Las mercancías destinadas al pueblo cubano podrían ser embargadas: Alimport

Denuncia Cuba "nuevo candado" de Estados Unidos a ventas de alimentos

La importadora de la isla respetará compromisos contractuales y continuará con sus compras

GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL

La Habana, 25 de febrero. Cuba denunció hoy que el "nuevo candado" impuesto por Estados Unidos a las ventas de alimentos a la isla hace "totalmente inseguras" esas operaciones, pero afirmó que seguirá comprando hasta el límite de lo posible.

Pedro Alvarez, presidente de la importadora cubana Alimport, dijo que la nueva regla de pagos anunciada el martes "aparentemente podría exponer las mercancías destinadas a la población cubana a ser embargadas en territorio estadunidense, para ejecutar fallos judiciales, legalmente infundados, que han sido emitidos por tribunales de Estados Unidos" contra Cuba.

Sin embargo, Alvarez precisó que Alimport "honrará sus compromisos contractuales vigentes y que está dispuesta a continuar desarrollando sus compras al empresariado estadunidense, siempre que las condiciones sean aceptables dentro de la lógica de las prácticas comerciales internacionales".

Detrás de este pleito, que pareciera uno más en el conflicto bilateral de cuatro décadas, se acaba de dibujar un nuevo escenario que ha colocado a la política de bloqueo contra Cuba en un callejón de definiciones, esta vez con nuevos actores y plazos.

¿Cómo se llegó a este punto?

La historia arranca con un huracán. Michelle azotó la mitad occidental de Cuba el 4 de noviembre de 2001 y causó daños valorados oficialmente en mil millones de dólares.

Cuba había condenado rápida y enérgicamente los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en esas semanas se abrió una ventana por donde soplaba un vientecillo de distensión con Estados Unidos. Washington ofreció ayuda por el meteoro pero La Habana respondió que "sería mejor" si se consumaran algunas compras de alimentos.

Las operaciones se basarían en la Ley de Reformas a las Sanciones Comerciales y de Promoción de las Exportaciones (TSRA, por sus siglas en inglés), de 2000, excepción al bloqueo para vender a Cuba alimentos y medicinas, con condiciones como el pago de contado.

El 16 de diciembre de 2001 llegaron aquí dos buques con maíz y pollo congelado, comprado por Alimport a compañías estadunidenses, en la primera transacción entre los dos países en 38 años.

Los contratos se sucedieron y provocaron un explosivo flujo comercial que involucró a decenas de empresas pequeñas y medianas y a gigantes del capital trasnacional alimentario, como Archer Daniels y Cargill.

Alvarez dijo hoy que desde aquella primera compra hasta el 23 de febrero último, Alimport ha comprado alimentos a 143 empresas de Estados Unidos por (con seguro y flete) mil 255 millones de dólares.

Estados Unidos se convirtió en el séptimo socio comercial de Cuba, que a su vez entró a la lista de clientes agrícolas de su vecino y llegó al lugar 22, pero está entre los 10 primeros compradores de arroz, trigo, pollo y lácteos.

Las operaciones se deslizaron sin tropiezos durante tres años, mientras el clima político bilateral sufría altibajos, con tendencia a la crispación. Apenas relecto George W. Bush, los proveedores registraron retrasos en la recepción de sus pagos procedentes de Cuba.

El problema se debía a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, bloqueó las transferencias para asegurarse de que se cumpliera la expresión "pago en efectivo por adelantado", ordenada por la TSRA.

Los empresarios estallaron en protestas y la OFAC ofreció dar una rápida definición del término. El martes pasado, cuatro meses después, anunció que su interpretación del concepto era que debía liquidarse la mercancía antes de despacharla en el barco.

Alvarez rechazó hoy esa interpretación, que "se aparta de la práctica vigente de los pagos contra la presentación de documentos y el traspaso de propiedad al comprador cubano".

Pero a estas alturas hay terceros en discordia. Este mes el Senado y la Cámara de Representantes estadunidenses recibieron sendas versiones de un proyecto de Ley para Facilitar las Exportaciones 2005, promovida por republicanos y demócratas de ambas ramas del Congreso, fuertemente involucrados en alentar el comercio con Cuba.

El proyecto, liderado por el senador republicano Larry Craig, rechaza la interpretación de la OFAC y ordena que los pagos de estas operaciones se hagan "antes de transferir el título de propiedad y entregar el control físico de bienes a los compradores", es decir, como ha ocurrido en los últimos tres años.

Pero la iniciativa es más amplia: otorga licencia general a empresarios estadunidenses para sus viajes de negocios a Cuba (contra la práctica actual de una licencia para cada viaje), permite el pago directo entre bancos de ambos países, ahora inexistente, y deroga la legislación que impide el reconocimiento de marcas comerciales cubanas en Estados Unidos, entre otros ordenamientos.

Con la llaneza pragmática del ranchero, la Asociación de Productores de Arroz de Estados Unidos envió esta semana a sus asociados una breve circular en la que calificó la decisión de la OFAC de "vociferante y mal disfrazado asalto frontal a los agricultores estadunidenses, que una vez más son los perdedores de 42 años de una política exterior fracasada".

"Ahora sólo podemos esperar que el Congreso actúe rápidamente para aprobar" la iniciativa de Craig.

Mientras se define la suerte de ese proyecto, la OFAC dispuso 30 días de plazo, que vencerán el 24 de marzo, para hacer efectiva su nueva disposición. En ese lapso Alimport seguirá comprando, según el anuncio de Alvarez.

¿Qué ocurrirá después?

Alvarez señaló el riesgo que, bajo las nuevas reglas, Cuba pague una mercancía que está en un almacén y por tanto coincidan bienes y dinero de la isla en territorio estadunidense.

Y es que tribunales de Estados Unidos han admitido y fallado en favor de demandas contra La Habana, que en un caso desembocó en el cobro de 93 millones de dólares, tomados de los 161 millones de dólares de depósitos cubanos congelados en aquel país en 1962.

¿Llegará el caso de que un juez ordene la confiscación en Estados Unidos de una mercancía pagada que no llega a su destino o de fondos que no puede cobrar el empresario que hizo la venta? ¿Cómo se deslizará el trámite parlamentario de la iniciativa de Craig?

Ahí están las nuevas coordenadas. Una novedad en la historia de este conflicto bilateral es que por primera vez la pelota está en terreno estadunidense, y hay competencia por patearla.