Ilegal concesión a consorcio minero en Coahuila

JESUS ARANDA ENVIADO

Monclova, Coahuila. La Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía anuló un título de explotación minera de carbón y lo entregó "de forma indebida y dolosa" a la empresa Materiales Industrializados SA de CV (Minsa), a sabiendas de que se sobreponían las coordenadas de los predios en la zona carbonífera de Coahuila, en un acto digno del mejor ilusionista.

Este sería el primer caso documentado que demuestra la complicidad de funcionarios de las secretarías de Economía y de la Función Pública para favorecer a grandes consorcios mineros con la adjudicación ilícita de lotes que ya están concesionados. En este asunto se ignoraron las coordenadas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1992 para tomar en cuenta otras y, de esta manera, convalidar la anulación del título de explotación de carbón del predio Gil, propiedad de Gilberto Guerra de la Garza, a manos de Minsa.

Además las autoridades permitieron que la minera, cuyo consejo de administración es presidido por Armando Guadiana Tijerina, sin contar con permiso de "explotación", sino de "exploración", extrajera del predio El Refugio II más de un millón de toneladas de carbón entre 1999 y 2001, con valor superior a 33 millones de dólares.

Las irregularidades cometidas por el entonces director general de Minas de la Secretaría de Economía, Luis Raúl Escudero Chávez -quien falleció recientemente en condiciones poco claras-, lo hicieron acreedor a la destitución del cargo y una sanción administrativa mínima, acompañada de la salida de funcionarios menores que estuvieron involucrados en el asunto.

El problema radica en que el 21 de agosto de 1992 Minsa celebró un contrato mercantil de asociación en participación con la extinta Comisión de Fomento Minero (actualmente Comisión de Recursos Minerales), respecto al lote El Refugio II, localizado en latitud norte 27° 57' 20" y longitud W. G. 101° 25'15".

Sin embargo, ese contrato suscrito por Guadiana Tijerina con la comisión "es nulo", porque fue celebrado sobre un terreno que no estaba libre (Gil), al no respetar las coordenadas W.G. 101° 27´ 15", publicadas en el Diario Oficial el 25 de septiembre de 1996, con las que se oficializó la concesión del predio El Refugio II.

Es decir, el terreno adjudicado fue indebidamente sobrepuesto al predio Gil.

A pesar de que la Secretaría de Economía (anteriormente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) reconoció el 8 de octubre de 2002 que el director de Minas, Raúl Escudero Chávez; el coordinador general de Minería, Moisés Kolteniud Toyber, y el coordinador general de Minería, Ignacio Navarro Zermeño, "incurrieron en presuntas irregularidades" al anular la concesión del predio Gil, la dependencia federal no consideró procedente la indemnización exigida a Minsa por 33 millones de dólares.

Asimismo, tampoco dejó sin efecto la decisión de invalidar el título 204488, y sí, en cambio, la Secretaría de Economía inició un nuevo procedimiento de nulidad de dicho predio con el pretexto de que éste invade "parcialmente" los lotes El Refugio II y El Pilón.

Ante la tibieza de la dependencia que encabeza Fernando Canales Clariond para atender la demanda de Guerra de la Garza, la Secretaría de la Función Pública se negó a revisar la actuación de la Contraloría Interna de la Secretaría de Economía con el argumento de que no había razón para ello.

Guerra de la Garza se vio en la necesidad de acudir a la justicia federal para ser restituido plenamente en sus derechos y será el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa en el Distrito Federal el que resuelva en definitiva.

La forma en que operaron en este caso funcionarios federales y estatales fue denunciada directamente al secretario de Economía, Canales Clariond, el primero de julio de 2003, por los apoderados legales de Guerra de la Garza, José Alfredo y Enrique Gutiérrez Falcón.

De acuerdo con el "mapa de corrupción" que le entregaron al titular de Economía, la lista la encabeza Luis Raúl Escudero Chávez, director general de Minas, "quien sin su consentimiento e iniciativa no se podría explicar la presunta corrupción"; José Luis Mier y Torres, director de Catastro Minero, quien convalidó la "sobreposición" de los lotes, para así anular el permiso de explotación en el predio Gil.

María del Refugio Martínez Domínguez, ex directora general de Asuntos Jurídicos, es señalada como quien, mediante "vías legales", obstaculizaba cualquier tipo resolución que afectara a Escudero Chávez. El documento señala que en el expediente QU36/2002 hay constancia de que "indebidamente nunca le fue notificada a los interesados la negativa de recusación en contra de Escudero, y tampoco la negativa de información de faltas temporales del coordinador general de Minería en los años 2000, 2001 y 2002, debido a que éste firmó todas las resoluciones del caso en ausencia temporal del coordinador".

También se menciona a María Jiménez Valverde Valdés, ex subdirectora Jurídica de la Secretaría de Economía y actual titular del Departamento Jurídico, quien "elabora y manipula todas las resoluciones que favorecen a los Guadiana Tijerina. Como prueba de su afirmación, los demandantes hacen referencia a la resolución 10982 del 7 de marzo de 2000, en el oficio 110-II-A-2/96-403/49549, relativo al desahogo de asesoría solicitada y remisión del proyecto de resolución del recurso de revisión interpuesto por MINSA, lo que dio la pauta a la minera para interponer un amparo que le permitió ostentar derechos sobre la explotación del predio en litigio, a pesar de que no tenía tales".

Armando Santana y José Luis Guadiana Tijerina se encuentran en suspensión de pagos junto con sus empresas Kaopas y MINSA, y pese a ello realizan gestiones, celebran contratos con el Consejo de Recursos Minerales de Coahuila, además de que utilizan las empresas Ameca y Zapaliname -administradas por Antonio Caballero Maru y Rosendo Aguilar Garza, quienes se desempeñaban como representante legal y perito minero de los hermanos Guadiana Tijerina- para vender carbón a la Promotora de Desarrollo Minero (PRODEMI), la cual a su vez lo entrega a la Comisión Federal de Electricidad, sin que sus minas tengan trabajadores registrados ante el IMSS. Es decir, las minas de los Guadiana Tijerina no cumplen con el requisito legal de ser productoras de carbón para vender el mineral a la promotora, hecho facilitado por la indiferencia gubernamental.