Modificaciones en la política costera
Desde hace por lo menos dos décadas, científicos y centros de investigación relacionados con la vida marina y la planificación regional han pedido al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal modificar la ley que fija en 20 metros la zona marítima federal terrestre, la cual va tierra adentro, desde donde rompen las olas del mar.
Alegan los especialistas que los ecosistemas que conforman esa franja requieren protección extrema, pues son reservorio de valiosos recursos, en algunos casos funcionan como filtradores de contaminantes y son barrera natural contra ciclones, huracanes y maremotos. La realidad muestra que esos 20 metros de extensión no son respetados en miles de casos y lo común es que sean invadidos en las zonas de alto valor económico.
Recientemente, una voz gubernamental se sumó a quienes solicitan el cambio radical en el trato a las áreas costeras. Se trata de Francisco Madrid, subsecretario de Turismo, quien estuvo en Tailandia con motivo de la reunión de la Organización Mundial de Turismo. Entre otras cosas, dijo que en dicha reunión hubo acuerdo en la necesidad de respetar la naturaleza para evitar tragedias como la generada por el maremoto de diciembre pasado.
Cada vez se documenta con mayor precisión que muchas muertes y daños materiales podría haberse evitado si el hombre no hubiera invadido la zona costera y destruido los ecosistemas que la conforman.
En Asia, al igual que en México, no existe una política racional para conservar los manglares, dunas, popales, arrecifes de coral y humedales, pese al importante papel que juegan para aminorar el efecto del agua y el viento. Se destruyen en aras de atraer inversión y empleo vía "desarrollos" turísticos, granjas para cultivar camarón, empacadoras de productos marinos, fábricas, obras diversas y asentamientos humanos. En vez de desarrollo sostenible se creó pobreza, destrucción y desigualdad, como mostró el tsunami.
Por eso, en la reunión de Tailandia se pidió revisar urgentemente la política costera en todo el mundo a fin de que la zona de protección abarque, mínimo, 100 metros desde el mar hacia tierra adentro. Esa franja debería conservarse intacta y no ser, como ahora, objeto de especulación por poderosos intereses trasnacionales ligados al turismo, el petróleo o la pesca o para establecer centros de población y servicios.
En México, la actual zona marítima federal terrestre de 20 metros generalmente no se respeta, lo frecuente es que por corrupción y pasividad oficial se construyan allí hoteles, restaurantes, marinas, servicios diversos y hasta obra pública. El fruto negativo de permitir esa invasión se ve ahora en la costa de Quintana Roo, donde el mar avanza tierra adentro dejando sin playa a lujosos hoteles, restaurantes, marinas y casas particulares. Igual ocurre en Yucatán y Campeche. El avance es cada vez mayor por el calentamiento global que eleva el nivel de las aguas marinas. En Cancún y en la Riviera Maya, destino turístico de moda de México, invertirán decenas de millones de pesos en recuperar las playas, pero se duda de la efectividad de ese proyecto.
Lo cierto es que ha habido desidia y desinterés en modificar la legislación para que la zona marítima federal terrestre sea, mínimo, de 100 metros y en paralelo se sancione ejemplarmente a los que se apoderen de esa área de protección. En esa tarea debían de sumar esfuerzos las diversas instancias gubernamentales y el Congreso de la Unión, ciegos a la realidad que nos ofrece año con año la temporada de huracanes y ciclones y cada día el aumento del nivel del mar.
Y hablando de la ocupación ilegal de la zona marítima federal, nos llega un SOS desde Playa del Carmen, Quintana Roo, donde en un lujoso fraccionamiento, Playacar fase I, se intentan vender lotes para edificar 12 mansiones que ocuparían parte de la citada zona marítima. Se trata de la única playa sin construcciones. Es un aviso para el secretario del Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, cuya dependencia autoriza inexplicablemente edificar en la zona marítima, y también para el procurador federal de Protección al Ambiente, José Luis Luegue Tamargo. A ver si no les madrugan los invasores vía amparos, concedidos por instancias judiciales locales con ganada fama de corruptas.