Hay elementos que conducen a una situación similar a la de 94-95: Ramírez Cuéllar

No hay riesgo de crisis financiera en el país, afirma Gil Díaz

Reconoce el IPAB que futuras auditorías podrían revelar algunos financiamientos irregulares

Plantea el diputado del PRD crear una comisión de la verdad para esclarecer crímenes financieros

ANTONIO CASTELLANOS

El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, afirmó ayer que no existe riesgo de una crisis financiera en el país, porque todas las instituciones que componen el sistema bancario mexicano presentan un nivel de solvencia adecuado. No hay riesgo ni para sus clientes ni para sus inversionistas.

A contracorriente, Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y secretario de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de la Cámara de Diputados, aseguró que existen los elementos para enfrentar una situación similar a la de la crisis de diciembre de 1994 y exigió no cerrar el asunto del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El secretario Ejecutivo del IPAB, Mario A. Beauregard, por su parte, reconoció por primera vez que en una futura revisión de los créditos incluidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, podrían encontrarse financiamientos irregulares. Dijo que sin cargo a los contribuyentes, el IPAB pagó a los ahorradores de Banca Quadrum, Banco Anáhuac, Banco Industrial y Banco del Sureste 11 mil millones de pesos.

Funcionarios y especialistas hablaron por separado en el Foro sobre Protección al Ahorro Bancario. Allí, el secretario de Hacienda manifestó que los indicadores más recientes de la banca muestran que las instituciones registran un índice de capitalización promedio en el sistema de 14.09 por ciento al cierre de diciembre de 2004, superior a los requerimientos mínimos establecidos, mientras que la cobertura de cartera vencida supera el 200 por ciento. Por esa razón no hay riesgo de crisis, recalcó.

Anunció el funcionario que la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el IPAB trabajan en una iniciativa para fortalecer la red de seguridad financiera. Se busca dotar de un marco jurídico y consistente a todas las actividades relacionadas con la administración o disolución de un banco que enfrente problemas graves.

En este contexto, el seguro de depósito bancario constituye otro elemento de la red de seguridad financiera. Las alertas tempranas, por su parte, permiten a los clientes e inversionistas de un banco detectar el nivel de solidez de las instituciones bancarias.

Señaló que con la obligación de garantizar los recursos de los ahorradores, principalmente los pequeños y medianos cuentahabientes, el seguro de depósito representa un factor fundamental para mantener la certidumbre en el sistema bancario, porque cada depositante tiene la absoluta seguridad de que sus recursos están protegidos.

Gil Díaz destacó: ''La construcción de un sistema financiero más sólido, eficiente e integrado con el resto del mundo, es un éxito innegable de la coordinación entre el Poder Legislativo y la actual administración".

Riesgo de crisis

El diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar expuso que a nadie le conviene una crisis similar a la de 1994-95, pero destacó que los enfrentamientos políticos, la debilidad económica y el creciente desempleo pueden conducir a una situación similar a la de los últimos dos años del presidente Carlos Salinas.

Propuso crear una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes de carácter financiero, porque hasta ahora la mayoría de diputados del PRI y el PAN se han aliado ''para proteger los desfalcos y las tracalerías que se hicieron en el Fobaproa''.

En el foro también hablaron León Bendesky, consultor y articulista de La Jornada, y el senador Fauzi Hamdan, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. El primero pidió dar certidumbre a los ahorradores con el seguro de depósitos, mientras el segundo afirmó que la crisis bancaria de 1994-95 obedeció a la falta de vigilancia que hubo en el sistema y subrayó que los problemas se arrastraban desde 1992.

Ramírez Cuéllar fue entrevistado al finalizar la reunión inaugural del foro y se quejó de que no lo dejaron hablar. Señaló: ''Esta es una prueba de que no quieren que se divulgue lo que fue el Fobaproa, que se constituyó en el robo del siglo para todos los mexicanos que han asumido una deuda superior al billón de pesos''.

Puntualizó que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y la junta de gobierno del IPAB, encabezada por Mario Beauregard, optaron por violar de manera sistemática la ley del IPAB. Prueba de ello es el artículo quinto de esa legislación, que obliga a las auditorías de los créditos incluidos en el Fobaproa para poderlos canjear por títulos del IPAB.

A este respecto, indicó que la última convención de banqueros fue una ''orgía de impunidades, porque se estableció un perdón de Estado. Los banqueros le dieron carpetazo a todos los créditos incluidos en el Fobaproa y el presidente Fox fue a avalar la resolución del secretario de Hacienda y de la junta de gobierno del IPAB''.

El gobierno, agregó, prefirió una negociación extrajudicial para beneplácito de los banqueros. Por eso ''requerimos un gobierno transparente, porque el costo fiscal del rescate bancario se ha convertido en deuda pública sin el aval del Congreso de la Unión y porque no se esperó a la resolución de la Suprema Corte''.

Además, añadió, es falsa la reducción de los 120 mil millones de pesos al costo del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Gil Díaz miente en este sentido, porque el no haber cumplido con exactitud con el artículo quinto de la ley del IPAB indica que la supuesta auditoría está sesgada a capricho de las instituciones bancarias.

Concluyó: ''La solución es un gobierno de izquierda, que luche contra la corrupción y la impunidad para desenmascarar los secretos oscuros que se fraguaron. Es urgente castigar a los que no supervisaron a los bancos, que son los mismos que están ahora, y a los que permitieron el otorgamiento de créditos sin garantías hacia empresas inexistentes y a proyectos productivos falsos''.

A su vez, Mario Beauregard, secretario ejecutivo del IPAB, informó que en el caso de las auditorías del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, se está en la parte final. Los despachos tienen que definir si requieren un plazo extra para elaborar su informe final. Esto podría ser en abril o mayo para tener los resultados definitivos.

-¿Cabría la posibilidad de que se encontraran hoyos extras?

-Puede ser que se encuentre algo. Ha sido una operación tan revisada que no me aventuraría a decir cuánto se podría encontrar. Puede ser que se encuentren algunas operaciones, pero tampoco esperaría que se encontraran muchas irregularidades.