Admite el cabildo que es ilegal obligar a homosexuales a practicarse la prueba de VIH

Apremian en Torreón a derogar una norma homofóbica de salud

Clima desfavorable a la diversidad sexual en la capital coahuilense, acusan organizaciones

Censida reprueba la medida

Se trata de controlar la epidemia: el alcalde panista

MARIO ALBERTO REYES /NOTIESE ESPECIAL PARA LA JORNADA

Organizaciones gay y de lucha contra el sida demandan al cabildo de Torreón, Coahuila, que defina la fecha en que discutirá las modificaciones al artículo 75 del Reglamento de Salud y Asistencia Social vigente -el cual obliga a homosexuales y trabajadores sexuales a practicarse el examen de detección del VIH/sida-, y que se les incluya en el debate cuando se trate el tema.

Por su parte, José Ignacio Maynez Varela, presidente de la Comisión de Gobernación del cabildo de Torreón, dijo a NotieSe que está consciente de que el artículo viola las garantías individuales de los hombres que practican el travestismo.

Sin embargo, argumentó que el reglamento no fue elaborado por la actual administración, motivo por el cual considera impulsar su derogación, con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana para el Control y la Prevención del VIH/sida, que especifica que la prueba debe ser voluntaria y confidencial.

Desde julio de 2003 diversas organizaciones civiles con trabajo en derechos humanos y diversidad sexual acusan a las autoridades municipales, encabezadas por el panista Guillermo Anaya Llamas, de fomentar un clima adverso para los homosexuales de la ciudad, quien se habría referido a ellos como ''transgresores de la ley''.

Examen sin consentimiento

El artículo causante de la controversia ordena la detención del individuo que sea hallado cometiendo supuestos actos inmorales con otro hombre, ya sea en la vía pública o en establecimientos o sitios públicos, para después ser trasladado a la Dirección de Salud y Asistencia Social Municipal para la realización de estudios sanguíneos, con la finalidad de detectar la presencia de VIH/sida, y luego ser turnado ante las autoridades competentes para que reciba la sanción por la falta.

En su capítulo tercero, el artículo establece: ''Aquel homosexual del que se tenga conocimiento que es enfermo de sida se le hará de su conocimiento el riesgo que representa para cualquier persona el tener acto sexual con él, quedando apercibido del delito que cometerá, se le levantará un acta y dados estos antecedentes, aquel que sea sorprendido en actitud de poder contagiar a otra persona, será consignado a las autoridades correspondientes para la sanción por su acción culposa''.

Hostilidad, denuncian

Los activistas denunciaron que con la llegada del Partido Acción Nacional al poder municipal, la represión en contra de la población no heterosexual se recrudeció.

Con el amparo del artículo mencionado, los homosexuales detenidos son obligados a practicarse la prueba del VIH/sida -cuyo costo es de 380 pesos por persona- y a permanecer 36 horas tras las rejas sin la posibilidad de realizar llamadas telefónicas.

Raymundo Valadez, presidente de la asociación civil Proyecto Por Ti, y Lorena Charles, de la Asociación por el Respeto a la Comunidad Gay, señalaron a NotieSe que a pesar de que se ha logrado detener las redadas debido a un acuerdo con el presidente municipal, "la ley violatoria de nuestros derechos existe y es necesario derogarla; no podemos vivir con un acuerdo que tal vez en el futuro no se respete".

Los activistas aseveraron que cuentan con el apoyo de regidores de PRI, PRD y PT; "los panistas están en contra y sólo quieren acordar ya no practicar las pruebas de detección del VIH, además se oponen a que asistamos a la reunión del próximo viernes''.

Raymundo Valadez atribuyó la disponibilidad para discutir y modificar el artículo 75 al señalamiento que Anaya Llamas recibió el primero de febrero de Jorge Saavedra López, director general del Centro Nacional para el Control y Prevención del VIH/sida (Censida), respecto del carácter discriminatorio y contrario a la normatividad vigente del mencionado reglamento.

''Con base en este señalamiento las autoridades municipales se vieron presionadas a fijar fecha para la sesión de cabildo que modifique este artículo. En días pasados tuve una reunión con el regidor José Ignacio Maynez. Cuando le mencioné que las organizaciones gays desean que se permita el libre tránsito a quienes se visten como mujer, se regule el trabajo sexual masculino y se especifique qué es un acto inmoral en la vía pública. Me respondió que lograr todo no era posible debido a que la sociedad no está preparada para esos cambios'', externó Valadez.

Edil niega discriminación

Guillermo Anaya Llamas, presidente municipal de Torreón, justificó la vigencia del artículo, al señalar que fue incorporado a la legislación local en 1999 y no durante su mandato, iniciado hace dos años, por lo que a él sólo le toca vigilar el cumplimiento de la ley.

Consultado por NotieSe, agregó que el sector salud de la entidad elabora "publicidad" en beneficio de los ciudadanos para tener mayor control sobre la epidemia, pues el principal objetivo de las autoridades es salvaguardar la salud pública.

"Por ello realizamos pruebas de VIH a travestis y trabajadores sexuales", expresó.

Negó la existencia de actos represivos en contra de la población homosexual en su conjunto.

Sobre las acusaciones de organizaciones civiles respecto a las redadas contra gays y travestis, el funcionario dijo que son falsas, y precisó que en esta ciudad "la homosexualidad no es un problema generalizado. En la sociedad lagunera no existe homofobia, al contrario, se respetan todas las preferencias sexuales".

Guillermo Anaya, de 36 años, se asumió como parte del sector de avanzada del PAN.

Opinó que los asesinatos de homosexuales ocurridos en Torreón indignan a la ciudadanía y responden a pugnas que se dan al interior de la comunidad gay.

Por eso, enfatizó, los mismos ciudadanos son quienes piden a las autoridades mano dura para que estos hechos no ocurran, "al menos públicamente".