El Cerillo enfrenta pena por 8 asesinatos en Juárez
Realizan prueba a feminicida para precisar si fue torturado
El inculpado, detenido en 2001, asegura que fue obligado a declararse culpable mediante maltratos físicos
Víctor Javier García Uribe, El Cerillo, sentenciado a 50 años de prisión por su presunta participación en el homicidio de ocho mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue sometido ayer a diversos exámenes médicos a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) para definir si fue torturado para que se declarara culpable de los asesinatos que se le imputan.
A las siete de la mañana de este viernes y bajo la vigilancia de más de 50 elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la PGR, el reo García Uribe fue trasladado del Centro de Readaptación Social al hospital general de Ciudad Juárez, en el que se le hizo una biopsia de los genitales, donde supuestamente habría recibido toques eléctricos y quemaduras de cigarrillo, cuando fue detenido por agentes de la Policía Judicial estatal en enero de 2001, para obligarlo a confesarse culpable del homicidio de las ocho jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en un lote agrícola en noviembre de 2000.
Los exámenes se inscriben en el denominado Protocolo de Estambul -manual de investigación y documentación eficaz para detectar casos de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes-, que se decidió aplicar a García Uribe por recomendación de organismos internacionales defensores de las garantías básicas, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que él y Gustavo González Meza denunciaron haber sido víctimas de tortura por agentes judiciales, a fin de firmar declaraciones en las que se autoinculparon de los asesinatos de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos, Mayra Juliana Reyes Solís, María de los Angeles Acosta Ramírez, Bárbara Araceli Martínez, Verónica Martínez y Guadalupe Luna de la Rosa.
El 8 de febrero de 2003, González Meza, el otro inculpado, murió en su celda de la penitenciaria de San Guillermo, ubicada en la capital del estado, en circunstancias poco claras, luego de que fue sometido a una cirugía para atenderle una hernia. Desde entonces, las organizaciones defensoras de los derechos humanos intensificaron su demanda para revisar el caso de Víctor Javier García Uribe, quien el pasado agosto fue sometido a las primeras pruebas sicológicas como parte de la aplicación del Protocolo de Estambul, para determinar si el acusado fue sometido a tortura.
Giran orden de aprehensión contra ex funcionarios
José Ontiveros Mariscal , juez séptimo de lo penal con sede en Ciudad Juárez, giró órdenes de aprehensión contra la ex fiscal que investiga homicidios de mujeres, Suly Ponce Prieto, y contra Jesús Torres, ex agente del Ministerio Público y actual coordinador del grupo especializado Zeus, de la procuraduría de Chihuahua, por el delito de abuso de autoridad, luego de que fueron acusados de "negligentes" en la integración de los expedientes de mujeres asesinadas en Juárez.
El expediente por abuso de autoridad fue integrado por la Procuraduría estatal después de que María López Urbina, fiscal especial de la PGR que analiza los expedientes de los homicidios, dio vista a las autoridades estatales de las "irregularidades" que ambos cometieron durante las indagatorias.
La funcionaria solicitó también la detención de los agentes del Ministerio Público Sandra Domínguez Carrillo y José Luis Armendáriz Fuente, de quienes hasta el momento no se ha informado si se giró orden de aprehensión en su contra o si fue negada por el juez séptimo de lo penal. En caso de que Suly Ponce y Jesús Torres sean arrestados, tienen derecho a libertad bajo fianza, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes en la entidad.