José González Méndez
Para financiar el Seguro Popular (SP) la Secretaría de Salud (Ssa) deberá incluir 25 mil millones de pesos en su presupuesto anual a partir de 2010, lo que será una nueva exigencia sobre las finanzas públicas.
Este es sólo el primer "esfuerzo" para ofrecer cobertura a 50 millones de mexicanos que carecen de seguridad social.
El
segundo, y más delicado, es que la reforma a la Ley General de
Salud
dejó a los estados la mayor parte del financiamiento, lo que
adelanta
también una presión financiera sobre los recursos a
escala local.
"Las aportaciones de los estados para financiar el SP tendrán que salir de ingresos propios", aseguran Rocío Campos y Gabriel Lara, integrantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Añaden que esto "se traducirá en un costo diferenciado para cada entidad", en relación con las demandas de la población en general.
De acuerdo con el índice de marginación desarrollado por el Consejo Nacional de Población, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán e Hidalgo cuentan con los más altos índices de población no asegurada en algún esquema y se estima en más de 65 por ciento. "Serían éstos quienes más recursos tendrán que aportar" al SP, aseguran los investigadores.
Impulsado por el gobierno federal, el SP es una idea promovida por el titular de la Ssa, Julio Frenk. Su objetivo es atender a la población ajena a los sistemas de seguridad social del IMSS, ISSSTE, Pemex o algún seguro privado.
Sus servicios abarcan 154 intervenciones y servicios médicos 52 gratuitos para todos los mexicanos, como consultas, vacunas, hospitalización de urgencia, algunas cirugías, atención en ginecología, pediatría y gerontología y 168 medicamentos en centros de salud y hospitales de la red nacional.
Sus recursos provendrán de un esquema tripartito, aunque serán los estados quienes más aporten. El gobierno federal participará con una "cuota social" de 15 por ciento del salario mínimo del DF (SMDF) por cada familia; los estados con una "aportación solidaria federal" de 22.5 por ciento del SMDF que se descontará del Ramo 33 y una "cuota solidaria estatal" de 7.5 por ciento del SMDF, mientras que la ciudadanía participará con una "cuota familiar" que va de 640 a 6 mil 300 pesos anuales, de acuerdo con sus ingresos y grado de pobreza.
Las impugnaciones
Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del Gobierno del DF, indica en un documento reciente que el presupuesto de salud para el SP en 2003 fue de 52 mil 30 millones de pesos (39 mil 400 de estados y 12 mil 360 del gobierno federal). En 2010 este presupuesto será de 86 mil 473 millones (71 mil 86 y 15 mil 386, respectivamente).
Sin embargo dice en ese periodo las entidades deberán incrementar sus recursos en 11.5 por ciento para solventar el SP, mientras la participación del gobierno federal sólo crecerá 3.1 por ciento.
El problema de este esquema es que obliga a los estados a destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), del Ramo 33, señala la funcionaria, quien precisa que actualmente los gobiernos locales ocupan entre 85 y 92 por ciento de estos recursos para pago de salarios, por lo que "cualquier recorte irá contra la operación regular de los servicios en todas las entidades".
"Si se recorta el Fassa, los estados tendrán que incrementar las cuotas de recuperación o limitar insumos y medicamentos a la población no asegurada. La cuota estatal para las familias afiliadas al SP tendría que obtenerse del presupuesto estatal federal, a costa de otros programas", afirma.
Además de los aspectos financieros, el SP enfrenta problemas logísticos y constitucionales. En el primer caso, se asegura que el sistema de salud nacional carece de infraestructura (clínicas y hospitales) para afrontar el nuevo seguro.
Los
investigadores de Fundar aseguran que en los cuatro años de este
gobierno la inversión federal en este rubro ha venido cayendo.
En 2002
dicen el gasto en infraestructura del Fondo de Aportaciones
para los
Servicios de Salud fue de 900 millones de pesos, que bajó a 550
en
2001, a 120 en 2002 y 2003, pero en 2004 volvió a caer a 100
millones.
En el segundo caso, aseguran que con el nuevo esquema la población abierta quedará dividida entre quienes se afilien al SP y quienes no lo hagan. "El gobierno federal no puede, mediante una ley, poner a los ciudadanos en la disyuntiva de quedar rezagados o aportar dinero de su bolsillo para estar en otra categoría de atención... Lejos de apuntar hacia la progresividad, abre una brecha entre la población que ya estaba en desventaja social" y profundiza esas diferencias.
Todos, menos el DF
El SP se inició en 2002 como programa piloto en cinco entidades; en 2003 se amplió a 20 y en 2004 estaban afiliados 31 estados, excepto la capital del país, que ha insistido en ofrecer servicios médicos y medicamentos gratuitos para la población no asegurada.
El objetivo del gobierno federal es incorporar 1.5 millones de familias cada año a partir de 2004 (6 mil 700 personas) y llegar a 10.5 millones en 2010 (poco más de 50 millones de personas).
Laurell señala que los recursos son insuficientes. Asegura que actualmente los institutos de seguridad social locales disponen de 0.75 por ciento del PIB para atender a 50 millones de personas no aseguradas, y la nueva ley aprueba un incremento de 0.2 por ciento del PIB anual hasta 2010.
Cálculos de la titular de Salud capitalina indican que en 2004 la aportación federal fue de 3 mil 620 millones de pesos y en 2010 tendrá que multiplicarse por siete para que el SP tenga cobertura universal. "El incremento en dicha aportación implicará que a partir de 2010 el presupuesto de la Ssa tendrá que incluir un monto de 25 mil millones extra para financiar el SP", prevén Lara y Campos.
"Esto representaría el doble de recursos con los que cuenta hoy la Ssa y deberán generarse los recursos públicos para financiar tal incremento adicional de los recursos de la secretaría. Las aportaciones de los estados crecerán de la misma forma. Sin embargo, este dinero tendrá que salir de los ingresos propios ", insisten.
Para el gobierno federal la reforma que creó al SP es "la más importante de los últimos 40 años", aunque la definición más cruda y certera del SP la hizo el senador del PRI, Oscar Levín Coppel, unas horas después de aprobada la iniciativa, en mayo de 2003: "Esto que aprobamos por premura y por una decisión de unilateral del Senado, no cuenta con recursos."
El entonces presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y el actual titular de Condusef, Coppel se confesaba: acabamos de aprobar "una ley sin fondeo". Y una ley sin fondeo, añadía, "no es más que un catálogo de buenas intenciones" §