Un hijastro del Presidente se habría beneficiado con obtención de contratos carreteros
Pide la Cámara indagar presunta empresa de Bribiesca
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el expediente de la investigación que se sigue a la compañía Fabricación y Colocación de Pavimentos (Facopsa), presuntamente propiedad de Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de la esposa del presidente Vicente Fox, Marta Sahagún.
El priísta Salvador Sánchez Vázquez, presidente de dicha comisión legislativa, informó que el pasado 21 de febrero remitió a la ASF una solicitud, a la que adjuntó información del expediente del caso, para que dicha entidad, en el ejercicio de la autonomía técnica y de gestión que la ley le confiere, investigue los beneficios que habría recibido Manuel Bribiesca a la hora de establecer contratos de construcción.
En un oficio enviado al diputado Roger David Alcocer García, también del PRI, Sánchez Vázquez manifestó que el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados también tiene en su poder el punto de acuerdo aprobado por el pleno el pasado 10 de febrero, con objeto de iniciar la investigación en torno a Facopsa.
En la decisión de los legisladores se establecía que la ASF conozca, investigue e informe si existe algún hecho o acto que pudiera ser constitutivo de responsabilidad o negligencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Obra Pública y demás ordenamientos pertinentes que corresponden a la asignación, avance de obra y rescisión de la ampliación de la empresa Facopsa sobre los tramos carreteros Mérida-Kantunil, Bakalar-Chetumal y Ciudad del Carmen-Campeche, así como la supervisión del estado físico y condiciones establecidas en el título de concesión de la autopista Kantunil-Cancún.
También se solicitó a la auditoría iniciar los trabajos de fiscalización especial sobre los fondos federales invertidos en los tramos carreteros señalados, así como el impacto económico sobre las finanzas nacionales que ha tenido "la irresponsabilidad de Facopsa y la pasividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes".
En particular, el órgano legislativo también demandó una revisión a fondo de la aplicación de multas, en proporción a los daños económicos, con la finalidad de determinar las sanciones correspondientes tanto a los particulares como a los servidores públicos que hubieren incurrido en responsabilidad.