Usted está aquí: lunes 28 de febrero de 2005 Capital Dos amparos de comuneros bloquean servicios a 100 mil personas en Coyoacán

Reclaman a la Reforma Agraria indemnizaciones por terrenos expropiados

Dos amparos de comuneros bloquean servicios a 100 mil personas en Coyoacán

Una decena de colonias afectadas por los recursos legales, afirma autoridad local

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Dos amparos judiciales han impedido que cerca de 100 mil habitantes de la delegación Coyoacán tengan acceso a servicios e infraestructura.

De acuerdo con el director general Jurídico y de Gobierno de esa demarcación, Enrique Sánchez Aguilar, ejidatarios y comuneros reclaman indemnizaciones por la expropiación de los terrenos que hoy ocupan una decena de colonias, algunas de las cuales enfrentan situaciones de marginación.

El asunto medular, asegura el funcionario, es que los amparos prohíben a las autoridades delegacionales construir escuelas, hospitales, centros comunitarios, deportivos, parques, o bien la introducción de redes hidráulica o de drenaje; tampoco se pueden otorgar licencias de construcción, declaración de apertura de negocios o número de alineamiento oficial.

La situación más drástica, precisa Sánchez Aguilar, es un amparo tramitado por los ejidatarios de San Francisco Culhuacán en 1994, quienes exigen a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que se les indemnice por los terrenos expropiados por un decreto presidencial de 1962, y donde hoy se localizan las colonias San Francisco Culhuacán y Presidentes, Ejidales Primera y Segunda Sección.

Debido a la calidad jurídica de esos terrenos, desde hace 10 años no hay obras, ni servicios ni infraestructura nueva en estos puntos.

Otro amparo que está afectando a los coyoacanenses es el 55/2001, interpuesto por un grupo de comuneros quienes reclaman a la misma SRA la indemnización por otra expropiación presidencial; los afectados reclaman los terrenos que ocupan actualmente las colonias Ajusco, Pedregal de Montserrat, Huayamilpas, Rinconada Infonavit y Los Reyes.

En ambos casos, menciona Enrique Aguilar, se ha dejado de invertir en obra pública, en mejoras para la población, pues con los amparos la situación aún no está resuelta. "Así no se puede hacer nada", alega, y comenta que incluso en los casos de gente que ha logrado obtener un crédito del Instituto de Vivienda del DF, no lo puede aplicar por esa misma situación, "y eso ya nos está causando problemas".

Carlos Núñez, director jurídico, y José Luis Solís, jefe de lo Contencioso y Amparos, de la delegación Coyoacán, precisan que el amparo 963/2004, de Los Culhuacanes se ventila en el juzgado décimo de distrito en materia administrativa, donde se sobreseyó en 2003, pero los afectados se fueron a revisión y las cosas siguen como al principio.

Los funcionarios comentaron que hay pruebas de que los ejidatarios violaron el amparo al vender lotes de los mismos terrenos que están hoy peleando por la vía judicial.

Por lo que hace al recurso 55/2001, dijeron que los comuneros de La Candelaria alegan que desde los tiempos de la Colonia les entregaron las tierras en disputa, e incluso presentaron la documentación complementaria para reforzar ese dicho, que es un documento escrito en náhuatl, que al ser sometido a un peritaje de un traductor del Instituto Nacional de Antropología e Historia refiere una propiedad de terrenos pero sin especificar que sean donde hoy se localizan las colonias Huayamilpas, Pedregal de Montserrat y Ajusco, que es la tercera con mayor población y extensión de Coyoacán, con 30 mil habitantes, pero todos ellos sufren hoy en día carencia de servicios e infraestructura.

Enrique Sánchez Aguilar complementó al respecto que hay zonas con problemáticas fuertes, como la violencia intrafamiliar en la colonia Huayamilpas, por lo que tuvieron que interceder ante el juez de la causa para poder construir un centro contra la violencia intrafamiliar. A final de cuentas se autorizó, "pero haberlo hecho por nuestra cuenta hubiera implicado incurrir en un delito", arguye el funcionario.

Por último, hizo énfasis en que si bien la delegación Coyoacán no tiene injerencia ni está señalada en esos dos amparos, la gente acude ante ellos a exigirles servicios e infraestructura, pero no se les puede dotar de nada hasta que se resuelve el asunto.

 
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