Demanda mayor colaboración entre naciones expulsoras y receptoras
La migración contribuye al desarrollo, no es una amenaza, sostiene el Celam
Ampliar la imagen Un grupo de centroamericanos indocumentados cruza por el Valle de Juarez, Chihuahua, hacia Estados Unidos. Imagen de archivo FOTO J. Guadalupe P�z
Ningún país puede pensar en solucionar por sí solo los problemas migratorios, que se están moviendo hacia nuevas y peligrosas formas, como el tráfico y la trata de personas, lo cual obliga a una mayor colaboración entre las naciones expulsoras y receptoras, señaló el Consejo del Episcopado Latinoamericano (Celam).
En una reunión convocada por el consejo episcopal de la región, los representantes de la Pastoral de Movilidad Humana de las ocho principales naciones expulsoras de personas hacia Estados Unidos, se denunció una constante violación de derechos humanos de los migrantes y sus familias y se sostuvo que la migración es un derecho legítimo de todas las personas, más aún cuando es obligada, ya sea por cuestiones de violencia o económica en sus lugares de origen.
Durante el encuentro, realizado hace unos días en San José de Costa Rica, los encargados de la movilidad humana en los episcopados de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Puerto Rico y República Dominicana, analizaron la realidad migratoria de la región a la luz de la instrucción Erga Migrantes Caritas Christi, recientemente publicada por el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes.
En la declaración conjunta se señala que la migración, más que una amenaza, contribuye al desarrollo de los pueblos, brindando oportunidades para la construcción de sociedades fundadas en la solidaridad, el respeto mutuo, la reciprocidad. Pero también constituye una fuerza de trabajo muy importante para el desarrollo y la economía del país donde se llega a laborar, con o sin documentos.
Los participantes insistieron en que la región se encuentra enmarcada en una dinámica de flujos migratorios crecientes, siendo el más importante el que va a Estados Unidos, convirtiendo a la población latina en la principal minoría étnica del país vecino, con casi 42 millones de personas, por encima de los 38 millones que componen la población afroamericana.
Asimismo, en la reunión se señaló que ante este panorama de violación a los derechos de los migrantes, la Iglesia católica reiteró su disponibilidad por medio de la Pastoral de Movilidad Humana de seguir acompañando a todas las personas migrantes, especialmente a los menores de edad y las víctimas de la trata y el tráfico de personas.
El documento, el cual también fue firmado por Jacyr Braido, obispo de Santos, Brasil, y responsable de Movilidad Humana del Celam, concluye invitando a tomar acciones concretas a los gobiernos del área; a analizar en la próxima Conferencia Regional para las Migraciones, a celebrarse en Vancouver, Canadá, los flujos sur-norte y sur-sur que se están produciendo en el área y, finalmente, a ratificar la Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias.