Se ha pervertido el estado de derecho en la entidad, afirma

Niega el gobierno de Oaxaca que haya presos políticos

Gana amparo federal presunto homicida de profesor durante disturbios prelectorales en Huautla de Jiménez

ROSA ROJAS ENVIADA

Oaxaca, Oax., 25 de febrero. El secretario general de Gobierno del estado, Jorge Franco Vargas, negó que haya presos políticos en la entidad, pues consideró que se ha cumplido con el estado de derecho y que los dirigentes políticos encarcelados están acusados de delitos del orden común, como privación ilegal de la libertad, robo o hasta homicidio.

"La justicia no se negocia en una mesa (...) aquí en Oaxaca se ha pervertido la aplicación del estado de derecho durante mucho tiempo", afirmó en entrevista.

En tanto, en el penal de Ixcotel, donde está recluido desde el 10 de diciembre pasado, Agustín Sosa Ortega, dirigente del Frente Unico Huautleco (FUH), recibió este jueves la notificación de que ganó el amparo federal 1543/2004 contra el auto de formal prisión por la acusación de homicidio contra el profesor Serafín Contreras. La notificación, que leía y releía el prisionero, contiene un exhorto para que el juez quinto de lo penal le haga entrega de su boleta de libertad.

Sosa Ortega consideró que era lógico que ganara el amparo, porque Serafín "era compañero nuestro y a él lo mataron los priístas" en el conflicto electoral de Huautla, "todo mundo vio las fotografías de la agresión".

Informó que además ya había logrado conseguir que le fijaran fianza en el proceso 37/2004 que le acumularon por privación ilegal de la libertad y lesiones, presuntamente en agravio de policías ministeriales, e inclusive la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas había cubierto la fianza de 37 mil pesos.

Sin embargo, no va a poder salir de la cárcel porque apenas el pasado lunes le notificaron otro auto de formal prisión, ahora por asalto y robo calificado, a pesar de que el domingo se habían presentado los que interpusieron la demanda para aclarar que todo había sido un error y un malentendido. Ahí queda la posibilidad de apelación al tribunal, pero como es del estado, va a ratificar el auto de formal prisión, por eso nos vamos directo al amparo federal, indicó Sosa Ortega.

Respecto a la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a efectuarse el primero de marzo, en la que organizaciones no gubernamentales presentarán la problemática de la aplicación de justicia penal en el estado a indígenas, Franco Vargas comentó que dicha audiencia es, específicamente, para dar seguimiento al asunto de las medidas cautelares que la CIDH solicitó para Raúl Gatica, dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM).

A la pregunta de si las medidas cautelares no se han tomado por falta de voluntad política de los gobiernos federal y estatal, como afirman los abogados de Gatica, el funcionario respondió que las medidas cautelares son muy vagas, y que en la CIDH hay posiciones diferentes, pues las medidas las dictó el presidente pero no las consultó con los integrantes del organismo defensor de derechos humanos.

"Hay una corriente en la CIDH que no comparte las medidas cautelares, sin embargo, son tres las que se dictan: una para que Gatica goce de su libertad e integridad personales; la segunda para que pueda realizar su desempeño de defensor de los derechos humanos, y la tercera consiste en el respeto a los observadores internacionales en materia de derechos humanos que lo acompañan", señaló.

"Nosotros decimos que Gatica goza de las garantías constitucionales federales y estatales, y como cualquier otro ciudadano oaxaqueño tiene garantizada su integridad física y personal, así como el libre desempeño de las actividades que quiera, a título personal y en lo particular, siempre y cuando estén dentro de las leyes y reglamentos establecidos", dijo.

Agregó que respecto a la tercera medida cautelar, correspondiente a los observadores internacionales, ni la Secretaría de Gobernación ni la de Relaciones Exteriores tenían acreditado a algún observador en materia de derechos humanos que acompañara a Raúl Gatica, conforme a las leyes y reglamentos de este país.

Rondines a oficinas del CIPO

Informó que se acordó que la Policía Federal Preventiva, en el contexto del convenio de Seguridad Pública, iba a realizar rondines a las oficinas del CIPO.

-Normalmente, cuando por parte de la CIDH se piden medidas cautelares es que presumen que hay una amenaza cierta contra la vida de alguien...

-Usted lo ha dicho, es una presunción, no una aseveración, entonces es una apreciación desde el punto de vista de un señalamiento que hace el señor Gatica; él es libre de hacerlo, mas no lo compartimos.

-En cuanto a los reos que están ahora en varios penales, como Ixcotel y Etla, ellos plantean que son presos políticos, por ejemplo, el dirigente de Huautla, Agustín Sosa; la gente de Lalana; la de Xanica; la de COMPA, pero ustedes dicen que no lo son.

-Son ciudadanos que cometieron delitos como cualquier otro; la única diferencia es que ellos son miembros de un partido político o de una organización social, y eso no ampara que se hagan actos fuera de la ley, porque en Oaxaca hay una aplicación irrestricta de ésta, sin distingos e imparcial.

-Lo que algunos de ellos plantean es que se ha estado utilizando el aparato de procuración de justicia para reprimir, y entonces se les van acumulando procesos, de manera que quedan absueltos de uno o son amparados por la justicia, como es el caso de Sosa Ortega, a quien acusan de homicidio: obtuvo un amparo contra el auto de formal prisión, pero ahora lo acusan de robo.

Eso es materia de la procuraduría y del Tribunal Superior de Justicia, y también quiero decir una cosa: en estos asuntos también hay una parte ofendida. Me gustaría que entrevistara a las partes ofendidas, a quienes les robaron y les causaron lesiones para que le den su punto de vista; ellos exigen la aplicación del estado de derecho.

Asimismo, a Franco Vargas se le planteó que los dirigentes presos se quejan de que no se investiga a fondo y se detiene a personas que no son culpables de los delitos de los que se les acusa, como en el caso de Teojomulco, donde hubo 26 muertos en la matanza de Agua Fría, pero ya soltaron a todos los que habían detenido, por irregularidades en las aprehensiones.

"Quiero decirle que la justicia no se negocia en una mesa, ni la aplicación del derecho. Aquí en Oaxaca se ha pervertido la aplicación del estado de derecho durante mucho tiempo", contestó.

-Se ha pervertido. ¿Eso qué quiere decir?

-Le voy a poner el caso de Teojomulco. Se sentaron a una mesa, fueron realmente los homicidas y por una negociación hayan salido (sic), esa es la perversión del estado de derecho o la perversión del diálogo, de estar hablando en una mesa y estar violentando al mismo tiempo a las comunidades.