 de marzo. El líder opositor Evo Morales denunció hoy que el gobierno del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, "alista un estado de sitio" para contener las protestas campesinas que este miércoles recrudecieron, luego que el Congreso ratificó al mandatario en el cargo y se anunció un acuerdo que podría cambiar el texto de una polémica ley de hidrocarburos.
Previamente, Mesa anunció que aplicará "la apertura de investigación, juicio y eventual detención de quienes están cometiendo actos sediciosos, delitos y vulnerando los derechos ajenos al interrumpir el libre tráfico en el país" altiplánico, luego de haber convocado para este jueves a manifestaciones contra los bloqueos.
El presidente "está preparando un estado de sitio y, quien sabe, un autogolpe", acusó el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), primera fuerza política de Bolivia, en un encuentro con la prensa extranjera.
El líder campesino cocalero criticó al gobernante por disponer la "penalización" de la protesta, que consiste en enviar a los tribunales a manifestantes aprehendidos en situación de bloqueo de rutas, en momentos en que la policía identificó 37 puntos de conflictos en diversos puntos del país.
Sin embargo, "el movimiento indígena originario va a romper ese estado de sitio o golpe de Estado", advirtió Morales, quien ordenó la intensificación del cierre de rutas en el centro del país en demanda de la aprobación de una ley petrolera nacionalista.
Dijo que sólo levantará las medidas de fuerza si el Congreso expide una legislación que garantice 50 por ciento de los ingresos derivados de la producción de hidrocarburos para el tesoro público.
La Cámara de Diputados discute hace cinco meses el proyecto, pero tras el acuerdo político alcanzado el martes para ratificar a Mesa, el cual no aceptó el MAS, podría actualizar el texto.
Actualmente, el pago de regalías de las trasnacionales es de 18 por ciento, y Mesa asegura que la negativa a elevar las regalías unilateralmente hasta 50 por ciento busca "garantizar inversión y seguridad jurídica".
El mandatario insistió en que la aprobación de la polémica ley impulsará una "verdadera explosión de despegue económico" en los próximos tres años, cuando los opositores insisten en que la presentación de su renuncia el domingo fue en realidad una jugada para ganar fuerza política, desbancar a Morales e impulsar un acuerdo para lograr un texto nuevo de la ley.
El gobernante propugna mantener 18 por ciento de regalías y crear un impuesto complementario a los hidrocarburos de 32 por ciento. La oposición rechaza este punto en el entendido que 32 por ciento de impuestos es "compensable y acreditable", afirmó el diputado Santos Ramírez, presidente de la comisión congresal de Desarrollo Económico.
Con la fórmula de la oposición, Bolivia recaudaría unos 700 millones de dólares, de un negocio petrolero actual de mil 400 millones, en tanto que con la propuesta del gobierno éste obtendría apenas la mitad, debido a que los impuestos son susceptibles de descuentos y devoluciones, señaló.
Los resultados de un referendo vinculante realizado en julio pasado ordena, entre otros puntos, que se "cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando a 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país".
Como respuesta a la alianza de Mesa para lograr aprobar su propuesta de legislación petrolera, Morales se alió con el sindicalista Jaime Solares, el líder campesino Felipe Quispe y una organización de vecinos, para oponerse a "la oligarquía y las transnacionales que representa el presidente Mesa".
Morales, Solares y Quispe, quienes suscribieron este miércoles un documento de "unidad nacional", promovieron la rebelión popular que precipitó la caída del empresario y presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003.
Luego del pacto intersindical, las organizaciones campesinas y de cultivadores de coca radicalizaron sus medidas de fuerza y cerraron las rutas bolivianas a Perú y Chile, como también la principal carretera del país.
Las vías que unen La Paz con el sur peruano y el norte de Chile quedaron bloqueadas cerca del mediodía por indígenas aymarás liderados por Quispe, mientras que las que conducen al Desaguadero (en el límite con Perú) y a la frontera con Chile estaban bloqueadas con piedra y escombros.
Cocaleros afines a Morales cortaban en puntos estratégicos un tramo de 200 kilómetros de la vía que traviesa el Chapare y une a Cochabamba con Santa Cruz.
Los bloqueos campesinos permanecían en tanto invariables desde la semana pasada en los caminos que conducen a la ciudad de Sucre, aislada del resto del país.
Para los analistas políticos, el presidente Mesa hizo una jugada arriesgada al presentar su renuncia, porque temía una desbandada de empresas y una situación de ingobernabilidad, y salió fortalecido y con su popularidad renovada, lo que "bloqueó" al diputado Evo Morales.