El fiscal Carrillo Prieto solicitará orden de aprehensión contra Luis Echeverría

Activistas condenan la decisión de la Corte sobre prescripción de genocidio

Es el episodio más vergonzoso en la historia del Poder Judicial: diputado perredista

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la matanza del 10 de junio de 1971, mediante la cual determinó que el delito de genocidio ya prescribió, es el episodio "más vergonzoso y despreciable en la historia del Poder Judicial", no sólo porque facilita la impunidad del ex presidente Luis Echeverría y sus colaboradores, sino porque ubica a México "como un país de genocidas" y el más atrasado en la revisión de su pasado, muy lejos de las decisiones asumidas por Argentina y Chile, que iniciaron procesos contra los responsables de asesinatos políticos, señaló la diputación federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

A pesar de la decisión de la SCJN, el ex integrante del Consejo Nacional de Huelga en 1968 y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Salvador Martínez della Rocca, informó que la noche del miércoles el fiscal para delitos cometidos en la guerra sucia, Ignacio Carrillo Prieto, le planteó que en un mes más presentará una solicitud de orden de aprehensión contra Luis Echeverría y otros responsables del asesinato de estudiantes en el llamado jueves de Corpus.

Explicó que la SCJN se equivocó, porque el artículo 111 de la Constitución establece que cuando un funcionario con fuero comete un delito, el periodo de su gobierno no cuenta para la prescripción del crimen. "Así que en el caso de Luis Echeverría no ha prescrito, porque no debieron computarse cinco años y medio de su gobierno, desde que se cometió la matanza."

En tanto, el diputado federal Luis Medina Lizalde, viejo luchador social en Zacatecas, consideró que la decisión de los ministros se inscribirá como "el episodio más vergonzoso y despreciable de la historia judicial del país. Es importante que la ciudadanía sepa identificar la enorme hipocresía del gobierno de Vicente Fox, que habla de legalidad y respeto al estado de derecho, pero facilita decisiones como ésta. Sólo los dictadores predican la legalidad cuando, en realidad, aplican el autoritarismo".

Defensores de derechos humanos criticaron la decisión de la SCJN por impedir la aplicación retroactiva del Convenio sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, que entró en vigor en junio de 2002, con lo cual se reduce la posibilidad de fincar responsabilidades a Luis Echeverría y funcionarios de su gobierno por la matanza del 10 de junio de 1971.

David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que explorarán otras alternativas jurídicas para hacer valer el derecho e impedir que prevalezca la impunidad.

Mencionó la importancia de introducir en el cúmulo de denuncias las que corresponden al ex presidente Ernesto Zedillo por la creación de grupos paramilitares en Chiapas, con base en el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en días pasados.

Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, lamentó que los ministros mexicanos se conduzcan con una actitud conservadora frente al cúmulo de denuncias sobre delitos de lesa humanidad que se han documentado, para no hacer valer el derecho internacional en el país. Con ello, insistió, México va en contra de la dinámica histórica que está viviendo América Latina al investigar crímenes del pasado, en específico Argentina, Chile y Guatemala. Esas actitudes nos reiteran, agregó, que "la impunidad es la divisa real, efectiva, de la nación".

Tras la resolución de la SCJN, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alejandro Ramos Flores, señaló que "el problema no es que fuera una mala investigación o una mala defensa del tema, lo ocurrido es un problema de interpretación de la ley y la aplicación de las leyes".

Entrevistado al término de un encuentro con estudiantes de derecho, Ramos Flores consideró que se ganó con las investigaciones y hoy se sabe qué ocurrió en aquellos hechos y cómo fue la verdad histórica.

Estimó que "se deben poner las cosas en su justa dimensión. La resolución de la Corte no está diciendo que no está probado el delito o que no haya probables responsables, sino que el delito prescribió porque las normas que emitieron nuestros órganos autorizados para hacerlo republicanamente determinaron que el delito debía prescribir en determinado tiempo".

En la Cámara de Senadores se expresaron opiniones encontradas. El perredista Jesús Ortega consideró que con su resolución la SCJN permite la impunidad de Luis Echeverría y de todos los que participaron en las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971.

El coordinador de los senadores del tricolor, Enrique Jackson, dijo que es un fallo con el que se puede estar o no de acuerdo, pero en el que la SCJN dio la última palabra y así hay que tomarlo. "Fue una decisión muy discutida, pública, en la que a los ojos de todos se presentaron los argumentos y las razones jurídicas", agregó.

El coordinador de la bancada panista, Jorge Zermeño, señaló que la SCJN actuó con apego a la Constitución, en la que se establece la no retroactividad de las leyes. No se puede imponer a alguien una ley a partir de un tratado internacional, pues el principio constitucional está por encima.

"No comparto que los crímenes que se hayan cometido en el pasado queden en la impunidad", opinó la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina. Sin embargo, la perredista dijo tener "un enorme respeto" por el órgano jurisdiccional.

Enrique Méndez, Roberto Garduño, Alma Muñoz, Gustavo Castillo, Andrea Becerril, reporteros, y Alfredo Valadez, corresponsal