Gobernador y titular de la PGJE, ausentes en su informe anual

Exige ombudsman de Jalisco investigar abusos de la procuraduría estatal

ERIKA ARRIAGA CORRESPONSAL

Guadalajara, Jal., 24 de febrero. El procurador estatal Gerardo Octavio Solís Gómez se niega a investigar las torturas y abusos de autoridad en que han incurrido funcionarios de la dependencia, por los cuales la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CDHJ) ha emitido varias recomendaciones, afirmó el ombudsman de Jalisco, Carlos Manuel Barba García.

Al presentar su informe anual de actividades -al cual no asistió Solís Gómez, como tampoco el gobernador Francisco Ramírez Acuña-, Barba García sostuvo que el procurador "elude la obligación constitucional de investigar conductas ilícitas, y muestra falta de voluntad para promover entre sus subordinados la legalidad y respeto a los derechos humanos", como se prevé en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJE).

Entre los presentes figuró el comisionado estatal de Derechos Humanos de Morelos, Sergio Valdespín Pérez, quien dijo que la ausencia de Ramírez Acuña demostró el "poco respeto que tiene para la sociedad y los derechos humanos".

El presidente de la CDHJ lamentó que en Jalisco se combatan delitos "cometiendo otros, como tortura", la cual es difícil documentar cuando en ella incurren burócratas "por las técnicas utilizadas, y la complicidad de sus superiores para evitar su investigación y correspondiente sanción".

También se quejó de que el director de Supervisión de Derechos Humanos de la procuraduría estatal, Manuel Dávila Flores, incumple su encargo de ser enlace entre la dependencia y la CDHJ, por lo que "se convierte en defensor de los servidores públicos involucrados en violaciones de derechos humanos, aun cuando se ha probado su responsabilidad".

Ante la situación, Barba García emitió "un llamado urgente al gobernador de Jalisco para que ordene al primer fiscal estatal que investigue, sin dilación, los abusos cometidos en contra de ciudadanos, sobre todo los que tienen que ver con la tortura".

Informó que durante 2004, la CDHJ recibió 155 quejas por tortura y documentó plenamente tres casos, por los cuales giró las recomendaciones números 6, 10 y 11. Sobre la primera, acotó que policías investigadores "vendaron los ojos a una persona, le amarraron las manos, la golpearon en diversas partes del cuerpo y le dieron toques eléctricos en los genitales para que aceptara la comisión de un delito".

Añadió que la segunda recomendación fue por un detenido que sufrió lesiones en tórax, brazos, axilas, hombros, abdomen, codos, muslos, rodillas, muñecas y ojo derecho, y un parte médico indicó que ingresó a los separos sin heridas. En la tercera se documentó el caso de un aprehendido que "presentó perforación traumática de membrana timpánica del oído izquierdo".

También se refirió a "los recientes casos acreditados por la CDHJ y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como resultado de las investigaciones de los hechos violentos suscitados en Guadalajara el 28 de mayo de 2004, durante la tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea", cuando personal de la Dirección General de Seguridad Pública y la procuraduría estatal sometieron a 28 detenidos "a una serie de sufrimientos físicos y sicológicos, con el fin de obtener una confesión e intimidarlos y castigarlos".

El ombudsman mencionó que la CDHJ recibió el año pasado 3 mil 64 quejas, principalmente por detención arbitraria, lesiones, prestación indebida del servicio público e incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia. Entre las instituciones señaladas más frecuentemente destacaron la procuraduría, que acumuló 794 quejas; la Dirección de General de Seguridad Pública, con 329, y la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, con 311.

Barba García comentó que las quejas contra la Secretaría de Educación estatal disminuyeron en relación con las emitidas en 2003, aunque "el maltrato escolar no ha sido erradicado", además de que hubo casos de niñas "que manifestaron sufrir agresiones sexuales".

Señaló que, por el contrario, "cada año" aumentan los reclamos contra la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Puerto Vallarta. Dijo al respecto que "el actuar de la policía de ese puerto propicia mala imagen, y un espacio de represión y abuso de poder".

El titular de la CDHJ agregó que el organismo emitió el año anterior 11 recomendaciones, dirigidas a servidores públicos de cuatro dependencias del Poder Ejecutivo y de siete municipios; resolvió 696 quejas por la vía conciliatoria, mediante la cual logró las reparaciones económicas de daños por violación de derechos humanos por más de 500 mil pesos para las víctimas y sus familiares, además de que propició 600 sanciones a burócratas.

Sobre el informe del ombudsman, el secretario de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, dijo que cuanto dijo aquel "son sus puntos de vista, y habrá que actuar ante el Poder Judicial, no todo está en manos del Poder Ejecutivo; si éste está cometiendo fallas por parte de la Procuraduría, pues el Poder Judicial está en posibilidades de actuar".