"Autoritario y represor"
Ulises Ruiz "criminaliza" la protesta: ONG
Mientras organizaciones no gubernamentales (ONG) acusaron al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de "criminalizar la protesta social", y con ello impedir la libertad de expresión de grupos nativos, como el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), que piden solución a demandas sociales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) demandó a las partes en conflicto excluir la violencia, la represión y la ilegalidad en el estado, y dar paso al diálogo, la negociación y el respeto irrestricto a las garantías individuales.
Por lo pronto, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo martes en Washington, brinde medidas cautelares de protección a 10 personas de Santiago Xanica, Oaxaca, porque se teme por sus vidas. Desde que Ruiz asumió el poder, en diciembre pasado -acusaron-, han ocurrido cuatro homicidios de dirigentes que encabezaban protestas sociales.
En nombre de las ONG, Mario Solórzano y David Peña insistieron en acusar a Ulises Ruiz Ortiz de autoritario y de desarticular con cárcel, exilio o muerte los movimientos de resistencia.
Como ejemplos de la represión citaron los casos que han padecido los integrantes del CIPO en San Juan Lalana y San Blas Atempa, donde el común denominador ha sido el exponer quejas, en el primer caso por tala de bosques y evitar la contaminación de sus ríos, y en el segundo, por estar contra la imposición de presidentes municipales, cuando pretenden elegir a sus autoridades por vía de usos y costumbres.
Cristóstomo Cruz Pérez, del CIPO, lamentó que el Ejecutivo estatal considere un delito el ser indígena, y cuando se expresan ideas y derechos se responde como "si fuéramos delincuentes, tipo guerrilleros, y no podemos vivir tranquilos con nuestros derechos".
Fomento de grupos paramilitares
Acusó que hay lugares donde se mata a uno y se hiere a 10 más, mientras en la sierra Norte se forman grupos paramilitares, a instancias del gobierno, y en la Mixteca han ocurrido 87 homicidios por problemas agrarios, sin que nadie resuelva nada. "No atienden nuestras demandas, pero si protestamos nos meten a la cárcel o nos persiguen. No nos quiere el gobierno porque nos atrevemos a hablar de nuestros derechos", puntualizó.
Por su parte, la CNDH solicitó que en los casos en que han ocurrido hechos de sangre se investigue, detenga y sancione a los responsables conforme a la ley, y se pronunció porque se revise la situación de las personas privadas de su libertad, para descartar abusos o prisión injustificada.
El organismo refirió que el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, considera que para la solución de conflictos como éstos se requiere una discusión racional, en todo el país, sobre violencia y legalidad, sobre impunidad y seguridad pública, sobre qué hacer para no llegar -como sociedad y Estado- a una "descomposición social irreversible".