Frecuente en México, "el uso de cargos penales falsos" para disuadir a activistas, dice
AI adopta como preso de conciencia al ecologista guerrerense Felipe Arreaga
Amnistía Internacional (AI) emitió una acción internacional sobre el caso de Felipe Arreaga Sánchez -ecologista guerrerense recluido en la cárcel de Zihuatanejo desde noviembre pasado-, a quien adoptó como "preso de conciencia", y respecto a las órdenes de detención contra 14 ex miembros de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán (OESP).
AI señaló que "cree que la investigación y los cargos penales a los que se enfrenta Felipe Arreaga son de motivación política", y además está sometido a "un juicio injusto por un asesinato cometido en 1998".
La organización defensora de los derechos humanos manifestó su preocupación de que las citadas órdenes de aprehensión sean una "represalia" contra la organización por su activismo medioambiental previo. También pueden tener como finalidad "disuadir" a la esposa de Arreaga, Celsa Valdovinos, que dirige la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), y a otros activistas medioambientales de Guerrero de seguir adelante con su trabajo.
Precisamente la OMESP cumple este 5 de marzo su tercer aniversario "de lucha y trabajo en favor del medio ambiente, la alimentación y la igualdad", el cual celebrará en el poblado El Zapotillal, ejido de La Botella, municipio de Petatlán, con la presencia de invitados regionales, nacionales e internacionales. Al finalizar el acto se hará una declaración por la libertad de Arreaga Sánchez.
En su acción internacional, AI manifestó que "en México es frecuente el uso de cargos penales falsos y procedimientos judiciales injustos para disuadir a los defensores de los derechos humanos,
los activistas sociales y otras personas que se oponen a los abusos de poder en el ámbito local. El hecho de que la Policía Judicial trabaje en colaboración con los caciques puede dar lugar a cargos infundados y detenciones".
Agregó: "el sistema judicial de México sufre deficiencias endémicas que niegan sistemáticamente el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, y hacen que a los acusados de cargos falsos les resulte extremadamente difícil limpiar su nombre. Los responsables de usar indebidamente el sistema judicial prácticamente nunca rinden cuentas de sus actos, alentando nuevos abusos y una mayor impunidad".
Recordó en el documento AMR 41/008/2005 que Arreaga Sánchez, renombrado activista medioambiental, fue detenido el 3 de noviembre de 2004 por la Policía Judicial en la localidad de Petatlán, Guerrero. Estima que los cargos penales a los que se enfrenta el detenido son de motivación política, "debido a su destacado papel en las protestas pacíficas contra la explotación maderera excesiva e ilegal de los bosques" guerrerenses.
A finales de febrero de 2005, añadió, "un testigo de cargo fundamental en el caso declaró ante el tribunal que había sido coaccionado para que implicara a Felipe Arreaga y a otros en el asesinato de Abel Bautista Guillén, hijo de un cacique local".
Subrayó que existen muchas otras irregularidades en el procedimiento "que demuestran que la causa contra Felipe Arreaga se basa en cargos falsos". Por ejemplo, el asesinato se cometió en 1998, pero las únicas investigaciones realizadas, como declaraciones, pruebas forenses y examen del lugar del crimen, no se llevaron a cabo hasta 2000. Después de eso se archivó el caso hasta que se dictó una orden de detención en 2004. Además, uno de los acusados presuntamente identificados por los dos testigos había muerto en 1996, y otro era un niño en el momento del crimen.
En el momento de su comparecencia ante el juez, Felipe Arreaga presentó a tres testigos que demostraron que en el momento del crimen estaba incapacitado, ya que estaba recibiendo tratamiento médico por problemas en la espalda en otra comunidad. "Además, un testigo clave de la acusación no ha comparecido ante el tribunal y, según los informes, se desconoce su paradero".
La acusación se basa principalmente en presentar a Felipe Arreaga como un conocido delincuente, algo que han refutado los testigos que han declarado sobre su carácter. Pese a todo ello, permanece bajo custodia durante un juicio que puede durar más de un año y podría dar lugar a que sea condenado por un delito que no cometió. También sufre serios problemas de espalda que se han agravado con sus condiciones de reclusión".
AI recordó también que, en 1999, dos miembros de la OESP, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fueron detenidos por el Ejército y torturados para hacerlos confesarse culpables de cargos relacionados con armas de fuego y drogas. Los dos fueron condenados sobre la base de "pruebas falsas" y fueron adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. En 2001, "ante la enorme presión nacional e internacional, el presidente Vicente Fox ordenó su excarcelación, pero nunca se reconoció su inocencia, ni se llevó ante la justicia a los responsables de su tortura o detención". Su caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rodolfo Montiel es uno de los 14 dirigentes de la OESP contra quienes se han dictado órdenes de detención en relación con el asesinato de 1998.