Barril de pólvora
Después de que el grupo magisterial Punto Crítico denunciara que durante el "liderazgo" de la "maestra" Elba Esther Gordillo (1989-2004) en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se han recaudado ¡más de 7 mil 700 millones de pesos! por cuotas sindicales sin dar a conocer el destino de los recursos; después de que la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas reconociera que la institución está "al borde del colapso" por un formidable adeudo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Benjamín González Roaro -representante de la "maestra" en este noble instituto-, reiteró que éste es "como un paciente en estado crítico, pero con buenos doctores. Urge aprobar la reforma de su ley".
Pocos días antes la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) declaró "desierta" la licitación pública para contratar un seguro de gastos médicos mayores que protegerá a más de 2 mil atletas de alto rendimiento con una cobertura de hasta mil salarios mínimos mensuales por cada enfermedad o accidente (1 millón 290 mil pesos) en hospitales privados de primera categoría. Mientras, el senador priísta y líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala -quien aprobó la "reforma" Madrazo-Beltrones-Levy que cercenó el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Seguro Social-, insistía en su "propuesta" de crear una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) pública que maneje las cuotas de los trabajadores del ISSSTE. "Consensuada" propuesta sobre la cual, según Ayala, la Secretaría de Hacienda "ya dio una buena señal y se llevan a cabo trabajos intensivos para que este proyecto no se vaya de las manos".
Lamentablemente, después de que Francisco Gil Díaz asumiera en Washington que las reformas quedarán "pendientes y no creo que sea probable que se hagan en los dos años que quedan del gobierno de Fox", el silencio se impuso en la tecnocracia hacendaria -salvo por la "experta" voz del parlanchín subsecretario Alonso García Tamés, quien repitió que "cada año que se posterga la reforma pensionaria del ISSSTE le cuesta al país 120 mil millones de pesos"- y hasta el propio González Roaro coligió que la propuesta de Ayala todavía "tendría que estudiarse cuidadosamente y confrontar con la opinión de todos los sindicatos para lograr una iniciativa que realmente tenga el mayor de los consensos y pueda progresar".
Sin embargo, González Roaro no tardó mucho en desandar su camino: con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la calle y en la Cámara de Diputados -donde solicitaban auditorías a las cuentas del ISSSTE-, aclaró, ahora, que una Afore pública para el manejo del fondo de pensiones del instituto "es muy posible", aunque matizó: siempre y cuando se deje a los trabajadores "en libertad de elegir entre una administradora pública y una privada. Debe haber una opción amplia".
¿Como por ejemplo cuál? El representante de la "maestra" no duda: los trabajadores del ISSSTE deben "elegir" entre una Afore pública -que aún no existe, y que de existir no resolvería el problema estructural de las pensiones de México, como prueba la Afore Siglo XXI del IMSS- y una "infraestructura que le ha costado mucho al país". ¿Cuál? El sistema privado de las Afore. De ahí que, con impostada solvencia, González Roaro sentencie: la Afore pública "debe tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con las privadas".
¿Igualdad de condiciones? Esta ilusión de González Roaro confirma que su soñada reforma "integral" sólo consiste en trasladar más de 2 millones de cuentas individuales de los trabajadores del ISSSTE al sistema de las Afore, mismo que enfrenta dificultades de rentabilidad y cuyas sociedades de inversión especializada de fondos para el retiro (Siefores) ya reciben certificados bursátiles de Pemex hasta por 70 mil millones de pesos. Esa y ninguna otra es también la "preocupación" que desvela al afligido subsecretario Alonso García Tamés. ¡Valiente gobierno del "cambio"!
En este cuadro muy poco esperanzador, Rosa María Farrel, del despacho Hewitt Associates -a cuyos servicios han recurrido Levy y González Roaro-, comunicó recientemente que 90 por ciento de las empresas formales en México carecen de un sistema adicional privado de pensiones. Esto impide que sus trabajadores cuenten, a su retiro, con un ingreso extra al de la jubilación de ley. Sólo mil 800 firmas disponen de un plan fondeado y hasta 70 por ciento son trasnacionales. Agréguese que apenas 8 por ciento de los trabajadores afiliados al Seguro Social tiene un plan privado de pensiones y su cobertura nacional difícilmente abarca 3 por ciento de la población económicamente activa. Además de las consecuencias negativas para los trabajadores -que recibirán magros recursos al final de su jubilación-, las empresas desaprovechan las ventajas fiscales. Las inversiones de estos planes en México suman 10 mil millones de dólares, frente a los 64 mil de las Afore. ¿Hay algo mejor que el fondo de pensiones del ISSSTE?
Cuando, sólo en 2004, Hacienda "canceló" 12 mil plazas del gobierno federal, se comprende que los trabajadores del ISSSTE no sólo no compartan el entusiasta escenario que pintan González Roaro, García Tamés y Alvaro Madero desde la presidencia de la Amafore, sino que rechacen abiertamente esa "tentadora" Afore pública.
Hasta Ricardo Pontigo, nuevo secretario general del SNTISSSTE, estima que "cualquier modificación a la ley del ISSSTE, debe ser avalada por el gremio". González Roaro está sentado en un barril de pólvora.
* Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco