El Senado aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a las dependencias a informar

Semarnat y Sedena deben explicar su participación con Minera San Xavier

Los legisladores afirman que la empresa canadiense burla el estado de derecho en el país

angeles cruz martinez

La empresa Minera San Xavier está fuera de la ley. A pesar de las sentencias judiciales en su contra, continúa con sus operaciones normales en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, y con ello se burla flagrantemente el estado de derecho que debe imperar en México, afirma el Senado de la República.

Al aprobar un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Defensa Nacional (Sedenda) a que informen sobre su participación en el proyecto de la compañía de capital canadiense, los legisladores también advierten que los riesgos de la explotación minero metalúrgica "son más que evidentes" para la población y el entorno natural.

El dictamen aprobado el pasado jueves, resalta que existen mandatos legales emitidos por los poderes Judicial de la Federación y Ejecutivo Federal, que formalmente impiden que la trasnacional continúe con sus actividades de explotación de minerales en Cerro de San Pedro. Entre ellos se encuentran las sentencias ejecutorias de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ordena la anulación del permiso ambiental, y la del Tribunal Unitario Agrario, que invalida los contratos de arrendamiento suscritos por la minera con falsos ejidatarios.

Sin embargo, dice la minuta del Senado, ninguna de las autoridades involucradas en los tres niveles de gobierno ha realizado alguna acción para cumplimentar esas decisiones, empezando por la Semarnat, que en 1999 autorizó el proyecto en materia ambiental y hoy todavía avala el trabajo de la minera por considerar que ha cumplido con las condicionantes que se le ordenaron.

Al respecto, el Frente Amplio Opositor a la minera opinó que el punto de acuerdo endereza el proceso hacia el cumplimiento de la legalidad y la vigencia del estado de derecho. La posición de los senadores, apuntó, "aísla al secretario de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, en su empecinada y sospechosa defensa de la trasnacional canadiense".

La agrupación también resaltó que la acción emprendida por el Senado se suma a las determinaciones tomadas por la Sedena y el Instituto Nacional de Antropología e Historia para suspender las actividades de la minera.

El 30 de noviembre de 2004, la mesa directiva del Senado recibió dos propuestas de punto de acuerdo por parte de Yolanda Eugenia González Hernández, del PRI, y Antonio Soto Sánchez, del PRD. Ambas fueron turnadas para su discusión y análisis a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Defensa Nacional, y de Comercio y Fomento Industrial.

El resultado de este trabajo fue el dictamen aprobado por el pleno de los senadores, el cual también admite que la Minera San Xavier ofrece atractivos beneficios económicos. A pesar de ello, apunta, este tipo de intereses no debe pasar por encima de la salud humana, el equilibrio ecológico y, en general, el bienestar social. Menos aún, enfatiza, si se trata de empresas extranjeras.

Luego de destacar que los recursos naturales constituyen una riqueza fundamental para el ser humano, y de que México se ubica entre los primeros 12 productores de 18 minerales a escala mundial -es el primer productor de plata-, los legisladores subrayan la necesidad de que en el territorio se garantice el aprovechamiento sustentable de estos recursos sin menoscabo del desarrollo económico del país, buscando un equilibrio entre productividad y protección del ambiente.

Menciona que nuestro país cuenta con un gran potencial de productividad en el sector minero, pero el problema ha sido la falta de recursos e infraestructura adecuados para la explotación de minerales. De ahí la necesidad de contar con la intervención de capital extranjero en esta actividad. Es el caso del proyecto de Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, indica.

Los senadores advierten en su dictamen que la población del lugar y organizaciones ambientalistas han expresado una enérgica oposición a las actividades de la trasnacional, y a pesar de ello la minera obtuvo el permiso de operación condicionada.

Ahí se señala que la capacidad minera de Cerro de San Pedro asciende a seis toneladas de oro y casi 25 de plata, aproximadamente. Serán extraídas por los métodos de tajo a cielo abierto -implica la utilización de explosivos- y de lixiviación por montones. Esto último, con la utilización de cianuro mezclado con grandes cantidades de agua. Lo anterior, a pesar de la escasez del líquido en el valle de San Luis, advierten los legisladores de todas las fracciones parlamentarias.

Respecto a los métodos de extracción de los minerales, la minuta destaca su peligrosidad y la necesidad que hubo de reubicar a los pobladores del pueblo La Zapatilla una vez que la minera inició sus operaciones. "Los riesgos del proyecto son más que evidentes, tanto para la población como para el entorno natural de la zona", subraya.