Reconocer fallo de la CIJ podría cambiar la situación de 51 mexicanos condenados
Bush, correcto por razones equivocadas, al aceptar que se revisen penas de muerte
Amnistía Internacional cuestiona razones del presidente para asumir la determinación
Nueva York, 9 de marzo. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos a menos que así lo determine, cuando desee, el inquilino de la Casa Blanca.
La CIJ falló el año pasado que el gobierno de Texas violó la Convención de Viena sobre derechos consulares de 51 mexicanos, y le ordenó revisar estos casos. El gobierno de George W. Bush instruyó el 28 de febrero a tribunales estatales de Texas para que concedan nuevas audiencias a los 51 mexicanos condenados a muerte, en apego al fallo de la corte que provocó asombro, confusión y especulaciones en los dos países.
El argumento esencial de la Casa Blanca establece que el presidente es el único que determina cuándo y cómo se reconoce un fallo de la CIJ y, en este caso, decidió apegarse a la resolución sólo porque el mandatario determinó que es en "interés de Estados Unidos" hacerlo; no es porque esta nación acepte subordinarse a la corte. Además, establece que sólo el presidente, y no los tribunales estadunidenses, determina cuándo y cómo Estados Unidos debe cumplir el derecho internacional.
La decisión de Bush "fue correcta por razones equivocadas", consideró William F. Shulz, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. "El hecho de que el presidente sugiera que tiene la autoridad unilateral de escoger cuándo va a cumplir o no Estados Unidos estos compromisos demuestra una negligencia flagrante de los derechos de todo individuo a una plena revisión judicial", subrayó.
Aunque algunos funcionarios mexicanos y observadores consideraron que esta decisión fue un paso extraordinario y alentador -el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó la "satisfacción" del gobierno de México-, casi nadie señaló que la posición de la Casa Blanca fue presentada en un argumento legal ante la Suprema Corte de Estados Unidos contra la petición del mexicano José Ernesto Medellín, cuyos abogados esgrimen el fallo de la CIJ y aseguran que éste obliga a las cortes federales a revisar su caso y sentencia de muerte por la violación de su derecho internacional al acceso consular.
Incertidumbre, lo único claro
Sin embargo, la posición del gobierno estadunidense tampoco garantiza el respeto a la Convención de Viena sobre Derechos Consulares ni anula los juicios contaminados por la violación de estos derechos, y tampoco considera qué implica su decisión del 28 de febrero con todos quienes ya fueron ejecutados a pesar de que sus garantías consulares fueron ignoradas.
Aunque en términos jurídicos la decisión podría ofrecer nueva vida legal (y física) a los 51 mexicanos condenados a muerte, eso no garantiza que la violación de sus derechos consulares por sí sola revertirá los fallos en sus juicios. Sólo se ordena una revisión de los casos y no una obligada conclusión de los tribunales estatales.
Sin embargo, la decisión del gobierno de Bush sí abre la puerta a la revisión de los casos de condena de muerte de 51 mexicanos por tribunales estatales en Texas. Pero qué tanto se abre sólo se sabrá al culminar el caso ante la Suprema Corte, que espera "escuchar" argumentos. Algunos observadores calculan que se podría emitir un fallo en junio.
El abogado de Medellín ante la Suprema Corte, Donald Francis Donovan, del bufete Debevoise & Plimpton LLP, en Nueva York, declaró: "Damos la bienvenida al compromiso del presidente al asegurar que Texas otorgará al señor Medellín la revisión y reconsideración de su condena y sentencia, a lo cual la CIJ determinó que él y 50 otros mexicanos tienen derecho".
Mark Warren, investigador especialista en asuntos de derechos consulares, señaló que la decisión del gobierno de Bush es "muy impresionante", ya que es la primera vez en que hay una declaración aceptando explícitamente un fallo de la CIJ en torno a la Convención de Viena, la cual estipula que cualquier extranjero arrestado en un país debe ser informado de su derecho de comunicarse y solicitar asistencia legal de las autoridades consulares de su país de origen.
En 2004 la CIJ, en un caso presentado por el gobierno de México en nombre de 51 mexicanos en Texas, falló que las autoridades de Texas violaron la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En su resolución ordenó que Estados Unidos tenía que permitir la revaluación judicial de estos 51 casos, pero no especificó en qué instancias, dejando eso a criterio del gobierno de Estados Unidos.
La novedad ahora es que el gobierno de Bush decidió reconocer explícitamente ese fallo al instruir a las cortes estatales a tomarlo en cuenta si los 51 mexicanos acusados solicitan una evaluación de sus casos en torno a sus derechos según la Convención de Viena. En lo que se llama un amicus brief entregado el 28 de febrero en apoyo de las autoridades de Texas en el caso promovido por Medellín ante la Suprema Corte, la Casa Blanca concluye que las cortes estatales son el único foro inicial para determinar si los casos de los 51 mexicanos (incluyendo Medellín) fueron perjudicados por violaciones a la Convención de Viena.
Los tribunales federales no pueden considerar si la convención no fue presentada previamente como elemento en los tribunales estatales. A la vez, el gobierno argumenta que la Convención de Viena y el fallo de la CIJ no otorgan ningún derecho individual a los extranjeros, sino sólo marcan una obligación internacional para Estados Unidos, que únicamente el presidente puede determinar cuándo y cómo será cumplida.
Por ahora, la decisión de Bush implica que los 51 reos considerados en el caso presentado ante La Haya el año pasado pueden solicitar que las mismas cortes estatales que los condenaron revisen su situación para determinar si la violación de sus derechos internacionales tuvo un daño comprobable que afectara el resultado de su proceso judicial. La única instrucción es que estas cortes deben evaluar los expedientes con este elemento, y si determinan que hubo perjuicios por este motivo deben ordenar un nuevo juicio.
Como señaló el experto Warren en entrevista con La Jornada, esas cortes estatales de Texas no han expresado en el pasado gran interés en darle peso a las convenciones internacionales. Además, son las mismas que han permitido juicios muy cuestionables en casos de pena de muerte. El gobierno federal instruye ahora a los mismos tribunales que no consideraron los temas de los derechos internacionales en sus ejercicios judiciales para que retomen lo que no respetaron en primera instancia.
Vale recordar que, en el caso de un mexicano que argumentó la violación de sus derechos consulares, el actual procurador general de Estados Unidos Alberto González, en aquel momento abogado del entonces gobernador de Texas, George W. Bush, fue quien escribió al Departamento de Estado justificando oficialmente la ejecución del connacional al concluir que "Texas no es firmante de la Convención de Viena".
Warren señaló que aún es prematuro para especular sobre los resultados de esto, ya que depende de la decisión final de la Suprema Corte, y su resolución de los argumentos de ambos lados. Sin embargo, indicó que si esta decisión permanece vigente, "abre una avenida de apelación que antes no existía" para los 51 mexicanos. "Es muy significativa la decisión, pero tampoco es algo que en sí resulte determinante para resolver estos casos y se libere a alguien".
Las razones políticas
La justificación de los argumentos del gobierno de Bush, elaborada por el Departamento de Justicia junto con el Departamento de Estado, es que el presidente determina que "cumplir (con el fallo de la CIJ) sirve para proteger los intereses de los ciudadanos estadunidenses en el extranjero, promueve la conducta efectiva de las relaciones exteriores y subraya el compromiso de Washington con la comunidad internacional y el imperio de la ley".
Pero también se toma esta decisión en una coyuntura política doble. Por un lado, el gobierno de Bush necesita demostrar a la comunidad internacional su disposición a respetar el derecho internacional, después de un año de severas críticas por los casos de detenidos en Guantánamo, Irak y Afganistán. Por otro, Bush ha programado una reunión con el presidente Vicente Fox este mes en Texas, y con esta decisión tal vez alivia un asunto siempre espinoso para ambos políticos en el ámbito bilateral.