La reforma de 2001, producto adulterado de los Acuerdos de San Andrés: Stavenhagen
Firmará México convenios internacionales para proteger los derechos de indígenas
El gobierno mexicano suscribirá este lunes con la Comisión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) dos convenios de subvención para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Mediante el primero de los convenios se busca atender las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, realizadas como producto de su visita a México del 1º al 18 de junio de 2003. Cabe destacar que esas recomendaciones fueron también emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El segundo pretende dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, elaborado por la representación en México de la OACNUDH, el cual se enfoca en dos aspectos sustanciales: el combate a la tortura y la administración y procuración de la justicia en Oaxaca.
Las principales acciones de este último convenio buscan la mejora de la administración y procuración de justicia a los indígenas, además de la organización de seminarios-talleres que permitan a funcionarios y sectores de la sociedad civil conocer las recomendaciones derivadas del diagnóstico y promover en el ámbito estatal y federal la integración de iniciativas y acciones para su cumplimiento.
Para dar respuesta a las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas se elaboró el proyecto de cooperación denominado Promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas: componente México. El documento establece una serie de medidas urgentes, igualmente recomendadas por la OIT, con el fin de mejorar la situación de los pueblos indígenas del país, en tres aspectos sobresalientes.
El primero tiene relación con la revisión de la reforma constitucional en materia indígena, teniendo como marco de referencia los tratados internacionales, en particular el Convenio 169 de la OIT, el cual se recomienda que sea aplicado por toda instancia de gobierno.
"Rechazo generalizado"
De acuerdo con el informe del relator, la reforma constitucional de 2001 fue un "producto tardío y adulterado de los Acuerdos de San Andrés, ya que recogió algunos de los aspectos de la ley Cocopa, pero se apartó significativamente de ella en algunos otros, que son de importancia fundamental para los pueblos indígenas, lo que dio lugar al rechazo generalizado de la misma". Asimismo, el Congreso no procedió a realizar una amplia consulta sobre la reforma constitucional, como lo debería de haber hecho, conforme al compromiso adquirido al ratificar el Convenio 169 de la OIT.
La segunda hace énfasis en la necesidad de consultar a los pueblos y comunidades indígenas, considerando sus necesidades e intereses, cada vez que se pretenda instrumentar o diseñar alguna medida administrativa o legislativa que pueda afectarlos o que simplemente los involucre, y la tercera en la protección de las tierras de esos pueblos, por encima de cualquier otro interés, según se desprende del propio informe del relator especial.
La SRE refirió que la ejecución de los acuerdos de subvención se realizará de manera coordinada entre la representación en México de la OACNUDH y las autoridades responsables del gobierno de México, en particular la SRE, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI) y la Procuraduría General de la República (PGR).
En la firma de los convenios estarán presentes la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Patricia Olamendi; la directora general de la CNDPI, Xóchitl Gálvez; el subprocurador para Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Mario Alvarez Ledesma; el representante en México de la OACNUDH, Anders Kompas; el encargado de negocios de la Comisión Europea en México, Germano Straniero, y el director para América Latina de la Comunidad Europea, Tomas Dupla del Moral.