Dura ley y la crítica
La ley es la ley, aunque sea injusta, reza una máxima terrible, pero valedera para la observancia y continuidad del estado de derecho. Y en apego a tal sentencia numerosos críticos afines a la validez del proceso para desaforar al jefe de Gobierno y hasta para inhabilitarlo después, se fueron definiendo en el panorama del ámbito público del país. Los panistas se aferraron a esta cruel y dura línea de argumentación para justificar lo que se preveía un voto partidario compacto, consonante con su secular fariseísmo. Sus apoyadores y simpatizantes, a la vera de aquellos a quienes López Obrador les saca erisipela, lo ven como riesgo para sus intereses, lo creen desorbitado, autoritario, egocéntrico, tremendista, megalómano, maniqueo y demás apelativos, merecidos o no, que le sorrajan entre los ojos, sacaron a relucir su estricta fe en los inapelables enunciados y dictados de ley. Si el jefe de Gobierno es culpable de algún delito, que se le desafuere sin contemplación alguna. Solicitar la atención de los legisladores hacia otros factores de carácter sociológico, electoral, de gobernabilidad o aun de estabilidad económica, salía sobrando. Sus proponentes corrieron, y aún corren, el peligro de ser reos de sospecha de secular blandenguería e impulsar la siempre onerosa impunidad que pervive en el horizonte cotidiano de México.
El supuesto complot, bastante mostrado ya y en diferentes versiones ante la luz pública, no podía ser aceptado por un grueso número de analistas, escritores o académicos como un ingrediente que afecta el correcto desenvolvimiento de un proceso pretendidamente jurídico en su esencia íntima. ¿Cómo explicar entonces el inicio de la averiguación previa mucho antes de que la PGR recibiera la solicitud del juez? El litigio es entre particulares, llegó a sostener con todo el desparpajo de que es capaz el candidato del oficialismo (S. Creel) en su pasada comparecencia en la Cámara. Otros más simplemente lo descartan, arguyendo que todo el proceso es una controversia, una denuncia, una supuesta falta evaluada y hasta juzgada por el Poder Judicial y tramitada por la imparcial PGR ante la Cámara de Diputados. Nada de arreglos cupulares, deslindan orondos. La misma frase del presidente Fox, afirmando que fue la decisión más difícil de su mandato, alegan que se refería a propósito y contexto distintos. El feroz acoso desatado desde Los Pinos eran simples respuestas a las provocaciones y frases irritantes de López Obrador vertidas durante sus citas mañaneras con la prensa. Las opiniones de personalidades públicas apuntando la imprudencia del desafuero o su debilidad jurídica de base, fueron tratadas con desprecio o, cuando menos, calificadas de gratuitas y fuera de sus responsabilidades encomendadas. Así, se trataron de descartar tanto la bien meditada sentencia del rector de la UNAM, como la experta opinión del ombudsman nacional.
El desplegado de notables escritores, artistas varios, filósofos, periodistas o simples ciudadanos de renombre causó molestas heridas en el decoro, la sensibilidad o la enjundia crítica de muchos que no fueron invitados como abajo firmantes; a puristas del lenguaje que de inmediato reaccionaron a su farragosa, desaseada, tremendista redacción; escandalizó a maestros de la palabra que distan mucho de asentar su autoridad o prestigio al respecto, pero que adelantan la descosida lógica con la que un funcionario menor quiso halagar a su atribulado jefe. Los argumentos vertidos en el desplegado de marras fueron, en artículos varios, rebatidos con gratuidad inaudita, suponiéndole, a sus peticiones de principio y argucias mal intencionadas, gran precisión y soberbia profundidad jurídica. Sus terminales negativas a los signatarios quedaron, dentro de sus incipientes visiones de la modernidad, asentadas para un siempre de muy corta duración. La supuesta calidad de suprajueces morales se alzó entonces sobre los pruritos de amistad o respeto ajeno para ajustar cuentas con escritores y poetas, con pintores consagrados y activistas sociales reconocidos, a los que tacharon como desertores de sus responsabilidades para con la verdad y la desamparada ciudadanía.
Pero por sobre todo lo anterior, ya de suyo complicado asunto de políticos, jueces, policías y funcionarios, se levanta la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sendos litigios sobre desacatos a suspensiones en Tlaxcala y Jalisco. En ellos los magistrados (casos 97/2003 y 89/2003) asientan la tesis de la no existencia del delito de abuso de poder del que se acusó, por asimilación del desacato, a ciertos funcionarios de esas localidades. Simplemente no procede la acusación y, si algún juez así lo dictara, caería en interpretación errónea y la SCJN aceptaría cualquier amparo por ser una ley inconstitucional, afirma, en su explicación adicional, el ministro Genaro David Góngora Pimentel. Después de tan crucial dictamen, no queda sino cerrar el capítulo del desafuero, ya muy debilitado por razones de orden estrictamente electoral, y hasta de imagen para futuras candidaturas con vistas a 2006 que son, en el fondo, las pulsiones que cuentan entre los militantes partidistas en que se convierten, al final, los diputados que integran un tribunal de procedencia.