Pidiregas provocan pérdidas por 16 mil 609 mdd a la petrolera: diputados del PRD
Reciben juzgados los recursos de declaración de nulidad de los CSM de Pemex con Repsol
Los recursos de declaración de nulidad del contrato de servicios múltiples (CSM) firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la trasnacional española Repsol, promovidos por legisladores federales y la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, fueron recibidos y aceptados en los juzgados sexto y noveno de distrito en materia civil.
En ambos casos la justicia federal se encargará de dictaminar la improcedencia de los contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios, que no son otra cosa que los contratos de servicios múltiples, cuya finalidad otorga a Repsol las facultades para explorar y explotar gas en la Cuenca de Burgos.
El agosto del año pasado, el juzgado noveno en materia civil del Distrito Federal dio entrada a la demanda de nulidad presentada por los senadores Manuel Bartlett Díaz, Laura Alicia Garza Galindo y más de 200 legisladores con objeto de que Pemex Exploración y Producción, y Repsol Exploración México, sociedad anónima de capital variable, disolvieran el acuerdo al que habían llegado para explotar la Cuenca de Burgos.
El documento de recepción del juzgado manifiesta que la declaración judicial en sentido de que el contrato de explotación, indebidamente denominado de obra pública sobre la base de precios unitarios, ''es jurídicamente ineficaz, así como todos los actos jurídicos relacionados o derivados del mismo, por violar disposiciones prohibitivas y de orden público''.
De tal forma, la instancia del poder judicial admitió la demanda de los legisladores porque consideró que la naturaleza del contrato entre la Pemex y la empresa española se trató ''de un acto jurídico simulado por virtud del cual se encubrió la celebración de un contrato de explotación''.
Meses después, el 8 de febrero, el juzgado sexto de distrito dio entrada a un juicio de declaración de nulidad del contrato establecido entre las empresas referidas, y que fue promovido por la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera. El argumento de la asociación se fundamenta en que la solicitud de nulidad absoluta del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios obedece a la ''explotación irracional'' de los hidrocarburos que se encuentran en suelo mexicano por presiones internacionales o políticas irresponsables.
La decisión del gobierno de Vicente Fox de otorgar a Repsol Exploración México, subsidiaria de Repsol España, la facultad de explotar gas no asociado en Burgos no se ajusta a la política energética, porque se ha venido dando en la presente administración un proceso de desnacionalización que afecta a Pemex, al no otorgarle recursos para modernizarse.
''A pesar de nuestra reiterada oposición a las políticas extranjerizantes aplicadas a nuestra industria, y habiendo señalado la serie de inconvenientes graves que se generarían, Pemex Exploración y Producción tomó la decisión de suscribir con la empresa Repsol Exploración México el contrato afectado de nulidad absoluta''.
Excesivas contrataciones y corrupción
El uso indiscriminado de los programas de infraestructura conocidos como Pidiregas provoca pérdidas a Pemex por 16 mil 609 millones de dólares. Diputados del PRD denunciaron que en la paraestatal se mantiene un proceso de contratación excesiva de altos funcionarios, incremento de impuestos a las utilidades de la empresa y actos de corrupción.
Francisco Carrillo Soberón, Rosa María Avilés y Jorge Martínez señalaron también que la participación de empresas privadas y trasnacionales en la exploración y explotación de gas en la Cuenca de Burgos significa mayores costos para Pemex. Advirtieron los legisladores que no es recomendable que Pemex contrate nuevos créditos, pues se acumula una gran deuda como resultado del indiscriminado uso de los Pidiregas, que favorecen la promoción del contratismo.
Los representantes perredistas advirtieron que cada año la paraestatal pierde 16 mil 609 millones de dólares por el incremento en la contratación de plazas de trabajo para directivos de alto nivel; actos de corrupción en áreas de compra, distribución, ventas, adjudicación y administración de contratos y altas tasas impositivas a las utilidades generadas en la empresa.