La izquierda para los bancos asentados en México
La convención bancaria regaló definiciones maravillosas. La primera fue de ocho columnas: un presidente de izquierda no es problema para la banca. Otra de igual impacto fue que los actuales dueños de los bancos, prácticamente todos extranjeros, los compraron después del Fobaproa, de modo que ese no es su problema. La tercera es de antología: tras presumir el extraordinario repunte del crédito, usando las tasas de crecimiento anual, el banco central les puso en su lugar: se parten de saldos tan reducidos que las tasas de crecimiento de los créditos no es importante. Lo que importa es comparar los saldos vigentes con el producto interno bruto y, así medido el crédito, con todo y tasas de crecimiento como no se habían visto en lustros, es francamente pírrico.
Entrando de lleno a la polémica sobre la sucesión presidencial, tanto el presidente saliente de la Asociación de Bancos, director general de Banamex, como el presidente entrante, director general de Santander, ambos directores de bancos extranjeros, señalaron que no les preocupa quién sea elegido. Lo que importa es que la elección ocurra en los marcos institucionales. Siendo así, la llegada de un izquierdista, es decir, de López Obrador, puede ser garantía de un mayor avance en las reformas pendientes. El razonamiento de los banqueros es preciso: los márgenes de maniobra de cualquier gobernante son tan reducidos que, independientemente de ideologías, todos terminan haciendo lo mismo. El ejemplo de Lula es elocuente.
El planteo de los banqueros extranjeros dueños de los grandes bancos que dominan el mercado en México contrasta con lo que hace años plantearon los banqueros mexicanos inventados por la privatización salinista. Tanto Antonio del Valle, importante accionista de Bital, como Roberto Hernández, de Banamex, advirtieron que elegir a Cárdenas, en un caso para gobernar al país y en el otro para gobernar la ciudad de México, significaba entrar a una situación caótica. Para los nuevos capitanes bancarios lo central es aceptar los ''lineamientos de una economía de mercado con responsabilidad social''. Esto quiere decir aceptar que el gobierno se aleje de las tentaciones intervencionistas que funcionaron en los años 1950-1980. En el sector bancario se trata de los tiempos de los cajones selectivos de crédito, del encaje legal y de las tasas obligatorias activas y pasivas.
A estas prácticas la ortodoxia dominante le llama ''represión financiera''. Lo que ocurrió en la época salinista, antes de la privatización, fue la ''liberación'' del sector. La nueva legislación retiró los controles administrativos decididos en la propuesta de política económica gubernamental, permitiendo que los propios bancos decidieran todo lo relativo a su función de intermediación. La remuneración a quienes depositan sus recursos en la banca, los instrumentos a ofrecer para captar, el uso de este dinero, es decir, el crédito o cualquier inversión en el mercado de dinero. Esto abrió la puerta para que los administradores bancarios inundaran la economía de créditos, llevados por una euforia sin fundamento, o bien para que asustados por la crisis de 1994-95 contrajeran el crédito a mínimos escandalosos.
En la operación, además, se permitió que los bancos decidieran las comisiones cobradas por sus servicios. Bajo la hipótesis de que la competencia limitaría los cobros, el resultado ha sido que los bancos privados que operan en México, casi todos filiales de bancos extranjeros, cobren por sus servicios varias veces más que en los países de origen y que en otras naciones en las que operan. El tema es tan grosero que el gobernador del banco central reiteradamente ha señalado que las comisiones son excesivas y que debieran ubicarse en los niveles promedio con que los propios bancos operan en conjunto. Esta ''libertad'' es la que tendría que respetar un presidente izquierdista.
El tema del Fobaproa es sintomático. Los banqueros aceptan que hubo prácticas irregulares, pero como ocurrieron antes de que ellos compraran, no les incumbe. Se trata del famoso ''¿y yo por qué?'', precedido de la ''aceptación'' de un izquierdista, lo que obviamente implica una oferta para negociar: ''te aceptamos, pero elimina el reclamo de limpiar verdaderamente el Fobaproa''. El saldo de 733 mil millones y los intereses que genera a las tasas acordadas no debiera discutirse. Para los banqueros hay que ver hacia delante. Si la izquierda es ''inteligente y moderna'', como la española y la brasileña, debe aceptar las leyes del mercado, cumplir con los compromisos derivados del Fobaproa y, por supuesto, antes que cumplir con los reclamos sociales, atender a los acreedores internos y externos y, si queda, ampliar el programa Oportunidades.