Se estudiarán tres peritajes en los que se documenta que la abogada no se suicidó
Tribunal federal ordena a la PGJDF reabrir pesquisas del caso Digna Ochoa
La decisión es una luz de esperanza para que se haga justicia, afirma hermano de la activista
Un tribunal federal propinó ayer un revés jurídico a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) al ordenarle reabrir las investigaciones sobre la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido.
El segundo tribunal colegiado en materia penal revocó así la negativa del juzgado primero B de distrito de amparar a los familiares de la abogada, y determinó conceder la protección de la justicia federal para que estén en posibilidades de demostrar a la procuraduría capitalina que la luchadora social fue asesinada en su despacho jurídico.
Aunque fueron cautos en sus opiniones sobre el fallo judicial, el abogado de los quejosos, José Antonio Becerril, y Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna, coincidieron en que antes de conocer en detalle los efectos de la resolución, "ésta, sin duda, demuestra que era injusto que el caso se cerrara sin que antes la Procuraduría capitalina estudiara todos los dictámenes periciales con los que podemos demostrar que Digna no se suicidó".
Becerril señaló que por lo pronto esta decisión judicial mantiene abierta la puerta para que finalmente puedan presentarse varias pruebas que "estoy seguro desmentirán punto por punto la conclusión oficial de la procuraduría capitalina de que se trató de un homicidio simulado".
Jesús Ochoa comentó que este amparo "no podía ser menos", pues negar la presentación de pruebas por parte de la familia fue una medida "totalmente injusta". Ochoa pidió al procurador capitalino Bernardo Bátiz que en este momento "se abstenga de hacer declaraciones, que acate la resolución judicial y deje hacer su trabajo a investigadores de verdad".
Los demandantes solicitaron el amparo no para que la justicia federal analice si Digna fue asesinada o se suicidó por supuestos problemas siquiátricos, sino únicamente para presentar tres dictámenes elaborados por peritos contratados por el abogado Becerril.
Se trata de peritajes que demuestran que horas antes de su muerte, el 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue maltratada y golpeada; que al momento en que recibió un balazo en la cabeza el cuerpo de la supuesta suicida no estaba en la posición en la que fue encontrada por la policía capitalina, y que el cadáver fue movido y acomodado con la finalidad de fabricar un escenario específico, es decir, que la escena del crimen habría sido manipulada con la intención de aparentar que se trató de un suicidio.
Debido a que la sesión del segundo tribunal se realizó ayer en privado, será después de que se termine el engrose del expediente (lo cual tardará entre una y dos semanas) cuando se conozcan en detalle los alcances jurídicos de la resolución. De entrada, en la lista de acuerdos del tribunal se publicó ayer una síntesis del fallo en el que se indica: "al resolver el RP.1582/2004, este tribunal determina que en la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida y se ampara para efectos a los quejosos".
Mientras concluía el debate de los magistrados Irma Rivero de Alcántara, José Luis González y Anastasio Escobar Angeles -el cual realizaron a puerta cerrada en la oficina de sesiones-, varios funcionarios de la PGJDF, familiares de Digna, sus abogados y representantes de los medios de comunicación permanecieron en la sala de espera para conocer la síntesis de la resolución que al final favoreció a los quejosos.
Apenas el pasado 6 de enero La Jornada dio a conocer una carta en la cual el subcomandante Marcos hizo varias críticas a la PGJDF por determinar que Digna Ochoa se suicidó, a pesar de que existen diversas pruebas periciales que ponen en duda lo anterior.
La polémica se suscitó al siguiente día. Tanto el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, como el secretario de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, respaldaron la labor de la PGJDF en el caso Digna; reiteraron que las investigaciones no se reabrirían y pusieron especial énfasis en la resolución del juzgado primero de distrito, mismo que el 23 de julio de 2004 negó en primera instancia el amparo a los familiares de la abogada.
La resolución del segundo tribunal colegiado es el primer fallo jurídico que favorece a la familia de la abogada que fue encontrada muerta en su despacho el 19 de octubre de 2001.
A finales de 2003 la PGJDF concluyó su indagatoria -que realizó primero la fiscal especial Margarita Guerra y después otro fiscal revisor- con que los exámenes periciales indicaban que Digna se suicidó.
La determinación del Ministerio Público provocó "serias dudas" en los familiares de la abogada, quienes para evitar que se diera carpetazo al asunto recurrieron a la protección de la justicia federal mediante una demanda de amparo indirecto. En noviembre de 2003 se inició el juicio de garantías correspondiente en el juzgado primero de distrito B de amparo. Ahí el asunto estuvo durante ocho meses hasta que la juez Martha Gabriela Sánchez Alonso, en julio pasado, falló en favor de la PGJDF.
Ayer, al conocer que se modificaba la resolución de primera instancia, tanto los familiares de Digna como sus representantes legales no pudieron ocultar la emoción que les causó la noticia. "Aquí no acaba todo, más bien es el inicio de una luz de esperanza para que se haga justicia a mi hermana", puntualizó Jesús Ochoa antes de retirarse del tribunal.
Becerril afirmó que, a reserva de estudiar la sentencia y aclarar el significado del fallo "para efectos", este dictamen mantiene abierta la posibilidad de que la investigación se vuelva a abrir de modo que, agotadas todas las pruebas que aún esperan turno para ser analizadas por la autoridad ministerial, se llegue jurídicamente a conocer la verdad histórica de este caso y reivindicar la memoria de la abogada veracruzana.