El tradicional cultivo de hoja de coca en Perú, reprimido y bajo sospecha

Se dispara la producción de cocaína por el aumento del consumo en Estados Unidos

Exigen cocaleros ley que legalice la siembra del enervante; piden suspender pláticas del TLC

XIMENA ORTUZAR

Los agricultores cocaleros de los departamentos peruanos de Huánuco y Ucayali adhirieron a un paro de 48 horas, convocado por la Confederación Nacional de Productores de las Cuencas Cocaleras (Conpaccp), que encabeza Elsa Malpartida.

Lo hicieron en solidaridad con cocaleros del valle de Tocache, departamento de San Martín, cuya lideresa, Nancy Obregón -Mamá Coca- ha denunciado que el gobierno de Alejandro Toledo y la DEA estadunidense han iniciado la fumigación desde el aire, mediante helicópteros, de los sembradíos de coca, lo que ha provocado la destrucción de sus plantaciones y la intoxicación de mujeres y niños.

El gobierno peruano ha negado reiteradamente tal acción e insiste en que se continúa aplicando el método de erradicación manual de los cocales.

El paro, que comenzó el 23 de febrero, es considerado continuación de otro, realizado el año pasado. Aunque los motivos han variado, las demandas de los cocaleros siguen siendo las mismas: que se detengan la fumigación y los programas de erradicación -voluntaria o forzada- de cultivos de hoja de coca en diversas cuencas, principalmente en el Huallaga; que se promulgue una nueva ley que permita legalizar el cultivo de la hoja de coca en el Perú, que se suspendan las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (que tiene entre sus requisitos la erradicación de los cocales) y se respete la biodiversidad de la selva peruana.

El gobierno considera estas demandas como imposibles de satisfacer porque "el cultivo de coca no puede ser tratado como cualquier otro cultivo legal existente". Al respecto, voceros autorizados aseguran que 90 por ciento de la hoja de coca que se produce tiene como destino el narcotráfico, cuyo circuito en el Perú se ha completado con la instalación de laboratorios de procesamiento de cocaína.

Analistas locales afirman que las nuevas y favorables condiciones del mercado cocalero, debido a las acciones de erradicación realizadas en Colombia, han incentivado el cultivo de cocales en Perú, que registra un aumento de mil 500 hectáreas de la superficie sembrada y el alza del precio del kilo de hoja de coca.

El paro fue acatado sólo parcialmente y las principales ciudades cocaleras del Alto Huallaga lo rechazaron.

Con la movilización en la ciudad de Tingo María y el bloqueo de la vía que une Huánuco y Aguaytía, se cumplió el segundo día del paro en la selva central. Ante estos resultados, Elsa Malpartida aclaró que se trata "sólo de un paro preventivo, no general."

Esta adhesión parcial al paro se atribuye en parte a la relación que habría entre líderes campesinos cocaleros del Huallaga y remanentes del movimiento terrorista Sendero Luminoso, encabezados por Artemio, quien en enero de 2004 decidió reiniciar la lucha armada en la zona y dio un ultimátum al gobierno de Toledo.

Desde entonces las acciones senderistas se han incrementado en el Huallaga. En días recientes Artemio respaldó públicamente la convocatoria al paro de la Conpaccp.

La respuesta gubernamental a la convocatoria de paro fue un notorio refuerzo de la presencia policial y del ejército en la zona.

La importancia del Huallaga

Alto Huallaga es un valle de 30 mil 848 kilómetros cuadrados y 300 mil habitantes. Según cifras del organismo estatal Desarrollo y Vida sin Drogas, durante 2003 en Huallaga Central y Bajo Huallaga se cultivaron 500 hectáreas de hoja de coca. En ese mismo año se cultivaron en el Alto Huallaga 11 mil hectáreas.

En el Huallaga, el precio de la hoja de coca está hoy en 50 dólares por arroba (11.5 kilogramos). Cada hectárea rinde entre 80 y 100 arrobas debido a que el uso de herbicidas ha incrementado su rendimiento. Así, un campesino cocalero puede alcanzar un ingreso promedio de 3 mil 500 dólares cada tres meses.

Un kilo de pasta básica de cocaína se paga a 370 dólares y el kilo de pasta básica de cocaína lavada alcanza a 750 dólares. En la selva, el kilo de clorhidrato de cocaína se vende en mil 200 dólares.

En contraste, los precios de los productos de cultivos alternativos son significativamente bajos. Por ejemplo, 10 kilos de papaya se venden en dos dólares con 45 centavos. Una piña de un kilo y medio tiene un precio comercial de 45 centavos de dólar. Con un dólar se compran tres kilos y medio de naranjas y con 90 centavos de dólar se compra un kilo de cacao.

En 2003, Perú ocupó el segundo lugar entre los países productores de hoja de coca en la región, con 31 mil 150 hectáreas, superado por Colombia, con 113 mil 850 hectáreas. Bolivia se ubicó en tercer lugar con 28 mil 450 hectáreas.

En América Latina, en 2003, se registraron 173 mil 450 hectáreas de cultivo de hoja de coca.

En el mismo 2003, las ventas totales de drogas en Estados Unidos fueron de 70 mil millones de dólares -equivalentes a todo el producto interno bruto de Perú- y las de cocaína alcanzaron a 40 mil millones de dólares, según cifras oficiales de Washington.

El más reciente informe de la Casa Blanca señala: "Si bien la cocaína no es tan fácil de conseguir como el crack, es relativamente fácil de comprar en todo el país". Agrega el informe que se ha detectado compras por correo electrónico y por Internet.

¿Cómo en Colombia?

El analista Roger Rumrill afirma que existe en Perú una campaña concertada para meter en un mismo saco a cocaleros con senderistas y narcotraficantes. Se trata -dice- de aparentar un clima de violencia propicio para desatar una brutal represión contra los cocaleros, estrategia de inspiración estadunidense que consiste en copiar el esquema que se impuso en Colombia: considerar que la coca es igual al narcotráfico y al terrorismo.

Si esto se impone, enfatiza, puede significar la muerte del movimiento cocalero, como sucedió en Colombia.

Rumrill es rotundo cuando afirma que existe infiltración en las organizaciones de cocaleros, tanto de narcotraficantes como de senderistas, y llama a sus dirigentes a delimitar con mucha claridad el ámbito de acción de unos y otros.

Advierte el experto: "Puede pasar aquí lo que en Colombia: el movimiento cocalero desapareció porque permitió a integrantes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en sus filas".

Por su parte, el analista político Mirko Lauer, del diario peruano La República, opina: "Hay coincidencia en que las estrategias de sustitución de cultivos no funcionan (hay 21 mil 750 hectáreas de cultivos alternativos lícitos). Para los narcotraficantes, la sustitución avanza demasiado rápido, para Washington demasiado despacio. A la postre ninguna de las partes tiene el menor deseo de esperar el resultado."

Y agrega: "Desde mediados de los años 90, Perú saltó la valla de la pasta básica, y hoy envía cocaína procesada al cártel de México. Con este salto han aparecido las posibilidades de acumulación, centralización, coordinación e internacionalización del narcotráfico".

Humberto Campodónico, experto peruano, opina: "Por el lado de la oferta, cuando se eliminan los cárteles de Cali y Medellín, los suceden los mexicanos de Tijuana, Monterrey y del Golfo. Si se privilegia la estrategia de interdicción vía derribo de avionetas en Perú, aumenta el cultivo de coca en Colombia. Cuando en Colombia comienza la fumigación de cocales, entonces, 'efecto globo', vuelve a repuntar la producción de hoja en Perú, extendiéndose a zonas 'nuevas' como Azángaro, en Puno".

Expertos peruanos en la materia afirman que en ese país han surgido mafias locales -integradas verticalmente- dedicadas a la refinación de pasta básica, que operan en alianza con cárteles mexicanos.

En lo que hay coincidencia es en la necesidad de "un enfoque integral de países productores y consumidores de coca". Para ello, explican, es necesario delinear proyectos de desarrollo alternativo reales y viables de verdad, en lugar de aplicar la interdicción y erradicación compulsiva de cocales, y es urgente que Estados Unidos, principal promotor de tales medidas, disminuya el consumo de drogas en su propio país.

Se trata, en suma, de plantear políticas que permitan superar la lacerante pobreza en esa región. Mientras ello no ocurra, advierten, los narcotraficantes y los remanentes de Sendero Luminoso encontrarán en el debilitamiento del tejido social terreno fértil para sus intereses.