La propiedad del terreno se dirimirá en un juicio civil, determina la Corte
Habrá nuevo avalúo del Paraje San Juan
Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer regresar al juez octavo B administrativo el expediente sobre el predio del Paraje San Juan, de la delegación Iztapalapa, para que ordene un nuevo avalúo que se fundamente en el valor catastral del terreno al momento de su expropiación, en 1989. También resolvió que el asunto sobre la propiedad del terreno no es competencia del máximo tribunal y que, en todo caso, esto tendrá que dilucidarse en un juicio civil ante todos aquellos que consideren que tienen derechos sobre el mismo.
Sin embargo, el incidente de inejecución de sentencia que presentó Enrique Arcipreste del Abrego ante la Corte en contra del Gobierno del Distrito Federal, porque no se ha cumplido el pago de mil 810 millones de pesos -que determinó el juez de la causa el 24 de septiembre de 2003 y cuyo monto dio origen a la queja del gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, continúa vigente hasta en tanto se fije una cantidad definitiva como indemnización y concluya el juicio que seguramente se iniciará sobre la propiedad del terreno.
El ministro Mariano Azuela precisó que la Corte no estudió el aspecto de la propiedad del terreno, porque ese tema tenía que haberse ventilado en primera instancia, y aunque señaló que, en su momento, las autoridades del Distrito Federal emitieron oficios en los que expresamente reconocieron al quejoso como el titular del predio, lo cierto es que "subyace un conflicto de propiedad" en el cual "no ha habido cosa juzgada".
Fuentes judiciales explicaron que una vez que el juez apruebe una determinada cantidad -que será sensiblemente menor al avalúo original, porque éste se hizo de acuerdo con el valor comercial y no el catastral, además de que en aquel entonces el terreno estaba invadido por precaristas, lo que disminuye sensiblemente su valor-, seguramente alguna de las partes impugnará el monto, por lo que el pleno será el que ratifique la cantidad definitiva a pagar.
Pero como la disputa por la propiedad se ventilará en otro juicio, al menos en la Corte había tres particulares que aseguraron tener derechos sobre las 298 hectáreas expropiadas, además de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que de última hora "descubrió" que el terreno era federal.
De todas maneras el gobierno capitalino pagará hasta el momento en que se resuelva dicho litigio, lo que seguramente sucederá dentro de varios años, porque si Arcipreste demanda el saldo, la autoridad capitalina alegará con razón que mientras no se resuelva el tema de la propiedad eso es improcedente.
En los pasillos del máximo tribunal se consideró que si bien el Gobierno del Distrito Federal no logró demostrar que Arcipreste del Abrego se hizo pasar ilegalmente como dueño del predio, lo cierto es que la autoridad capitalina "ganó" en cuanto a que quedó demostrado que la indemnización que fijó inicialmente el juez (mil 810 millones de pesos) fue ilegal y que el monto a saldar sí se apegará a derecho.
Entre las recomendaciones destacan la obligación del dueño del predio de presentar boletas de pago predial y documentación que avale el valor catastral; que los peritos realicen la valoración del inmueble conforme a las condiciones en que estaba en 1989; que queden fuera de la valoración los terrenos "sobrepuestos" conforme a un juicio de amparo que ya fue resuelto en definitiva; que se actualice el valor del terreno a partir de 1989, y que se investigue cuál fue el destino del fideicomiso que según Marcelo Ebrard, cuando fue secretario de Gobierno en el gobierno de Oscar Espinosa Villarreal, fue creado para pagar la indemnización correspondiente.
Finalmente, el pleno estableció una fecha límite para que se realice el avalúo del terreno en que se asientan más de 9 mil 869 lotes en la delegación Iztapalapa; sólo determinó que sea en un tiempo "real y razonable".
Mientras tanto, la SRA ya no tiene injerencia en el asunto y corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) continuar con el proceso legal, ya que sólo se encargó de establecer que los terrenos en disputa son propiedad de la nación.
Para fundamentar esto entregó la documentación correspondiente a la PGR e informó del hecho al Gobierno del Distrito Federal, puntualizó la dependencia.
con información de Angelica Enciso